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Los vecinos de Priego volverán a salir a la calle tras anunciarse una tercera macrogranja en su pueblo

En la localidad de Priego ya se han producido varias protestas

elDiarioclm.es

Los vecinos de Priego (Cuenca) han convocado una nueva manifestación para protestar contra la instalación de macrogranjas porcinas en la localidad. No es la primera vez que lo hacen, esta será la segunda ocasión tras las protestas de septiembre de 2017, para mostrar su “preocupación” por los proyectos que se plantean para la localidad.

Se concentrarán este sábado 31 de marzo, a las 13:30 horas, en la plaza de los Condes, frente al edificio del Ayuntamiento. En la primera ocasión reunieron a más de 300 personas. Ahora, tras conocerse el proyecto de una tercera granja con capacidad para 6.180 cabezas de porcino -que elevaría a 20.000 el número de cerdos que se ceban en esta localidad- los pricenses quieren recordarle al Gobierno de Emiliano García-Page su “total oposición” a la construcción masiva de macrogranjas que, en su opinión, “tendrán efectos desastrosos sobre el medio ambiente y sobre la principal actividad económica del municipio: el sector servicios”.

Recuerdan que, de las 28 empresas locales que están vinculadas al turismo, 23 se oponen a las granjas, según consta en un estudio realizado por un grupo de vecinos. Muchos de ellos aseguran que sus clientes ya se han quejado en los últimos años por los episodios de malos olores que se han sufrido en el pueblo. “La preocupación no para de crecer porque quienes llevan tiempo advirtiendo de estos nuevos proyectos, auguran ahora dos granjas más que elevarían hasta 34.000 el número de cerdos”.

“Priego puede terminar siendo la cochinera de la provincia de Cuenca”

“Teniendo agua en el subsuelo y un Ayuntamiento que está a favor de las macrogranjas, Priego puede terminar siendo la cochinera de la provincia de Cuenca”, lamenta Ángel Torres, presidente de la Plataforma Priego Vivo, uno de los colectivos que han convocado esta jornada de protesta.

“Es decepcionante que estando todo un pueblo en contra de tanta macrogranja nos veamos impotentes ante la postura de oídos sordos de las administraciones que nos arrollan con sus legalidades haciendo caso omiso a la opinión de la inmensa mayoría de la ciudadanía”, sentencia Ángel.

Por su parte, Carlos Gómez, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca, otra de las organizaciones convocantes, considera que “Priego es el ejemplo más evidente de la sinrazón de la Junta para aprobar este tipo de infraestructuras, no teniendo en cuenta el elevadísimo número de cerdos que albergan las instalaciones ya construidas para conceder más permisos sin considerar el impacto total de todos los proyectos”. Alude a los gastos de agua, los olores y la contaminación de las aguas que, “serán irreversibles con un número de granjas tan elevado”. Junto a Priego Vivo y Pueblos Vivos, Ecologistas en Acción Cuenca también se ha sumado a la convocatoria.

Los vecinos no se opusieron a la primera granja de 2.000 cerdos que se instaló en el término municipal, pero empezaron a preocuparse cuando dicha explotación aumentó su capacidad hasta las 7.000 cabezas y cuando llegaron los nuevos proyectos. “No nos oponemos tajantemente a esta industria, entendemos que son familias que tienen pleno derecho a ganarse la vida. Pero es una industria que está adquiriendo unas proporciones insostenibles que nos amenazan a otras familias que también tenemos derecho a llegar a fin de mes con nuestros pequeños comercios, casas rurales o empresas de multiaventura”.

Aseguran no querer entrar en el debate de quién llegó primero, “porque es evidente que las granjas son todas de nueva construcción, y ni siquiera nos parece lícito criticar que las empresas que han impulsado estas granjas no sean de Priego. Pero lo que sí queremos recordar es que las sociedades viven en armonía cuando existe un equilibrio, y ese equilibrio, ahora, está seriamente amenazado”, destacan algunos de los vecinos que están impulsando las movilizaciones.

Trabajan en una ordenanza para frenar estas explotaciones

Los convocantes insisten en que estas explotaciones están muy mecanizadas y que, por lo tanto, apenas generan dos puestos de trabajo cada una de ellas. En cuanto a los empleos indirectos, subrayan que, “más bien al contrario, lo que se conseguirá con esta invasión es destruir cientos o miles de empleos en el sector servicios por los enormes perjuicios que va a ocasionar al turismo”.

Además de acciones de protesta como la que tendrá lugar el sábado, el movimiento vecinal de Priego está dando pasos más efectivos para tratar de reducir el impacto de las macrogranjas. Ante la inacción de la Alcaldía pricense (PP), que apoya “fervorosamente” a esta industria, son los vecinos quienes han creado una ordenanza que se está tramitando ante el Ayuntamiento y con la que conseguirán limitar el vertido de purines en el término municipal del pueblo.

La manifestación coincide, recuerdan sus promotores, con el revuelo suscitado por las últimas informaciones en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que ha condenado a la Junta por sancionar irregularmente a varios veterinarios-funcionarios que denunciaron maltrato animal en el matadero que Incarlopsa tiene en Tarancón (Cuenca). Una sentencia que reconoce la “complacencia y claudicación” ante los deseos de esta empresa, que había pedido que estos veterinarios fueran apartados de su puesto de trabajo.

Incarlopsa salía al paso esta semana de estas informaciones defendiendo, en un comunicado (eldiarioclm.es intentó ponerse en contacto con la empresa sin éxito) su “compromiso” con el bienestar animal y con los criterios establecidos en Europa y alegando que ha realizado “esfuerzos en mejorar y adaptar sus procesos e instalaciones para garantizar el bienestar animal”.

Unas semanas antes de conocerse la sentencia contra la Junta, la Justicia se pronunciaba otra vez, pero en este caso para acreditar que el Gobierno de Cospedal concedió autorización ambiental positiva a una granja de Huerta de la Obispalía incumpliendo “el procedimiento legal establecido” durante la fase de información pública. Además, en la sentencia se acreditaba que los purines estaban contaminando las aguas subterráneas hasta el punto de que las han convertido en no potables.

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