La Sindicatura de Comptes advierte de que, en materia de cambio climático, “la Comunitat Valencia podría no alcanzar los objetivos en 2030”

La Sindicatura de Comptes ha dado un tirón de orejas al Gobierno valenciano por la lentitud a la hora de implementar medidas efectivas encaminadas a reducir las emisiones en la línea de los compromisos adquiridos de cara al año 2030, aunque también ha puesto de manifiesto que si se implementan una serie de iniciativas aún hay margen para cumplirlos.

Así se desprende de la auditoría operativa que ha realizado el organismo de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030 (EVCCE30), que se ha centrado en evaluar el diseño y la gobernanza de la EVCCE30, así como, por su relación con la misma estrategia, la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Consell el 6 de septiembre de 2019 y el anteproyecto de Ley del Cambio Climático y Transición Ecológica. Además, se ha analizado la ejecución y gestión de las medidas que se relacionan en la Estrategia.

Según el documento, entre las conclusiones extraídas destaca que “a pesar de la inexistencia de informes de seguimiento en el ámbito autonómico, los resultados de los indicadores globales en 2019 y la tendencia de magnitudes como el consumo de energía primaria y la participación de las energías renovables sobre el consumo final bruto de energía parecen anticipar que la Comunitat Valenciana podría no conseguir los ambiciosos objetivos europeos y nacionales al final del periodo planificado (2030), si bien todavía hay margen para conseguirlos”.

Para minimizar este riesgo, “hace falta que la Generalitat Valenciana impulse las fases siguientes, que tienen que sucederse a la formulación de la Estrategia: elaborar los planes, programar las actuaciones y evaluar los resultados obtenidos”.

La auditoría también concluye que “la Comunitat Valenciana ha llevado a cabo más medidas de buena gobernabilidad climática que otras comunidades autónomas y se ha situado en sexto lugar en el ranking por comunidades”.

Además, afirma que “el escaso tiempo transcurrido desde la puesta en marcha efectiva de la EVCCE30 representa una limitación significativa para poder evaluar el grado de implementación de las medidas previstas”.

Así pues, “todavía no hay informes de seguimiento que muestran los resultados observados a consecuencia de las medidas de mitigación y adaptación llevadas a cabo, por lo cual la Dirección General de Cambio Climático no conoce, en el momento de elaborar el informe, en qué medida se había aplicado la Estrategia, ni los efectos que esta aplicación puede haber tenido”.

En términos cuantitativos, “la Administración autonómica había llevado a cabo al menos una actuación en prácticamente la totalidad de las medidas (96,4%) de mitigación y adaptación previstas en la Estrategia y analizadas por la Sindicatura”. Sin embargo, y por el hecho de que el EVCCE30 no incluye los hitos y objetivos concretos que se espera conseguir con cada medida ni la estimación del coste económico de implementar cada una, “no se puede obtener el grado de ejecución real de la Estrategia, así como si las medidas previstas se han implementado íntegramente, además de que los planes sectoriales vigentes no son transversales”.

El estudio pone de relieve que “la Comunitat Valenciana no ha progresado de manera significativa en la implementación de fuentes energéticas renovables dentro de su territorio y se observan diferencias notables respecto al resto de España y en la Unión Europea”.

La Estrategia se basa en incrementos extraordinarios de la potencia instalada en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (básicamente solar fotovoltaica y eólica), pero no hay un plan detallado para dotarse de las infraestructuras necesarias: “La Estrategia fundamenta la consecución de los objetivos en la teoría del desarrollo sostenible y no prevé ningún escenario alternativo que tenga en cuenta los límites del crecimiento, de forma que ignora medidas específicas que encaminan la sociedad y la economía a un posible déficit de energía disponible en el futuro”.

La auditoría incluye también recomendaciones al Gobierno valenciano, entre las que destaca, para completar el marco estratégico, “la aprobación urgentemente la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana y el Plan Valenciano Integrado de Energía y Cambio Climático (PVIECC)”.

Además, “en próximas revisiones de la Estrategia es necesario incorporar medidas adicionales y más ambiciosas encaminadas a modelar la conducta social de los consumidores, con el objetivo de reducir el consumo energético en su día a día y maximizar los resultados de las medidas previstas en mejoras de eficiencia energética”.

La Estrategia tendrá que hacer hincapié “en la adopción de medidas que contribuyan a reconducir también los sectores productivos y los servicios públicos, porque un escenario futuro de decrecimiento implicará menores ingresos públicos y la necesidad de rediseñar y priorizar algunos servicios esenciales, además de incorporar cuestiones específicas que contribuyan a mejorar la resiliencia comunitaria”.