En el puerto amenaza tormenta

“I ara sola, amarrada / com Prometeu, al port: / radere teu, la Vida, / al davant teu, la Mort./ ¡Pobra barca amarrada, / teva és la meva sort! (Lluís Guarner, Castelló de la Plana, 1936)

En el principio el Puerto de València fue la primera institución que disfrutó de autonomía plena en el País Valenciano, con dos presidentes excepcionales: Salvador Castellano y José María Boquera. En 1978 fue declarado autónomo por Real Decreto y por imposición del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Como condición necesaria para la concesión de un crédito para ampliación y mejora de sus instalaciones. La entidad financiera mundial no se fiaba de que los fondos que destinaba a este recinto portuario no fueran desviados por la administración central del Estado a otros menesteres, En cuanto pudo, el gobierno de España eliminó la condición de autonomía para el Puerto de València y recuperó su total control la dirección general de Puertos del Estado.

Falla la comunicación

La Autoridad Portuaria de València— conformada por los recintos de Gandia, Sagunt y València—acusa fallos en comunicación. No es nuevo. Las verjas de hierro que desaparecieron físicamente por el fiasco de la Copa del América de vela—ediciones 2007 y 2010— están aunque no se vean. El aislamiento portuario sigue en el hermetismo y distanciamiento del Puerto de València y su entorno, con la sociedad a la que se debe: València, Cabanyal, ámbito autonómico e hinterland de influencia. Esta realidad es el fundamento del conflicto político que se replantea en torno a la ampliación, hoy a medio hacer, hacia el norte. Con una megaterminal para contenedores que concita cuestiones contrapuestas de índole ideológica, económica, medioambiental, territorial, turística, paisajística, cívica, estatal, municipal, autonómica y cultural. El Puerto de València, soporta órganos de dirección y administración incompetentes. Junto al inquietante problema político que afecta a las administraciones e instituciones del País Valenciano. Será el campo de batalla donde se enfrentarán los intereses valencianos desde diferentes atalayas y enfoques.

Conflictos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, debería preocuparse por el conflicto reavivado que amenaza la estabilidad de la coalición y el Consell del Botànic. Colateralmente al pacto municipal de Rialto, por el que se gobierna el Ajuntament de València. Complica y enrarece el clima de concordia, la sumisión real e insolidaria al Gobierno de España. Del cual depende el Puerto de València. La dirección general de Puertos del Estado es quien manda en la Autoridad Portuaria de València. El ministerio de denominación cambiante—Obras Públicas, Fomento, Movilidad, Transportes-- recauda, administra y reparte el superávit de los puertos que se consideran estratégicos. Entre ellos el de València, al que se devuelve sólo una parte de sus excedentes, como resultado de negociaciones que conoce el presidente de la APV, Aurelio Martínez Estevez. El mismo que se empeña en afirmar rotundamente que la terminal de contenedores se acabará por encima de todo. Una provocación. Sin considerar las alegaciones municipales, de la Generalitat Valenciana y de los partidos que, coaligados, la gobiernan. Un cierto comedimiento, aderezado con dosis adecuadas de discreción y habilidad, es aconsejable por la causa que, si no es justa, al menos enfrenta posicionamientos políticos y ciudadanos que exigen diálogo y sentido común.

Entramado

En el Puerto de València confluyen dos realidades y muchas sinrazones. Hay una realidad interna - funciona a modo de fortaleza-- que tiende a permanecer cerrada con verjas o sin ellas. En paralelo existe una conjunción de realidades externas que lo condicionan y a cuyos planteamientos no le queda más remedio que atender y considerar. El puerto constituye una unidad de negocio y explotación, con entramado empresarial y laboral propio y exclusivo: consignatarios, transitarios, agentes de aduanas, armadores, concesionarios, empresas de mantenimiento, empleados, prácticos, pescadores, estibadores y un enjambre de empresas de vigilancia y seguridad. Con dos entidades patronales intervinculadas: Autoridad Portuaria de València y Puertos del Estado, con sede gubernamental en Madrid. La competencia para designar al presidente de la APV recae en el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Quien designó en su día al actual presidente, Aurelio Martínez, con anuencia del ministerio de José Luís Ábalos y el placet de los grupos de presión empresarial que ejercen en el entorno portuario. Bajo la batuta del presidente de AVE, naviero, empresario de remolcadores y miembro del Consejo de Administración de la APV por la CEV, Vicente Boluda Fos.

