Federación de Peñas recurre la negativa del Ayuntamiento y la Generalitat al 'bou embolat' en las pedanías de València

La Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana ha recurrido la negativa del Ayuntamiento y de la Generalitat a celebrar estos actos en las pedanías de València.

Así lo anuncia la entidad en un comunicado en el que detalla que, “como consecuencia de la negativa del Ayuntamiento de València y de la Generalitat Valenciana a la celebración del 'bou embolat' en las pedanías de la ciudad de València”, la federación, a instancias de la Asociación peña taurina El Carpesano, Peña taurina El Ferratge, Asociación cultural taurina l'Esquellot, Asociación cultural taurina Gent del Poble de Massarrojos y Amics del bou de Benimámet, ha interpuesto sendos recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones de ambas administraciones.

Las resoluciones recurridas dictadas en fecha 22/04/2023 y 27/04/2023 por el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, respectivamente, se fundamentan en el acuerdo de la junta de Gobierno del Consistorio de fecha 10 de junio de 2016.

Desde la Federación afirman que, sin entrar ahora en argumentaciones jurídicas, pues ello es competencia del despacho del letrado director de ambos procedimientos, Eduardo Breña y Breña, las resoluciones recurridas “carecen de motivación”.

En este sentido, aseguran estar en posesión de informes veterinarios que “contradicen y desacreditan” la calificación de “maltrato animal” de este festejo. Además, consideran que existe “un supuesto flagrante de agravio comparativo respecto de los cientos de municipios y pueblos de la Comunitat Valenciana en los que la Generalitat sí ha autorizado la celebración de 'bou embolat'”.

“La Federación, la afición valenciana, las peñas y asociaciones que la integran no merecen en modo alguno que las administraciones atropellen sus derechos constitucionales de libre acceso a la cultura, incumpliendo además el mandato legal de promover y proteger la Tauromaquia que establece la Ley 18/2013, reguladora de la Tauromaquia (en todas sus modalidades) como patrimonio cultural español”, argumentan, al tiempo que reprochan que se podrían haber evitado estas acciones judiciales “de haberse procedido en su momento, por la oposición, que manifiesta ser pro taurina (PP y Vox), a impugnar el citado Acuerdo de Junta de Gobierno”.

“Una vez más --prosiguen-- es la afición, el pueblo, el que debe defender los derechos y libertades individuales y colectivos garantizados por la constitución frente a decisiones de carácter ideológico y político, arbitrarias y que vulneran la legalidad, cercenando no sólo los derechos de quienes amamos los 'bous al carrer', sino el legado cultural que hemos recibido y que tenemos la obligación de conservar, fomentar y hacer respetar”, han explicado.