Podemos pacta una indemnización en el primero de los juicios por despido a tres trabajadores en Valencia

El primer juicio por despidos improcedentes en Podemos Valencia se ha saldado con un acuerdo previo a la celebración de la vista. El partido reconoce el carácter improcedente de la decisión en el caso de una trabajadora que fue expulsada poco después de las primarias, alegando la formación un despido disciplinario por una serie de incumplimientos que la trabajadora negó.

La exempleada del partido reclamaba la nulidad del despido al considerar que se había producido por causas ideológicas. La joven había formado parte de la candidatura de Naiara Davó, exportavoz parlamentaria, que perdió el proceso interno frente a Pilar Lima, la nueva coordinadora. Los dos trabajadores del grupo parlamentario despedidos habían trabajado con la exportavoz y también consideran que el partido les despide por afinidad a Davó, aunque el partido defiende que se trata de asesores y  “su labor de asesoría resulta incompatible con las actuales directrices” de la organización.

La formación ha pactado con la defensa de la extrabajadora antes del juicio una indemnización que duplica la prevista por despido improcedente. La joven pidió la nulidad, que supone la readminisón en su puesto de trabajo, pero renuncia a ella por haber encontrado un empleo en el que se siente más cómoda. La demanda de la exempleada se basa en “discriminación” y violación de los derechos fundamentales por “represalia política”, al considerar probado que fue despedida por haber apoyado la candidatura que no resultó vencedora del proceso interno. Antes del despido, por el que se alegan infracciones laborales, la trabajadora ya se había visto apartada de sus funciones de forma progresiva.

Podemos aún tiene pendientes otros dos procedimientos por los trabajadores despedidos del grupo parlamentario en las Corts Valencianes. La nueva dirección, encabezada por Pilar Lima, prescindió de dos técnicos políticos contratados por Davó y de la responsable de redes, a la que se le terminó el contrato en fase de prueba, la mitad de los empleados correspondientes a Podem en la coalición con EUPV. En la carta de despido, el grupo alega que las necesidades de la nueva dirección “obligan a proceder a un cambio estructural organizativo que facilite la realización de dicha actividad”, una estructura que consideran que choca con la que dejó la exsíndica. El grupo planteó una indemnización de 20 días por año trabajado –la mínima prevista en la ley– y la cuantía correspondiente por hacer inmediato el despido, en lugar de esperar a los 15 días procedimentales, que suma 1.500 euros.

La formación que lidera Pablo Iglesias ya cuenta en su historial con varias condenas por despidos nulos de carácter ideológico en comunidades como Andalucía y La Rioja. En 2019 la justicia dio la razón al exdiputado Miguel Vila, con un caso similar al de otro parlamentario en La Rioja. En 2017, el grupo Parlamentario de Podemos de Andalucía fue condenado a indemnizar con 6.251 euros y readmitir al coordinador de su oficina parlamentaria en Huelva que había sido despedido por participar en la candidatura contra Teresa Rodríguez.