Ademocracia en las cámaras de comercio

“Demane veritat, germans, digueu-me:

Som a la fi, al començ d’un pou que tanca

en fredor l’heretat del fruit i els somnis?

No morirà al uníson goig i fera,

o aquesta quedarà per devorar-nos?“

Matilde Llòria, València, 1960

Para el próximo 5 de mayo están convocadas las elecciones en las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. Comicios con seis meses de recorrido. ¿Qué son las Cámaras de Comercio?, ¿para qué sirven? La pregunta clave es : ¿A quién sirven las Cámaras? ¿Si hay interés constatable, por parte de administraciones y patronales, de que su existencia, sentido y finalidad, permanezca en la penumbra, por qué no acaban con ellas?

Contra las Pymes

Ya lo intentaron las patronales y los grupos de presión económica en la década de los 90 del siglo pasado: Recurso orquestado por las patronales contra las cuotas obligatorias; Ley de Bases de 1993; denuncia ante el Constitucional; represalia y represión contra la Cámara de València en 1995; sentencia de 1996 declarando compatibles las Cámaras con la Carta Magna; ocupación de las Cámaras por sus enemigos; decreto de 2010 suprimiendo la autonomía financiera de las Cámaras y su representatividad; Ley de bases de 2014 que supedita las Cámaras a las patronales y restituye su papel de única institución capaz de representar a todas las empresas; corporaciones susceptibles de recibir subvenciones de la Unión Europea, que no se fía, con razón, de los gobiernos ni de las patronales; Ley autonómica de 2015 para alinearse con la legislación estatal y que consagra la competencia plena de la Generalitat Valenciana, responsable y garante de su funcionamiento y gestión. Vencen las grandes empresas con las patronales. Perjudicadas las pequeñas y medianas empresas que pierden influencia en las Cámaras. Las pymes reducen su posibilidad de acceso a sus órganos de gobierno y dirección. Se quedan sin el amparo de las instituciones que les den voz y les proporcionen los servicios que, de otra forma, no podrán conseguir nunca.

Turbias alianzas

Tuvo que llegar José Luís Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, asistido por su ministro de Industria, Miguel Sebastián y con vinculaciones conocidas en el BBVA, para dictar el decreto-ley de 3 de diciembre de 2010, por el que se daba el golpe de gracia a las Cámaras de Comercio. Así, de un plumazo, se eliminaron las cuotas obligatorias y la representatividad de estas instituciones. Las únicas que ostentan, aún hoy, la grave responsabilidad de ser portavoz de todas las empresas de su demarcación, con la obligación de velar por sus intereses. Al margen y si es necesario, frente a las administraciones, políticos y grupos de presión. Algunos de estos últimos, con testaferros disfrazados con piel de cordero, ocupan puestos relevantes en sus órganos de gobierno. Antes, en 1982, el primer gobierno de Felipe González y Alfonso Guerra, liquidó la oficialidad de las Cámaras Agrarias y de las Cámaras de la Propiedad Urbana. Entes intermedios de la sociedad que molestaban a políticos, patronales, sindicatos y gobiernos. Tenían una particularidad: podían escapar a su control e interferían en su afán por acaparar la influencia con los ciudadanos, contribuyentes y pacientes víctimas de sus maquinaciones y pactos secretos.

