El Colegio de Farmacéuticos reclama a Sanidad que sancione a las farmacias que acaparan el mercado de las residencias
La creación de la central de compras de medicamentos para las residencias -que solo en las privadas mueve anualmente un negocio de 36 millones- soliviantó al sector, tanto de la atención sociosanitaria como farmacéutica. Y es que el hecho de que sea la administración la que coja el timón, y el reparto, dejaba fuera a los farmacéuticos de una mercado más que suculento pero que a la administración, según los datos de la Conselleria de Sanidad, le cuesta 17 millones de euros más.
Esta autogestión de residencias y farmacias ha convertido el servicio a las residencias privadas en una especie de oligopolio, tal y como ha venido contando eldiario.es. Esta situación preocupa y mucho al Colegio de Farmacéuticos que, pese a haber celebrado el bloqueo del concurso de central de compras por parte de la nueva consellera Ana Barceló, considera injusto que una decena de farmacias copen gran parte del mercado.
“Estamos reclamando que se aplique el decreto 94/2010 que vinculan a las residencias y las farmacias según la zona geográfica sanitaria”, critica Jaime Giner, presidente del Colegio de Farmacéuticos. El Colegio entiende que no es posible que algunas farmacias y residencias cierren acuerdos privados para el servicio de medicamentos y que todo se debería regir por la proximidad geográfica.
Además, Giner asegura que, según el decreto, “se podría sancionar a las farmacias que están acaparando el mercado”. “Pero tenemos poco apoyo de la Conselleria de Sanidad, que es la que debería sancionar”, protesta el presidente del Colegio de Farmacéuticos, que asegura que lleva años solicitando a la Generalitat que se debe acabar con este problema de oligopolización.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos defiende que desde su colegio profesional defienden la redistribución del mercado de las residencias y la especialización en el tratamiento sociosanitario. Eso sí, critica la centralización del servicio en la Generalitat porque considera que “invade competencias del Estado y podría vulnerar la libertad de empresa”. Además, duda de los 17 millones de euros de ahorro de la centralización de este servicio -que también eliminaría el copago para usuarios de las residencias- y considera que en el mejor de los casos los beneficios serían de siete millones. “Lo normal, según nuestros informes es que se perdieran tres millones de euros”, apunta.
Giner afirma que en el mes de septiembre se reunirá con la Conselleria de Sanidad para abordar este tema.
