La política de vivienda, entre los “retos pendientes” de Castilla-La Mancha en derechos humanos
- La organización pone este año el foco en la libertad de expresión. Uno de los '5 del Buero' cuenta su experiencia tras ser juzgado por una protesta social
Son muchos los retos que tanto España en general como Castilla-La Mancha en particular tienen pendientes en materia de derechos humanos. Así lo señala Amnistía Internacional en su informe de 2017, que hoy se hace público en todo el mundo. En el caso de esta comunidad autónoma, el coordinador regional de esta organización, Alfonso Sánchez, y la responsable de Relaciones Institucionales, Rafaela Alonso, quienes han detallado sus propuestas con motivo de la tramitación de la futura Ley de Vivienda o de la nueva normativa contra la violencia de género en la región. Con ello, es el acceso a la vivienda, a la salud y la acogida de refugiados los deberes pendientes por parte de la Administración autonómica.
En cuestión de vivienda, Amnistía Internacional trabaja con los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, actualizados hasta el tercer trimestre de 2017. Según los mismos, en los primeros nueve meses del año pasado se produjeron en la comunidad autónoma 1.810 desahucios y desalojos, 871 de ellos por impago del alquiler y otros 939 por ejecuciones hipotecarias. Fueron más que los realizados en el mismo periodo de 2016 y siguen afectando principalmente a madres solteras y mujeres víctimas de violencia machista.
Este motivo ha llevado a la organización a pedir que la futura Ley de Vivienda, que actualmente está pendiente de luz verde del Consejo de Gobierno, aunque incluye medidas positivas como la creación de un censo de viviendas vacías y la obligación a los bancos de ofrecer alquiler social, incorpore también otras iniciativas como la creación de un protocolo de colaboración entre los juzgados y los servicios sociales. Es una de las alegaciones que ha presentado durante el periodo de información pública de este anteproyecto, junto con la necesidad de que se elaboren estadísticas más concretas sobre desalojos, que incorporen, por ejemplo, a cuántas mujeres, menores o personas con discapacidad afectan los desahucios. En este sentido, también han solicitado una memoria de actuaciones del Programa de Intermediación Hipotecaria que la Junta puso en marcha en Castilla-La Mancha junto con el Colegio de Abogados, mediante las denominadas Oficinas Antidesahucios.
Además, esta organización se refiere al impacto que las medidas de austeridad sigue teniendo sobre las personas más discriminadas en cuanto al acceso a la salud. Es lo que sucede con los migrantes desde la aprobación del denominado 'Decreto de Exclusión Sanitaria' de 2012 que en Castilla-La Mancha se aplicó “de manera muy estricta”. Valora la medida aprobada en la legislatura actual, que devuelve a los migrantes su acceso a las prestaciones sanitarias, pero aún así ha pedido también que haya normas jurídicas de mayor rango para su protección así como campañas de divulgación para que este colectivo conozca sus derechos y se combata el efecto disuasorio que sigue teniendo el decreto de 2012. Con carácter general, Amnistía Internacional considera que es en la futura reforma del Estatuto del Autonomía de Castilla-La Mancha donde existe una oportunidad “para blindar todos los derechos sociales”.
En cuanto a la futura Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, con la que el Gobierno regional quiere ser pionera en la lucha contra los asesinatos machistas, Rafaela Alonso ha especificado que una de las alegaciones presentadas por esta organización es que se forme a los profesionales en atención específica a las mujeres trans que sufren este tipo de violencia. Con ello quieren incluir al colectivo LGTBI y paliar su carencia de derechos en algunos aspectos.
También se ha referido Alfonso Sánchez a las políticas migratorias que han supuesto “un absoluto fracaso” por parte del Gobierno de España, con las “sucesivas violaciones de derechos humanos especialmente en la frontera sur del país”. Ha recordado que en marzo del año pasado las Cortes castellano-manchegas aprobaron una declaración institucional pidiendo al Gobierno de Mariano Rajoy que cumpliera sus compromisos en cuanto a la acogida de refugiados. Además, durante 2017, Amnistía Internacional ha realizado una campaña de petición de datos a los ayuntamientos para conocer sus recursos de acogida, sin que hasta ahora haya resultado fructífera.
De hecho, sobre esta cuestión, el coordinador regional ha destacado que el papel del Ejecutivo castellano-manchego debe ser el de ejercer más “presión política” al Gobierno del Estado para que cumpla sus compromisos de acogida pero también volver a poner en marcha un protocolo de acogida que “ahora está parado”.
La “criminalización” de las protestas sociales
Seguidamente, se ha referido a que una de las cuestiones en las que el informe de la organización de derechos humanos se ha querido centrar este año a nivel internacional son los ataques a la libertad de expresión y la “criminalización” de las protestas sociales. En el caso español, y tras dos años de vigencia de la denominada Ley Mordaza, se han producido miles de sanciones “de manera arbitraria” que poco a poco van teniendo un “efecto disuasorio” o de “autocensura” en la sociedad, sobre todo en lo referido a mensajes que son catalogados como enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas con argumentos “demasiados vagos”.
Castilla-La Mancha no ha sido tampoco una excepción en este sentido y ha destacado el proceso judicial abierto contra los llamados ‘5 del Buero’ en Guadajara: cuatro profesores y un activista que protestaron por los recortes educativos interrumpiendo un pregón de las instituciones locales en Guadalajara y para los que la acusación popular llegó a pedir hasta cuatro años prisión. Finalmente fueron absueltos de todos los cargos.
Uno de los docentes que se vio inmerso en este proceso, Nacho Monreal, ha acudido a la presentación del informe de Amnistía para contar su experiencia y recordar que fue una protesta espontánea y pacífica consecuencia de la indignación, y que la persecución a la que fueron sometidos él y sus compañeros provocó un “sufrimiento muy importante de manera personal”. “No tenemos conciencia de habernos saltado ninguna ley”, ha resaltado, defendiendo la libertad de expresión y la protesta social, y recordando que su proceso judicial también estuvo acompañado del apoyo de varios colectivos, partidos y sindicatos durante los casi seis años transcurridos desde la denuncia hasta el juicio. Según ha afirmado, los recientes casos de sentencias “contra la libertad de expresión” son aun más graves porque atentan a “derechos sociales esenciales”.
Rafaela Alonso ha sido la que ha precisado previamente que uno de los focos del nuevo informe de Amnistía Internacional es el “odio patrocinado por el Estado”, que “hace surgir una nueva era de activismo social”. “El mundo está sufriendo las terribles consecuencias de la retórica del odio, que amenaza con normalizar la discriminación en gran escala de los grupos marginados”.