Legislación perversa

A pesar del susto que se llevaron, manipuladores y gobiernos, con las últimas elecciones celebradas en la Cámara de Comercio de Barcelona en 2019, nadie se atrevió a reconocer, que la vigente ley española de 2014 y la secuela de la ley autonómica valenciana de 2015, por las que se rigen, son normas perversas que tergiversan, desnaturalizan y contradicen el espíritu y la naturaleza de estas corporaciones de derecho público. En la Cámara de Barcelona se perpetró un golpe de fuerza independentista que todavía colea y que pone en jaque la integridad de las Cámaras de Comercio en España y la maldad del cuerpo legal que las regula. La Cámara de Comercio de España es la cúpula fallida del conjunto de Cámaras supervivientes en el territorio español por la opacidad de su funcionamiento, el anquilosamiento en sus cargos y la deficiencia en sus procedimientos democráticos. Son entes oficiales, que pertenecen a la Administración Institucional, que se gestionan según el régimen privado y se permiten constituir sociedades anónimas para burlar la legislación de contratos del Estado que les corresponde y les obliga. Estas sinuosidades en su funcionamiento son conocidas por las administraciones, que tienen las competencias camerales, la española y la valenciana. Nadie ha sido capaz de poner coto y freno, a lo largo de los últimos siete años de Consells progresistas del Botànic. La Conselleria de Economía Sostenible, que detenta Rafael Climent es la que tutela las cinco Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana - Alcoi, Alicante, Castelló, Orihuela y València–y del Consejo autonómico de Cámaras con sede en València. Las Cámaras de Comercio del País Valenciano cuentan con doscientos empleados y presupuestos dependientes de recursos públicos. Las administraciones les han tenido que asistir para superar su quiebra técnica. Aun así, siguen disfrutando de libre capacidad de maniobra en sus actividades y en el capítulo de nombramientos de cargos o en el mantenimiento de otros, carentes de solvencia técnica y de la eficiencia exigible.

Elegir, no subastar

En las próximas elecciones está asegurado el control de las cinco corporaciones valencianas por parte de patronales– designan directamente un número de miembros del Pleno– y los grupos de presión, mediante la subasta-compra de puestos en el principal órgano de gobierno. Cabe alguna sorpresa en las Cámaras de Alicante y Castelló–fruto de pugnas de facciones políticas de la derecha–, cuya composición podría verse alterada entre formaciones dominantes que pugnan por colocar a una persona u otra, La pequeña y mediana empresa valenciana–alrededor del 98% de las valencianas– continuará sin representación y las Cámaras de Comercio seguirán los dictados de los dirigentes de patronales y lobbies empresariales. Siempre con la tutela y el criterio ausentes de la Generalitat, titular formal de sus competencias.

Ademocracia

Por mucho que se empeñen quienes dirigen o mangonean actualmente las Cámaras, estas entidades no son de su propiedad. El patrimonio y la misión de las Cámaras es de naturaleza pública. Nada privado existe por ley. Las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana guardan secretos que nadie se atreve a desvelar. Las vicisitudes en la adquisición, construcción y venta de sus sedes, nombramientos políticos en sus secretarías y direcciones generales, contratación de asesores, concursos de méritos amañados, eliminación de comisiones de trabajo, abandono de áreas de actividad consustanciales– función consultiva ante las administraciones, comercio exterior, transporte, elaboración de estudios económicos, publicaciones, laboratorio de iniciativas innovadoras, vivero de técnicos y expertos –. Facetas necesarias para el desarrollo de la economía y la empresa, de acuerdo con los intereses generales y que, con el abandono de las Cámaras de Comercio, se quedan sin institución que las promueva. Las Administraciones–estatal y autonómica– resultan incapaces y las asociaciones económico-empresariales no están dispuestas a asumirlas.

Sin legitimidad

Las Cámaras de Comercio, con 136 años de existencia, sobreviven presas en una atmósfera enrarecida y repleta de contradicciones en su marco legal, en su manipulación política, en la tergiversación de su razón de ser, el falseamiento de su misión y el alejamiento de la mayoría de sus representados: los intereses generales de la economía y de las empresas, que constituyen la masa crítica para su actividad. La carencia de respeto a los elementales procedimientos democráticos en las elecciones– no votan más de un 2 o 3 por cien de los electores– convierten en pantomima esterilizadora la designación de representantes y cargos. La aproximación a la democracia orgánica, cuya adjetivación se impuso en la dictadura franquista para aparentar un sistema seudo-electivo que justificara la designación de representantes ademocráticos carentes de legitimidad.