Estira y afloja con la Dama de Elche

Polémica sobre la descentralización del patrimonio

Pulso entre el ministerio y el ayuntamiento sobre un nuevo traslado temporal de la famosa figura íbera a Elche

La Dama de Elche se queda en Madrid porque es “patrimonio histórico común” de España, afirmó en 2017 el Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy, que calificó, en una respuesta al senador de Compromís Carles Mulet de “incidente excepcional” la detección de una hormiga paseando por el interior de la vitrina que alberga el busto íbero en el Museo Arqueológico Nacional. Por entonces, en la Comisión de Cultura del Congreso, gracias a sendas iniciativas del PSOE y Compromís, que contaron con el apoyo de Unidas Podemos, se aprobó pedir al Gobierno que estudiara la cesión permanente de la figura a la ciudad donde fue hallada, lo que supondría que la talla abandonara el Museo Arqueológico Nacional en Madrid y fuera expuesta en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), convertido en subsede del primero. El PP y Ciudadanos se opusieron con el tajante argumento de que el traslado era “inasumible”.

Hace unos meses, cuatro años y medio después del episodio de la hormiga, esta vez con un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, la Dama de Elche causó de nuevo una tormenta política, con la dimisión de la directora general de museos y bienes culturales, tras unas declaraciones del ministro de Cultura, Miquel Iceta, favorables a la descentralización del patrimonio histórico.  

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, había pedido al ministro la vuelta de la figura íbera para celebrar a finales de 2022 el 125 aniversario del hallazgo, ocurrido el 4 de agosto de 1897 en el paraje de L'Alcúdia. La respuesta inicial también había sido negativa, con el argumento de que no se cedería la pieza arqueológica a la ciudad de Elche debido a su “mal estado de conservación”. La postura venía a corregir aparentemente la afirmación de Iceta de que estaba abierto a la cesión temporal, aunque no sea partidario de “desmembrar colecciones estatales”, y se basaba en unos informes encargados en 2006 con motivo del traslado de la Dama a su ciudad de origen, donde fue expuesta unos meses y recibió la visita de 380.000 personas.

Sin embargo, como ha publicado elDiario.es, ninguno de aquellos informes se opuso entonces al traslado y el más importante de ellos consideraba “estable” el estado de la pieza. Llegados a este punto, además de haber creado un grupo de trabajo específico, el Ministerio de Cultura se ha comprometido con el alcalde de Elche a que sus técnicos elaboren un informe en el que se analice si el anterior traslado tuvo algún impacto y se presente un cronograma para estudiar el nuevo traslado temporal de la Dama.

Pero el Museo Arqueológico Nacional sostiene, pese a que se conserva dentro de una urna en condiciones controladas, que “la climatología de Madrid permite una buena conservación preventiva para piezas como la Dama de Elche” y rechaza la salida ni siquiera de forma temporal. A lo que el alcalde de de Elche respondió: “La Dama puede ser trasladada y mantenida temporalmente en nuestra ciudad en condiciones de seguridad”. Sin duda, el estira y afloja continuará...

Protesta social por las sanciones a personas excluidas

PP y Ciudadanos ceden a la presión de Vox y aprueban una ordenanza contra mendigos y prostitutas en Alicante

Las sanciones a personas que duerman en la calle podrán alcanzar los 750 euros, y hasta 500 euros las multas a quienes ofrezcan servicios no demandados. Una ordenanza del Ayuntamiento de Alicante aprobada con los votos del grupo del alcalde, el PP, sus socios de Ciudadanos y la extrema derecha de Vox, que ha presionado para conseguirlo, penaliza especialmente a los mendigos, las prostitutas y otras personas en situaciones de exclusión. Según el equipo de gobierno del alcalde popular Luis Barcala, la ordenanza era “muy reclamada” por los vecinos y permitirá, en palabras de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, que la policía local pueda “actuar frente a actos incívicos que a ningún vecino le gusta encontrarse a las puertas de su casa, ni en su calle ni en su barrio”. La oposición la considera “cruel” y un retorno a la “ley de vagos y maleantes del franquismo”.

Partidos de izquierda, como el PSPV, Compromís y Unides Podem, y colectivos sociales protagonizaron una protesta contra la ordenanza la víspera de su aprobación en un pleno celebrado telemáticamente. En la concentración, a la que asistieron varios cientos de personas, se recalcó que “sobrevivir no es un delito” y que la norma municipal “criminaliza tanto la feminización de la pobreza como la mendicidad” y “revictimiza” a las mujeres prostituidas o víctimas de trata.

Días después, el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos logró sacar adelante los presupuestos municipales de Alicante gracias a la formación de extrema derecha con imposiciones como el recorte de recursos destinados a Igualdad y al colectivo LGTBI.

Personal de la conselleria es investigado por el caso del exmarido

La extrema derecha hostiga a Oltra en los tribunales

El juez y la fiscalía no vieron elementos para abrir una causa y archivaron la denuncia. La Audiencia de Valencia obligó a reabrirla y el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha citado como imputados a seis cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y a dos del centro privado concertado donde trabajaba el exmarido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, que fue condenado por abusos a una menor. El juzgado investiga si hubo alguna actuación irregular de la conselleria en respuesta a una denuncia de la víctima, representada por el líder del grupo ultra España 2000, José Luis Roberto, que se ha acumulado a otra de la asociación Gobierna-Te, presidida por la exmilitante de Vox Cristina Seguí.

Oltra acusa a la extrema derecha de emprender una “cacería política” contra las trabajadoras de su conselleria. “Esto es una querella de la extrema derecha. Lamento que, por una cacería política, funcionarias que llevan décadas haciendo su trabajo profesionalmente se vean en esta situación”.

Ante las inmatriculaciones de la Iglesia: “El Micalet és del poble” 

La plataforma Valencia Laica convocó una concentración ante el Palau de la Generalitat Valenciana, en una jornada en la que se realizaron actos similares en diversas ciudades, para protestar contra las inmatriculaciones masivas de bienes por parte de la Iglesia y reclamar la implicación del Gobierno autonómico en su recuperación. El lema utilizado fue de lo más gráfico: “El Micalet és del poble valencià”.

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