Fiscalía aprecia una posible infracción penal por un expolio en el marjal de Pego-Oliva valorado en 11,7 millones de euros

“El valor del daño ocasionado al dominio público hidráulico por la extracción ilegal de agua, conforme a los parámetros del artículo 326 bis del Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico asciende a un total de 11.792.015 euros”.

El fiscal de la Audiencia de Madrid se pronuncia así de contundente en el escrito de diligencias preprocesales al que ha tenido acceso elDiario.es, tras la denuncia presentada por el representante de Acció Ecologista-Agró, Víctor Navarro, sobre el presunto expolio que se estaría dando en el río Bullent que alimenta el marjal de Pego-Oliva.

El documento pone de relieve que la empresa Aguas del Bullent, concesionaria del Ayuntamiento de Oliva, ha extraído 6,6 millones de metros cúbicos de agua entre los años 2012 y 2021 por encima de lo autorizado en la concesión y afirma: “Los puntos de captación reales no se encuentran ubicados en las coordenadas indicadas en la concesión, sino, pese a la prohibición expresa del artículo 15.3 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), en otras diferentes a menos de 500 metros de la fuente de Les Aigües. Tampoco hay constancia de la realización de evaluación de impacto ambiental”.

En consecuencia, afirma el fiscal, “la extracción ilícita de aguas subterráneas referida, por sí misma o en confluencia con otras” supone, entre otros efectos adversos, “un grave riesgo de perjuicio sobre el equilibrio de los ecosistemas acuáticos del Parque Natural de Pego-Oliva”.

Además, considera que el mencionado expolio supone “una defraudación para la Hacienda Pública estatal, por elusión del pago de tributos” que en este caso “pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, en el supuesto exceder la cuota defraudada de 120.000 euros”.

Con todo, el fiscal determina el archivo de la causa al no poderse ejercitar las acciones contencioso administrativas por la vía de la responsabilidad medioambiental que no es de aplicación cuando los posibles daños los causan las administraciones públicos. Por este motivo, remite las diligencias a la Fiscalía de Medio Ambiente “a los efectos de posible investigación penal de los hechos”.

Esta la segunda investigación que abre la fiscalía en relación con el presunto expolio del marjal Pego-Oliva, con la diferencia de que la primera, abierta y archivada por Fiscalía Provincial de València.