El PP de València reconoce que ignoró el informe del secretario municipal que avala el centro de datos de los Docks

El equipo de Gobierno local del PP que encabeza la alcaldesa de València María José Catalá ha reconocido que a pesar de tener constancia del informe del secretario municipal que avala el uso del edificio de los Docks como centro de datos, lo ignoró acogiéndose al de la Abogacía del Estado encargado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para justificar la anulación de la adjudicación del concurso a la empresa valenciana Sineasen.

En respuesta a las críticas de Compromís y del PSPV tras publicar en exclusiva elDiario.es el mencionado informe de los servicios jurídicos municipales, los populares han explicado que “el citado informe forma parte del expediente y es conocido por los interesados en tal expediente”. En cambio, critica que “no formaba parte del expediente el informe de la Abogacía del Estado de 18 de abril de 2023, que ni Joan Ribó ni Sandra Gómez se preocuparon por conocer, a pesar de que la petición de tal informe fue revelada a Joan Ribó por la carta que le dirigió el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, el 30 de enero de 2023”.

Efectivamente, como publicó este diario, en respuesta a aquella carta el entonces alcalde, Joan Ribó, advirtió de que si la APV procedía a recuperar los edificios cedidos a la ciudad acudiría a los juzgados, precisamente esgrimiendo el informe del secretario municipal que el PP reconoce haber ignorado.

En su respuesta a la oposición, el actual equipo de gobierno ha añadido que solicitó “a principios de julio a la Autoridad Portuaria de Valencia una copia del informe de la Abogacía del Estado de 18 de abril de 2023 y la incorporó al expediente”, informa al que se acoge para tumbar la adjudicación.

Los populares han insistido nuevamente en que “los informes de la Abogacía del Estado son los que motivaron que el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia advirtiera a Joan Ribó de que, de concluirse la operación prevista sobre Los Docks, la Autoridad Portuaria podría ejercer el derecho de reversión que legalmente ostenta sobre dicho edificio, de forma que el Ayuntamiento perdería su propiedad”, algo que rebate el informe de los servicios jurídicos municipales con abundante jurisprudencia (ver documento completo al final de la información).

Según el PP, “esto supondría someter los Docks y, en general, todos los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento en La Marina, que fueron cedidos gratuitamente por la Autoridad Portuaria de Valencia, a las consecuencias imprevisibles de un largo y complejo proceso judicial, que podría haber desembocado en la pérdida de tales bienes por el Ayuntamiento”, algo que también niega el secretario municipal.

El actual equipo de gobierno ha rechazado “esta política de disenso y confrontación que prefieren Joan Ribó y Sandra Gómez, que durante los ocho años que han ostentado responsabilidades de gobierno no han querido o sabido dar a La Marina de Valencia una estabilidad jurídica y han preferido mantenerse siempre en una precaria provisionalidad”.

En definitiva el equipo de gobierno popular “es partidario de lograr una solución para La Marina de Valencia que dé estabilidad jurídica a esta espacio clave para el desarrollo de Valencia”.

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