Unides Podem impulsa la ley valenciana de salud mental en paralelo al plan de choque de Presidencia

La preocupación por la salud mental y el bienestar emocional de la población ha entrado en la agenda política. Desde el confinamiento, un periodo en el que gran parte de la población experimentó en algún momento -y como mínimo- una sensación de malestar, de estar al límite, las reivindicaciones de pacientes, familiares y profesionales han tomado protagonismo, impulsando movimientos críticos existentes con la excesiva medicalización de los pacientes, con los protocolos cuestionables y exigiendo una mayor democratización del proceso a ambos lados de la mesa.

La encuesta sobre salud mental de la Generalitat Valenciana, publicada el pasado 24 de enero, revela la inquietud ciudadana y la demanda de una mejor asistencia en el sistema público. Unos 3.000 participantes y medio millar de aportaciones exigen un aumento de recursos en las unidades de salud mental, con refuerzos de personal para reducir las listas de espera y garantizar una atención continuada. En la Comunitat Valenciana, con 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes, los encuestados sugieren incorporar ayudas económicas para recurrir a las consultas privadas y evitar desigualdades en el acceso a los recursos de salud mental. A su vez, los participantes de la encuesta abogan por planes de prevención de conductas adictivas -especialmente las relacionadas con el uso de móviles y dispositivos electrónicos- y manifiestan su preocupación por las conductas suicidas y los trastornos alimenticios en los jóvenes.

A escasas semanas de que se cumplan dos años de las primeras medidas contra la Covid y con la pandemia al borde de considerarse endemia, la preocupación ha comenzado a materializarse en acciones. Un plan de choque enfocado a la juventud, una convención ciudadana para diseñar una estrategia a medio plazo y una proposición de ley caminan en paralelo para sentar las bases de la atención en salud mental en los próximos años en la Comunitat Valenciana, mientras los primeros 69 profesionales del plan de refuerzo inmediato llegan a los centros de salud.

La encuesta es el primer paso de la convención ciudadana, un proceso participativo que sentará las bases de la estrategia de salud mental autonómica. El plan, impulsado desde Presidencia de la Generalitat Valenciana, que creó un comisionado el pasado abril para afrontar de forma inmediata los retos de la pandemia, aboga por que representantes de todos los estratos sociales escuchen a pacientes y expertos para implicarse en el diseño de una estrategia de bienestar que guíe el resto de políticas públicas. El comisionado, el psiquiatra Rafael Tabarés, defiende la iniciativa deliberativa, pionera a esta escala de gobernanza, como una fórmula que “no dejará intactas las opiniones, los prejuicios, los mitos y los bulos sobre la salud mental”. Junto a Educación, se han impulsado planes de prevención del suicidio en las aulas y se trabaja en proyectos formativos con la dirección general de Empleo.

UP pide blindar el presupuesto en su ley

En paralelo al plan de choque y al diseño de la estrategia autonómica, con protagonismo de los departamentos dirigidos por el PSPV-PSOE, uno de los socios de gobierno impulsa en solitario la ley de Salud Mental. Unides Podem-Esquerra Unida trabaja, de la mano del mismo equipo que presentó la proposición en el Congreso, en una norma autonómica que blinde la atención en salud mental. Los morados registrarán la proposición de ley en febrero después de tres meses de encuentros con asociaciones de pacientes, familiares, profesionales y sindicatos. La coalición no renuncia a que la norma se registre con la firma de los tres grupos parlamentarios que componen el Pacto del Botánico, pero, hasta la fecha, es la primera norma de la legislatura que han trabajado en solitario.

La formación que encabeza Pilar Lima considera que una norma aprobada en el Parlamento autonómico da más seguridad para blindar la atención que las estrategias o los planes, aunque se diseñen desde el Ejecutivo. La coalición quiere un texto legal que facilite el acceso a los servicios de salud mental y la aborde de forma transversal. “Una ley de salud mental aporta ese marco que aborda la problemática”, defiende Roger Muñoz, uno de los técnicos que ha elaborado el borrador. La norma establece la creación de la figura del psicólogo clínico, que implica que haya un profesional de estas características en los centros de salud o la creación del servicio valenciano de bienestar psicológico en los servicios sociales municipales. Cerca del 30% de las consultas de atención primaria tienen que ver con trastornos mentales comunes y la mayoría se atienden con psicofármacos, apunta Muñoz, psicólogo e investigador en la Universitat de València, que apunta que la incorporación de especialistas descongestionaría los centros de salud.

