Antifraude mantiene el estatuto de protección al jefe de urbanismo que denunció al alcalde de Los Montesinos

Sede de la Agencia Valenciana Antifraude.

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) mantiene el estatus de protección al jefe de Urbanismo que denunció al alcalde socialista de Los Montesinos, José Manuel Butrón Sánchez. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) estimó el recurso del primer edil contra la resolución de la AVA, en una sentencia que aún no es firme y que ha sido recurrida.

Antifraude mantiene así el estatuto de protección contra el funcionario, que ha sufrido un auténtico calvario después de denunciar presuntas irregularidades urbanísticas del consistorio alicantino. El jefe de Urbanismo denunció las supuestas irregularidades de la discoteca Revival, situada en una zona especialmente protegida del Parque Natural de Las Lagunas de Torrevieja y La Mata. 

De hecho, las denuncias del funcionario han llevado al alcalde, José Manuel Butrón, al banquillo de los acusados por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y acoso laboral, tras el auto de apertura de juicio oral de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante. En el banquillo también se sentará la teniente alcalde Ana Belén Juárez.

El alcalde de Los Montesinos ha incoado tres expedientes disciplinarios contra el funcionario, actualmente suspendidos. La Audiencia Provincial de Alicante ha adoptado hasta cuatro medidas cautelares de protección en favor del jefe de Urbanismo. Por otro lado, una sentencia del TSJ-CV ordenó al consistorio que se abonasen los gastos de representación y defensa frente a cinco denuncias, todas ellas archivadas, contra el funcionario.

La resolución de la AVA decretaba el cese de las “intimidaciones y represalias” hacia el funcionario y añadía que “no podrá sufrir aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación”.

También instaba al alcalde José Manuel Butrón a ejercer “acciones correctoras” sobre la situación del funcionario y a abonarle las indemnizaciones por daños y perjuicios por los costes de la defensa jurídica que el jefe de Urbanismo sufragó “para defenderse de acusaciones que han sido archivadas por los tribunales”. 

Antifraude reseñaba los “ataques y lesiones” que ha sufrido, así como el “hostigamiento, acoso y aislamiento”, además de “desembolsos económicos difíciles de sufragar” para “ejercer su derecho a la defensa”. 

La sentencia del TSJ-CV entiende que la AVA sólo debe proteger a aquellos funcionarios que denuncien irregularidades ante el propio organismo (y no ante la justicia), algo que choca con la postura de la Comisión Europea sobre protección de personas denunciantes de la corrupción.

“En la interpretación de esta Sala, el estatuto de persona denunciante a otorgar, en su caso, por la Agencia Antifraude debe traer causa de denuncias presentadas precisamente ante el organismo público autonómico, no ante la autoridad judicial”, reza la sentencia, que no es firme y ya ha sido recurrida. Hasta que se resuelva el recurso, la Agencia Antifraude mantiene la protección del funcionario.

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