Ecosistema y poder

En el Puerto se dirimen distintos niveles de poder. La comparación con cuanto ocurre en otras instalaciones portuarias señala diferencias notables. En Barcelona, su principal competidor estatal-- no se da el distanciamiento Puerto-ciudad que se respira en València. Por la idiosincrasia catalana y su peculiar situación política—también por la identificación de la ciudad de Barcelona con su apertura natural al Mediterráneo-- es impensable la actuación ministerial del departamento de Transportes que se vive en València. A causa de la debilidad política de las instituciones autonómicas. Agravada por el hecho de que, tanto el Gobierno español como el Consell de la Generalitat, están liderados por el PSOE. Enfrente las formaciones políticas coaligadas—Compromís y U.Podemos—. Complica la paradoja de que el ejecutivo de Pedro Sánchez, sintoniza con la postura de las organizaciones empresariales—AVE y CEV-- en coincidencia con los partidos de la oposición—Ciudadanos y Vox--, especialmente con el Partido Popular. El escollo más relevante sobre la necesidad de contar con una nueva declaración de impacto ambiental para culminar la ampliación Norte del puerto-, proviene del Ayuntamiento de València. Desde el inicio de la discrepancia, el alcalde Joan Ribó manifestó su interés en salvaguardar los intereses de la ciudad, mediante un nuevo estudio medioambiental que acredite y garantice que la culminación de esta infraestructura, no dañará el ecosistema. Carece de sentido elucubrar cómo se regeneran permanentemente, con fondos europeos o autóctonos. Para recuperar el daño que va a producir—existen certezas-- una infraestructura controvertida y costosa por concluir.

Cuestión de amos

¿EL Puerto es de la Autoridad Portuaria de València (Gobierno de España), es de la Generalitat Valenciana, es de los intereses privados que se mueven en su recinto, es del Ayuntamiento de València, es de su zona de influencia: ciudad, perímetro autonómico, territorios donde están sus usuarios (Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia), es de los ciudadanos, es de las empresas que componen la comunidad portuaria? El Puerto es importante para todos. Su funcionamiento y desarrollo afecta a la ciudad y a las perspectivas futuras de su área metropolitana. Sus autoridades municipales no pueden inhibirse de su responsabilidad como lo hicieron, en etapas anteriores, otros responsables de la corporación municipal. Con ampliaciones que erosionan y contaminan las playas de Natzaret , Pinedo, Malva-rosa o El Saler, hasta Sagunt o la desembocadura del río Xùquer en Cullera. Sin el Puerto de València y sin la Autopista del Mediterráneo, la multinacional Ford no se hubiera instalado en Almussafes. ¿Quiénes son o se sienten sus amos?

Baza electoral

El entramado portuario quiere ser autosuficiente. Intenta mantener su coto cerrado. Tiene sus propios medios de comunicación endogámicos: Diario del Puerto, MenCar, Valencia Marítima, Veintepies. Que viven y dependen de la publicidad que se genera en el Puerto. Control efectivo del flujo informativo. Celoso y reacio a las intromisiones externas. Estamos próximos a que se cumpla el segundo año de la legislatura autonómica y municipal. El tiempo corre y nadie quiere desperdiciar oportunidades de cara a próximas convocatorias electorales. Ximo Puig dejó claro el riesgo de un adelanto, cuya prerrogativa recae en presidencia de la Generalitat. De acuerdo con sus conveniencias partidistas. Los demás saben cómo se las gasta el PSOE y no le perdonan la última sorpresa en 2019 de avanzar el fin de la legislatura sin previo consenso.

Pacto

El Puerto es importante como caja de resonancia de la economía valenciana. Este argumento, por sí solo, no justifica el sacrificio de las posibilidades que tiene el litoral metropolitano. En la doble faceta de factor diferencial de la fisonomía y la esencia mediterráneas. Las que han de consagrar la costa y la oportunidad logística del enclave marítimo. Incluye las vertientes mercantil, lúdica, turística, cultural, paisajística y de ocio que se ha iniciado con la gestión ciudadana de la dársena interior. Coparticipada en el consorcio de La Marina, entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno de España. Estamos ante un ensayo de escaramuzas entre entidades, instituciones e intereses corporativos, ligados a los partidos políticos y a grupos de presión empresarial. La CEV y el presidente de la patronal, Salvador Navarro, han cometido el error de alinearse con unas de las partes del conflicto político: el PP, Vox y Ciudadanos. El PSOE calla por el momento. Partido que se debate entre la obediencia a Madrid (José Luís Ábalos) y el poso de rebeldía en la defensa medioambiental. La pandemia ha demostrado que los intereses económicos a corto plazo no son siempre los más eficientes y ventajosos. Para la Covid-19 la única solución es vacunar masiva y velozmente a la población. La solución para la extensión Norte del Puerto de València pasa por el sentido de Estado y por que la Generalitat Valenciana ejerza como tal. Desde la consulta, el pacto, la información y el gran acuerdo entre lo posible y lo conveniente. Los errores, que han sido muchos, no saldrán gratis.