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Catalá prefiere “no opinar” del nombramiento como candidato de Vox del exrector de la universidad que ella privatizó

María José Catalá junto a Carlos Mazón.

Carlos Navarro Castelló

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La candidata a la alcaldía de València del PP, María José Catalá, se mostró prudente este miércoles al ser preguntada por elDiario.es por el nombramiento como alcaldable por Vox de Juan Manuel Badenas, quien en 2013 como rector denunció ante notario supuestas irregularidades en el proceso de venta de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) al grupo Planeta, una privatización pilotada por Catalá.

“Respeto mucho los procesos de otros partidos y a los candidatos de otros partidos y no tengo nada que opinar del candidato de Vox, como no tengo nada que opinar sobre candidatos de otros partidos políticos. Me parece respetable y no me meto en decisiones de otros partidos”, dijo Catalá del que podría ser su socio de Gobierno en función de los resultados de las próximas elecciones municipales del mes de mayo.

Badenas era el rector de la VIU en 2013, cuando la entonces consellera de Educación y presidenta del la Fundación VIU y ahora candidata del PP a la alcaldía de València, María José Catalá, llevó a cabo el proceso de venta declarado confidencial y cuyos detalles ha desvelado recientemente elDiario.es.

Según se desprende de la documentación recabada por esta redacción, la operación implicó la inyección desde la Fundación VIU de 5,7 millones en una sociedad limitada a la que se atribuyeron los activos de la VIU, y la posterior venta de un 70% de las acciones por cuatro millones de euros al grupo Planeta. La institución había supuesto hasta ese momento un coste de 34 millones de euros para las arcas públicas y en el año de venta, 2013, dio 752.000 euros de beneficio. En la actualidad, Catalá trabaja como profesora asociada de la VIU sin que hasta ahora haya querido especificar sus emolumentos.

Badenas, hasta ahora catedrático de la Universitat Jaume I de Castelló, acudió a un notario para denunciar “posibles irregularidades” que, en su opinión, “podrían causar perjuicio a los intereses” del centro docente y de la fundación de la que depende, “al Gobierno valenciano y al futuro inversor privado que entre a formar parte del capital de esta universidad”.

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