El PSPV apunta que un funcionario forzó incluir que la promotora del pelotazo de las VPP de València no hubiese comercializado las viviendas

Un técnico del Ayuntamiento de València forzó que en los pliegos de contratación para las permutas de vivienda protegida se incluyera una cláusula que impidiera su comercialización previa. El informe de un funcionario del consistorio advirtió que no se había tenido en cuenta esta condición y planteó que quedara reflejada en el contrato, para evitar casos como el que ha denunciado el PSPV.

Los socialistas llevarán a Fiscalía el acuerdo por el que el gobierno de PP y Vox intercambia cuatro solares públicos por 39 viviendas construidas, ante las denuncias de familias que habían hecho una reserva sobre plano. El PSPV estima que puede haber una falsedad documental y un incumplimiento de las cláusulas porque la promotora suscribió una declaración responsable para manifestar que las viviendas no se habían comercializado, cuando ya habían recibido una señal.

“El Partido Popular le regaló suelo público a una promotora privada para construir 250 viviendas a cambio de solo 39. Hablamos de 39 viviendas para las que ya se había seleccionado a 39 familias que cumplían con las condiciones para acceder a una vivienda de protección oficial y a las que finalmente se las arrebataron”, denunció el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan. El edil de la oposición señala que “tuvo que ser un funcionario el que les obligó a situarla en un nuevo pliego tras redactar un informe sobre las deficiencias que había localizado en el primer borrador que había redactado el gobierno municipal”. Para el responsable socialista, “la empresa cometió un delito engañando al ayuntamiento presuntamente, pero el propio Partido Popular tenía la intención ya inicialmente de retirar esa condición para que empresas como esta, o mejor dicho, a lo mejor solo esta, fuera la destinataria de ese pelotazo que hemos destapado desde el Partido Socialista”.

Urbanismo insiste en que el proceso es legal

La concejalía de Urbanismo admite que se incluyó esta condición después del informe de un técnico, y consideran que es algo perfectamente normal. El edil del ramo, Juan Giner, ha enfriado la operación en una rueda de prensa este viernes, donde ha apuntado que, si se observa alguna irregularidad, se revisará el proceso, paralizando la adjudicación si es necesario.

Con todo, el consistorio que dirige María José Catalá insiste en que la operación es legal y que el edificio, según la declaración responsable de la constructora, está libre de cargas. Giner ha apuntado que no ha llegado ninguna denuncia ni reclamación al Ayuntamiento de afectados con derechos sobre las viviendas. No obstante, apuntan fuentes municipales, se paralizará la adjudicación de los pisos cuando estén acabados en caso de que algún vecino tenga derecho sobre alguna de las viviendas, pero de momento no nos consta que sea así.

Un negocio millonario

En esta permuta, la constructora cambia un edificio de 39 viviendas protegidas en Patraix, que tiene un valor de 9,5 millones de euros, por cuatro solares donde poder construir vivienda protegida de promoción privada, que tienen un valor estimado de 7,9 millones de euros en su conjunto. Dada la aparente pérdida, el Ayuntamiento acordó compensar a la promotora con la diferencia de valor, lo que se traduce en algo más de 1,5 millones de euros, según consta en la documentación del contrato. El valor de los inmuebles protegidos roza los 53 millones de euros, atendiendo a los metros cuadrados edificables.