Unanimidad en las Corts Valencianes con la ley de la Infancia y la de Servicios Sociales Inclusivos

El departamento que gestiona Mónica Oltra se ha marcado dos tantos este jueves. Las Corts Valencianes han aprobado sin oposición la ley de Infancia y Adolescencia, una herramienta de empoderamiento para la juventud, y la ley de Servicios Sociales Inclusivos ha pasado el primer trámite en el Parlamento sin enmiendas a la totalidad.

Ambas leyes se encontraban en el último acuerdo de los socios de gobierno y eran una prioridad para Compromís, que quería verlas aprobadas antes de finalizar la legislatura. Así será, al menos, con la de Infancia y Adolescencia, que ha conseguido el voto favorable de todos los grupos salvo el PP, que se ha abstenido.

Los populares no han votado a favor finalmente porque la ley regula cuestiones sobre el aborto y la educación sexual que la formación conservadora no comparte. No obstante, la portavoz Maria José Catalá ha destacado que es una norma “buena y muy importante” que, a su juicio, “perdurará en el tiempo”, pero ha lamentado que la “ideología” plasmada en determinadas cuestiones no la comparte y “separan” a su grupo de la norma, lo que justifica su abstención.

Horas antes, el pleno ha dado el visto bueno a la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, la norma que reordenará todo el mapa de la asistencia social. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha destacado que transforma las prácticas “asistencialistas y caritativas” de épocas pasadas, en “una concepción moderna de derechos subjetivos y de alcance universal”.

Entre las principales novedades, la norma regula los niveles funcionales del sistema, siendo los ayuntamientos “la puerta de entrada a los servicios sociales de atención primaria que será básica y específica”, ha explicado la vicepresidenta. Respecto a esto, por primera vez se fija la composición de los equipos de intervención social que serán “multidisciplinares”, con nuevas figuras profesionales que contarán con el apoyo administrativo y jurídico necesario.

Ha señalado que el hecho de que sea considerado un derecho subjetivo implica que los presupuestos “estarán al servicio de la ley y no al revés” y que “nadie dejará de tener la prestación social que le corresponda porque el presupuesto garantizará el cumplimiento del derecho”, ha asegurado la vicepresidenta. Con la nueva ley, se pasa de 0 a 31 prestaciones garantizadas reconocidas de carácter profesional, económico y tecnológico.

La vicepresidenta ha resaltado que para el buen funcionamiento del sistema es necesario “impulsar una labor de seguimiento, inspección y supervisión del mismo”, con un cuerpo de inspectores que por primera vez será de un inspector por cada 150.000 habitantes, frente a la ratio actual de uno por cada 250.000 habitantes.

Con niveles parecidos a los del sistema sanitario, se establecen, por un lado, zonas básicas de servicios sociales más próximas a la ciudadanía; por otro, áreas de servicios sociales de atención específica diurna y ambulatoria y, por último, departamentos de servicios sociales donde se planificarán los recursos de atención residencial.

La ley se encuentra en el marco de la Agenda 2030, que “aspira al desarrollo igualitario y requiere el enfoque en las personas y de género”, remarcaba Concha Andrés, del PSPV-PSOE.