Doce céntimos de impuesto por 'cocacola' y otras medidas que propone Podemos

El pasado 30 de octubre las tres formaciones que sustentan al Ejecutivo valenciano pactaron los Presupuestos para el último tramo de legislatura; un documento de mínimos que comprometía a PSPV, Compromís y Podemos a dar el 'sí' a las cuentas autonómicas.

Aunque Antonio Estañ, secretario general de la formación morada, firmó un acuerdo con Ximo Puig y Mónica Oltra como representantes del Consell, el grupo parlamentario no ha renunciado a presentar enmiendas a la ley de medidas fiscales -Ley de Acompañamiento- ni a los Presupuestos de la Generalitat. En concreto, el grupo presenta 60 enmiendas a la ley de Acompañamiento para dar más independencia a la Agencia Antifraude, proteger a las víctimas del machismo y vuelve con sus reivindicaciones de años anteriores. Entre ellas, la tasa turística y el impuesto a las bebidas azucaradas.

En España, según el informe de consumo de alimentación del ministerio de Medio Ambiente, se consumen cerca de 50 litros de refrescos por persona al año. Un refresco de cola estándar tiene 11 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Tomando esta bebida como referente, los españoles consumen unos 5.500 gramos de azúcar al año sólo en las bebidas, sin contar el alcohol o los batidos. El informe señala que la mayor parte de estas bebidas -el 82%- se ingieren en el ámbito doméstico, lo que significa que están integradas como parte de la dieta diaria de buena parte de los hogares.

La preocupación sobre las formas de alimentación de los hogares se ha incrementado notablemente y ha movido a algunas formaciones como Podemos para gravar estos productos, intentando así reducir su consumo.

Su propuesta es de un impuesto de entre 8 y 12 céntimos por litro de estos productos. Define el objeto del gravamen como las bebidas que contengan “edulcorantes calóricos añadidos como, entre otros, azúcar, miel, fructosa, sacarosa, jarabe de maíz, jarabe de arce, néctar o jarabe de agave y jarabe de arroz”. En este marco entran los zumos y néctares, refrescos, preparados de té y café, bebidas pensadas para deportistas, bebidas energéticas, batidos o leches endulzadas. Del impuesto se librarán la horchata y las bebidas vegetales que no contengan los edulcorantes anteriormente expuestos.

La propuesta de los morados especifica que las compañías que elaboren estos productos tendrán que repercutir la tasa en el consumidor. Concretamente, esta será de 8 céntimos para las bebidas que contengan entre 5 y 9 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y de 12 para el volumen de azúcares superior. Se aplicará por cada litro, no por cada envase.

La enmienda, una petición de sobra conocida de los morados -como la tasa turística-, no prosperará salvo sorpresa. Los socios parlamentarios de Podemos, Compromís y PSPV, no se han mostrado demasiado convencidos con la propuesta. Los valencianistas ya presentaron una medida similar que añadía también un gravamen del 20% a las grasas trans, aunque sin especificar los tramos de aplicación por volumen de producto. Los socialistas consideraron que es un mercado que se autorregula -como muestra, los envases que cada vez incluyen más y más grande la etiqueta “cero” o “libre de azúcares”-, aunque tras el debate de política general no habían decidido si rechazarlo.

Cuestiones de paridad

La formación de Antonio Estañ ha presentado una batería de enmiendas para mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y reducir la discriminación por sexo en el trabajo.

En concreto, los morados enmiendan un apartado de la Ley de Acompañamiento sobre las indemnizaciones a víctimas de violencia machista, equiparadas con las víctimas del terrorismo desde que se aprobara el pacto en septiembre de 2017. El texto planteado por Podemos pide que el primer beneficiario de las ayudas sea el descendiente de la víctima, seguido del ascendiente -es decir, los hijos o los padres de la mujer asesinada- y, por último, la pareja de la víctima, siempre que no haya sido el agresor. El texto del Consell establece el orden a la inversa; primero, la pareja de la víctima, después, sus descendientes.

Otro de sus textos pide dar acceso prioritario a la vivienda pública a las mujeres supervivientes de violencia machista y a sus hijos, reservando un 10% del parque público de vivienda para ellas. Otro solicita que se adapten los permisos de paternidad a la ley estatal, que amplió los permisos de hombres del sector público a siete semanas, así como que la Generalitat incorpore en paralelo el calendario pactado entre Podemos y Pedro Sánchez.

A vueltas con los clásicos

En línea con sus reivindicaciones habituales, los morados vuelven a plantear la tasa turística, que generó bastante crispación el pasado año. piden que se reforme la ley de la Agencia Antifraude para dotar al ente de más independencia respecto al Consell. Joan Llinares, responsable del ente, reclama que no esté sometido al control de la Intervención de la Generalitat ni que se considere integrante del sector público, sino que su tutela sea a cargo del Parlamento valenciano, así como sus presupuestos. La formación de Antonio Estañ pide que se configure “como una institución, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines”, así como más personal equiparado en categoría al de las Corts.