El Consell aprueba el decreto de emergencia energética que reduce los trámites para instalar renovables
El Pleno del Consell de este viernes ha aprobado el decreto de medidas de emergencia vinculadas al impacto de la guerra en Ucrania. El decreto, que incorpora hasta veinte modificiaciones legislativas, prevé tener una afectación inmediata en la economía valenciana, especialmente en el aumento de precio de los combustibles y la electricidad.
El documento que el presidente de la Generalitat avanzó hace un mes reduce en un año los trámites para las instalaciones de plantas fotovoltaicas, una medida que pretende aumentar la soberanía energética de la Comunitat Valenciana para no hacerla tan vulnerable a los cambios geopolíticos y a los conflictos en las regiones de las que proceden los combustibles.
Según ha explicado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se simplifican los procedimientos administrativos y se eliminan las trabas burocráticas para impulsar la instalación estas plantas. La intención es llegar a reducir el tiempo de tramitación en un año, lo que supone un avance para contar con una mayor capacidad energética renovable en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con los objetivos medioambientales, energéticos y climáticos de la UE para 2030.
En concreto, se facilita la puesta en marcha de instalaciones de energía renovable que ocupen menos de diez hectáreas, incrementando la participación de los ayuntamientos como encargados de realizar los informes pertinentes, y se favorece la implantación de centrales fotovoltaicas de iniciativa pública.
También se refuerza la agilización normativa para las plantas de energías renovables de menos de 10 MW, que ahora tendrán tramitación de urgencia, junto a cambios normativos de agilización para plantas con menor capacidad, además de favorecer la instalación de plantas públicas de generación de energía verde en los municipios e incorporar la posibilidad de declaración energética/estratégica para proyectos singulares que puedan ser de interés económico, energético o ambiental.
En la misma línea, se establece una ocupación para implantar instalaciones de energía renovable del 3% de la superficie del suelo no urbanizable común de cada municipio, con criterios de ponderación para incentivar que se ubiquen en zonas de menor valor agrológico.
El decreto incluye otras medidas de apoyo económico a los sectores más afectados por la crisis provocada por la guerra, como el cerámico. Se agilizan así los trámites en las explotaciones de arcillas industriales por el procedimiento de urgencia, siempre que el destino sea la industria del azulejo de la Comunitat y durante un periodo máximo de dos años.
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