La Justicia tumba la indemnización de 27 millones reclamada por dos empresas de las ITV al Gobierno valenciano tras la rebaja de tarifas

Alivio económico para el Gobierno valenciano, al menos en primera instancia. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado sendos recursos de las empresas ITV de Levante S. A. y Valenciana de Servicios ITV S. A. en virtud de los cuales solicitaban a la Generalitat una indemnización de 11 y 16 millones de euros respectivamente como responsabilidad patrimonial por el dinero que dejaron de ingresar desde que en 2014 el Consell del PP aprobó una reduccion de tarifas que anuló la justicia en 2017.

Según las resoluciones, contras las que cabe recurso de casación o ante la propia Sala en el plazo de 30 días, “llama la atención a la Sala, en primer término, que ni el escrito de demanda ni el de conclusiones que ha presentado ITV de Levante S.A. despliegue el menor esfuerzo argumental tendente a mostrar que su acción está correctamente incardinada dentro del espacio característico de esa responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas de la que hablan los artículos 32 a 35 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”.

Añaden los fallos, que condenan en costas a las mercantiles con un total de 10.000 euros, que “es llamativo ese silencio porque el acto administrativo cuya legalidad cuestiona cifra gran parte de su fundamentación en el hecho de que esta sociedad no habría demostrado el daño causado”.

Estas son las dos primeras resoluciones de un total de seis interpuestas por las diferentes empresas que gestionan el servicio que en su día reclamaron por la vía administrativa a la Conselleria de Economia un total de 77 millones de euros en concepto de indemnización. Al denegarse este petición, todas ellas acudieron al contencioso para reclamar por la vía judicial.

Por lo tanto, quedan cuatro casos por resolverse por valor de 50 millones de euros, aunque teniendo en cuenta que los dos primeros fallos han caído del lado de la administración con los mismos argumentos todo hace pensar que el resto también serán favorables al Consell.

El pasado 26 de enero el Tribunal Supremo (TS) avaló la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) de anular la bajada de tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) aprobada en mayo del 2019.

La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ-CV anuló el cuadro tarifario aprobado por el Consell el 10 de mayo de 2019. La Generalitat Valenciana aprobó el nuevo cuadro tarifario tras la sentencia de 2017 que anuló los tramos sobre ruido y emisiones de gases contaminantes aprobados por el entonces gobierno autonómico de Alberto Fabra.

Este es el motivo por el que recientemente, Economía aprobó un nuevo incremento de las tarifas de entre 8,32 y 21,23 euros en función de si los vehículos son diésel o gasolina.

La Conselleria de Economía comunicó el pasado 27 de septiembre a las empresas concesionarias de las 25 estaciones fijas de la Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana que a finales del presente año recuperará la gestión del servicio, una vez finalizado el contrato otorgado en 1997 por el ejecutivo autonómico que presidió Eduardo Zaplana y por el que el ex presidente está imputado en el marco del caso Erial.