La Justicia da de nuevo la razón a los vecinos de Penyaroja y reafirma la anulación del traslado de la edificabilidad de Tabacalera

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado de nuevo la razón a los vecinos de Penyaroja al ratificar la anulación de la recalificación de dos parcelas de este barrio de València (del Ayuntamiento y destinadas inicialmente a uso educativo y zona verde) que ya determinó en febrero de 2022 al incumplir la sentencia de Tabacalera.

La decisión conocida ahora se recoge en un auto de ejecución de sentencia emitido por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV el pasado 30 de diciembre.

En este documento se estima parcialmente el incidente de ejecución interpuesto por varias familias afectadas por la recalificación contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del Plan General --de Ordenación Urbana (PGOU)--, relativa a la Antigua Fábrica de Tabacos, adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo --dependiente de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad-- en diciembre de 2020.

Asimismo, este auto, dado a conocer por los vecinos y consultado por Europa Press, anula parcialmente dicho acuerdo en lo relativo al cambio de calificación de una parte de la parcela de dotación pública educativo-cultural y de una parte de la parcela de dotación pública de espacio libre de carácter secundario a edificación abierta, en la parte recayente a las calles Penyaroja y Tres de abril de 1979.

La resolución recogida en el auto, contra el que cabe recurso de reposición, es la misma que recogía la sentencia del TSJCV emitida en febrero de 2022 para anular parcialmente la recalificación de las citadas parcelas en Penyaroja.

Esta recalificación fue una operación planteada y aprobada por el Ayuntamiento de València para compensar la deuda que mantiene con la Inmobiliaria Guadalmedina tras el fallo del Tribunal Supremo que anuló la actuación urbanística sobre Tabacalera --contemplaba la permuta de suelo entre el Consistorio y la citada firma para que la administración local pudiera adquirir la antigua fábrica de tabacos, que actualmente alberga diversas concejalías--.

El fallo de febrero de 2022 que ahora se respalda anulaba la resolución de 2006 que calificaba la edificabilidad en la parcela de las calles Micer Mascó y Naturalista Arévalo Baca, junto a Tabacalera. Consideraba que no cabía “sumar edificabilidad en las dos parcelas con el fin de obtener financiación para proceder a la expropiación” y añadía que lo aprobado por el consistorio “es contrario al contenido del fallo” del Supremo.

“Es claro que los recurrentes tienen plena legitimación para instar el incidente de ejecución”, precisaba la sentencia que anuló la recalificación. Días después de conocerse esta, se supo que el TSJCV tenía que anular el fallo al no haber citado en el procedimiento a la conselleria y generar indefensión. Ahora se ratifica la sentencia inicial que descarta la recalificación.

Tras conocer el nuevo auto, desde la Concejalía de Desarrollo y Renovación han asegurado que “se trata de la misma sentencia”. “El TSJ la tuvo que repetir por un error procedimental ya que no la habían notificado a la conselleria y esto generaba indefensión”, han apuntado. Así, han dicho que “el TSJ se ha visto obligado por ese error a repetir el procedimiento notificando a las partes” y han insistido en que “la sentencia es la misma”.

En febrero, el consistorio anunció, a través de esta concejalía, su decisión de recurrir el fallo que anula la recalificación de dos para “evitar las indemnizaciones millonarias” que conlleva a partir de la operación urbanística de Tabacalera en 2005.

Como informó elDiario.es, el pleno del pasado mes de octubre aprobó el pago de 6,7 millones de euros a la promotora Guadalmedina en concepto de liquidación del convenio que corresponde a la edificabilidad de la parcela no construida en la calle de Micer Mascó y que se convertirá en un jardín.

A esta cuantía hay que añadir el coste de la expropiación de la mencionada parcela, que podría rondar los 24 millones de euros según las primeras estimaciones.

Ribó: “Conseuencia de un pelotazo”

Preguntado por este asunto, el alcalde, Joan Ribó, ha indicado que “ya había una sentencia del Supremo” y otros fallos “en esta dirección” y ha lamentado que la “derrota” como “consecuencia de un pelotazo” de anteriores gobiernos --en alusión al PP-- se tenga que “pagar entre todos”. “Ya hablé con la gente de Penyaroja. Entendía sus preocupaciones y problemas y creo que se ha solucionada de manera razonada”, ha agregado.

La Asociación de Vecinos de Penyaroja, que recuerda que nació en 2019 en “lucha contra la recalificación ilegal”, ha celebrado que se avale su “derecho frente a las pretensiones municipales” y que el nuevo auto resuelva “el incidente de ejecución de sentencia interpuesto” por afectados por la recalificación.

“Este auto reitera el fallo anterior dictado el 8 de febrero de 2022, que fue anulado a consecuencia del recurso interpuesto por la Generalitat y apoyado por el Ayuntamiento que aducía como motivo un defecto formal de notificación” a la administración autonómica y alegaba “indefensión”, ha detallado en un comunicado.

La asociación ha repetido que “ese recurso fue una actuación completamente irresponsable de la administración que ha dilatado la resolución de este procedimiento y que no ha impedido que el juzgador se reiterase en su inicial consideración”.

Así, ha valorado que auto anule el acuerdo del pleno municipal sobre “el cambio de calificación” de las mencionadas parcelas. “Es nulo el acuerdo del cambio de calificación tal y como se ha defendido en el escrito de interposición del incidente”, ha insistido la entidad, que ha destacado que se recoge “la pretensión principal de los vecinos”.

La asociación ha precisado que “queda pendiente de resolver el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra todo el plan” y ha lamentado “la actitud soberbia y despótica de la titular de Urbanismo --y vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez--”, además de considerar que esta “podría haber evitado este fallo judicial mediante un acuerdo con los vecinos, a los que se negó si quiera a escuchar”.

El colectivo vecinal ha agradecido a “asociados, simpatizantes y amigos de esta causa su esfuerzo y perseverancia para mantener” la “posición contra una decisión municipal contraria a sus derechos como ciudadanos”.

Además, ha exigido una “reparación pública” con “una disculpa de la titular de Urbanismo por la incertidumbre en la que han vivido durante todos estos años los vecinos directamente afectados”, así como que “se ejecuten las inversiones que el barrio necesita: cambio a socio-sanitario de una de las parcelas afectadas, ejecución urgente del centro de salud, el jardín de Tres de abril y el centro sociocultural”.