El borrador de la norma, aún en fase temprana, quiere establecer la obligación de invertir un 1% del Producto Interior Bruto autonómico en programas de promoción, prevención y atención en salud mental. Por cada euro invertido, asegura el técnico, los informes apuntan que el ahorro en las arcas públicas se multiplica por cinco. Por el momento, la coalición no quiere hacer públicas las aportaciones de los colectivos, a la espera de que pasen el filtro jurídico y de nuevas reuniones, pero apuntan a que los colectivos dan un respaldo mayoritario a la ley.

Todos los grupos han presentado propuestas y realizado acciones para mejorar la salud mental en el ámbito educativo, sanitario o desde los servicios sociales, pero difieren en la forma de hacerlo. Los socios de Gobierno ven con recelo la elaboración de una ley tan específica, que creen que puede interpretarse como oportunista, mientras que los morados hacen lo propio con las estrategias que se elaboran desde Presidencia, que alojó al comisionado en este departamento y no en Sanidad para coordinar diversas áreas.

Los profesionales también plantean sus dudas sobre la conveniencia de una ley de Salud Mental, dado que existen otras leyes que recogen este marco de actuación. Algunos apuntan que una ley tan específica puede ser estigmatizante y dudan en su marco de aplicación por su definición misma, cuestionándose quién decide quién tiene un problema de salud mental. “Existen otras fórmulas que, con los recursos adecuados, resolverían muchos problemas”, apunta Mikel Munárriz, presidente de Asociación Española de Neuropsiquiatría, que, no obstante, valora la intención y el planteamiento de la norma de Unides Podem-Esquerra Unida.

Munárriz, también psiquiatra y uno de los coordinadores en la Oficina de Salud Mental de la Comunitat Valenciana, recuerda cambios legislativos recientes como la supresión de las tutelas judiciales o la orden de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de que los fiscales controlen las sujeciones en residencias y unidades de pacientes graves. El psiquiatra aboga por formas de actuación más inmediata y dotar de recursos a la red existente, tanto en la atención a pacientes como en la vigilancia de los compromisos éticos. En una entrevista con elDiario.es, preguntado por la ley estatal, consideraba que “la mejor manera de asegurar los derechos de las personas es que haya medios para asegurarlos, no proclamar esos derechos y ya está. Creo que debemos empezar ya, es un tema de oportunidad: o lo hacemos ahora, o se nos pasa el tiempo”.

Refuerzo de personal e infraestructuras

Mientras se deciden las estrategias, los departamentos del Ejecutivo autonómico con competencias en salud mental han comenzado a reforzar la atención y las infraestructuras para pacientes graves. En el mes de marzo se incorporarán al sistema sanitario 69 profesionales para crear tres equipos -uno por provincia- de atención psicosocial. El presupuesto para 2022 prevé 116 millones de euros para salud mental, un 20% más que el año anterior, de los cuales 28,54 millones se destinarán a infraestructuras para el Plan de Salud Mental y centros de media y larga estancia. Con los fondos europeos, el comisionado pretende impulsar el Plan Ariadna, enfocado a la juventud, con cien millones de euros en planes de prevención y atención, coordinados con Educación y Empleo.

Hace unos días, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sacaba la licitación del primer complejo para pacientes crónicos graves en el barrio de La Torre, en València. El departamento de Mónica Oltra proyecta el primer centro público para pacientes graves, que también funcionará como centro de día. El complejo dispondrá de 170 plazas de varias tipologías para la atención de personas con enfermedad mental grave, y se edificará en una parcela de más de 4.000 metros cuadrados de la parte nueva de la pedanía. Para construirlo, la conselleria ha destinado una financiación de 14,75 millones de euros.