La Generalitat Valenciana pide al Gobierno que corrija el proyecto de una megaplanta fotovoltaica en Requena

Segunda gran planta fotovoltaica aprobada por el Gobierno que encuentra el rechazo de la Generalitat Valenciana tras el del proyecto Magda, en la provincia de Castellón, que además contó con el voto en contra de todo el Parlamento valenciano.

La secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Imma Orozco, y la directora general con competencias en ordenación del territorio y paisaje, Rosa Pardo, han requerido al Ministerio de Transición Ecológica la anulación de la autorización administrativa previa de la central fotovoltaica Limonero Solar en Requena, junto a la revisión de la declaración de impacto ambiental (DIA) formulada por el mismo departamento ministerial hace unos meses.

El pasado 23 de enero el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta socialista Teresa Ribera autorizó esta instalación de grandes dimensiones (125 megawatios y 1,5 millones de metros cuadrados) propuesta sobre “un paisaje de gran valor documentado tanto a escala municipal como a nivel regional”, afirman desde el Gobierno valenciano. De hecho, esta zona cuenta con el reconocimiento como paisaje de relevancia regional denominado Viñedos de Utiel-Requena o también la marca Tierra Bobal asociada a esta tierra con arraigo histórico en la producción de vino.

Esta autorización se produce tras obtener la planta la Declaración de Impacto Ambiental favorable el pasado octubre. Sin embargo, el ministerio no recogió en la DIA el sentido desfavorable de diversos informes emitidos por la Conselleria de Política Territorial en los que se ponía de manifiesto su elevado valor paisajístico, recogido también en el planeamiento municipal, la necesidad de aportar estudio de integración paisajística y la preocupante reducción de la conectividad ecológica y territorial provocada por la planta en algunas zonas. Por el contrario, la DIA sí daba por buenas ciertas intenciones de mejora aportadas por el promotor (Limonero Solar S. L.) sin verificar ni garantizar su efectivo cumplimiento.

“La omisión del contenido de estos informes autonómicos es lo que ha llevado al departamento de Política Territorial a explicitar con contundencia su oposición a la autorización administrativa previa para el parque solar fotovoltaico Limonero Solar publicada el 23 de enero de 2023”, explican las mismas fuentes. Una DIA, al ser un acto de trámite, no puede recurrirse. Preguntadas al respecto, la secretaria autonómica y la directora general explican que, “desde el punto de vista territorial y de paisaje, gran parte de la planta podría ser compatible si se adaptara a las exigencias señaladas en los informes”.     

Asimismo, manifiestan su preocupación por el hecho de que los criterios establecidos en la legislación autonómica valenciana no sean tenidos en cuenta por el ministerio para estas grandes instalaciones fotovoltaicas: “Estos criterios, establecidos por el Govern del Botànic en su normativa, se han demostrado de gran utilidad para lograr la implantación de una potencia energética considerable llevada a cabo con orden y con rigor. Ese mismo rigor y la aplicación de idénticos criterios, como mínimo, es lo que reclamamos para proyectos de producción de grandes contingencias como esta planta que solicitamos revocar, que supondrían sustituir más de un millón y medio de metros cuadrados de cultivo de viñas por placas solares”.

Además, han añadido que “no es lógico que se denieguen plantas más pequeñas por incumplir la normativa consensuada por el gobierno autonómico (cosa que precisamente ha ocurrido aquí, habiéndose denegado una planta de tramitación autonómica que ocupaba una superficie coincidente con parte de Limonero Solar) y se aprueben otras con unos efectos claramente más inconvenientes”.

En su opinión, “esta situación demuestra que, más allá del caso de Magda en el norte de Castellón, existen otras instalaciones de grandes dimensiones, como esta en Requena o la de PSF de Monóver, cuyo impacto territorial y paisajístico no está siendo tenido en cuenta por el ministerio a pesar de las advertencias desde los municipios y la propia Generalitat”.