La ministra de Transición Ecológica atribuye a Puertos del Estado la responsabilidad de la DIA para la ampliación de València

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, evitó este lunes avalar la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 de la ampliación del Puerto de València y atribuyó esta responsabilidad al órganos sustantivo del proyecto que, tras la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, vuelve a ser Puertos del Estado.

Ribera participó en el acto de inauguración de la Semana de los Derechos Humanos celebrada en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, en el que previamente, inauguraron un gran mural, ubicado en el vestíbulo de dicho centro, obra de los artistas Paco Roca y Martín Forés.

A su llegada a la Facultad de Derecho y durante el acto, varios miembros de la Comissiò Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista contraria a la ampliación que ha logrado la resolución favorable del TSJ de Madrid, mostraron pancartas con el lema 'més València, menys port' (más València, menos puerto).

La vicepresidenta, en su intervención, aseguró que el derecho ambiental, “está ligado al derecho al aire y al agua limpia, a la alimentación y a la salud” y recordó algunas de las previsiones de los expertos, referentes a las muertes por pérdida de calidad del aire y los desplazamientos de poblaciones que se van a producir en los próximos años, que afectarán a 700 millones de personas de aquí al 2030. También se ha referido a las condiciones meteorológicas de este verano, que ha definido como “una bofetada de realidad” mucho mayor que las previsiones más pesimistas.

En el turno de preguntas, el profesor de Filosofía del Derecho Jose Antonio García pidió a la ministra que valorara “si el conjunto de su discurso es coherente con la posición que adopta su Gobierno con respecto a la ampliación del Puerto de Valéncia”, que consideró “un grave problema no solo ciudadano, sino de derechos humanos a largo plazo”, una cuestión que fue aplaudida por todos los asistentes.

Ribera agradeció la pregunta y también la presencia de los miembros de la Comissió Ciutat-Port y respondió que “es una cuestión que hay que ubicar en a quién se pregunta qué”. En este sentido, explicó que “los responsables de evaluación de impacto ambiental no actúan de oficio para valorar si los contenidos de una actuación son compatibles con la declaración de impacto ambiental, debe ser el órgano sustantivo quien haga esa valoración y en su caso solicitar una revisión de la evaluación de impacto ambiental”.

La vicepresidenta, además, especificó: “por ahora en el ministerio hemos tenido un informe de compatibilidad con los planes de ordenación de espacios marinos que ha aparecido con una lista muy importante de condicionantes”.

Ribera ha insistido en eludir la responsabilidad del proyecto: “Forma parte también del conjunto de las normas y de la convivencia que a cada cual se le pida la explicación que corresponde, no solamente pensando que hay quien puede resolver todas las cuestiones porque, si no, es muy difícil plantear soluciones”.

En un marco más general, la ministra ha advertido: “Hay un debate de fondo mucho más amplio que es cómo afectan las infraestructuras en las dinámicas del litoral y eso afecta a puertos, a paseos marítimos y núcleos residenciales, a infrastructuras que han ido ocupando espacios y que hacen que cambie de forma muy importante toda esa dinámica y tenga consecuencias. Ese va a ser un debate aún más complicado. Del mismo modo que hace años se abrió el debate para ver qué ocurría con las infraestructuras y las viviendas que estaban ubicadas en zonas inundables nos encontramos en una situación muy parecida en las ubicaciones del litoral que ya hemos visto que se ven afectadas por las DANA y las grandes tormentas, por esa afección que tienen en las dinámicas. En un determinado momento habrá que estudiar si se plantea una protección artificial adicional o una regresión ordenada”.

Como informó elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha dictado un Auto de fecha 5 de diciembre que da la razón a la Comissió Ciutat-Port y suspende cautelarmente la Resolución del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) de 30 de marzo de 2021 (BOE de 12/04/21) que posibilitaba que la Autoridad Portuaria de València (APV) pudiese decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la macroampliación que la misma APV promueve. Tras la suspensión cautelar, esa responsabilidad recae en Puertos del Estado, que no se ha pronunciado aún sobre la validez de la DIA del 2007 para el proyecto modificado y aprobado el pasado 2 de diciembre.