El Tribunal Administrativo inadmite un recurso contra las obras del entorno de la ZAL, pero la legalidad del recinto sigue sin resolverse

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, no ha admitido el recurso presentado por la asociación Per L’Horta ante el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València del 30 de abril de 2020 -hace ya un año- que otorgaba la licencia al proyecto de medidas correctoras para la recepción municipal de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València presentado por Valencia Plataforma Intermodal y Logística SA.

Según ha informado este jueves la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), esta es la tercera vez que se rechaza alguna de las apelaciones que esta asociación ha interpuesto contra las obras de la ZAL del Puerto de València. Anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) denegó dos veces los recursos de Per l’Horta de suspensión cautelar de la ZAL. Además, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València también denegó un recurso que pretendía paralizar este plan de adecuación del entorno de la ZAL presentado por esta Asociación.

Esta resolución no afecta al recurso contencioso administrativo que puso la plataforma 'Horta és Futur, No a la ZAL' en febrero de 2019 contra el decreto que ha aprobado el Plan Especial de la ZAL y contra las determinaciones del Plan de Acción Territorial de l'Horta que obvian la protección de esta zona estratégica para el territorio valenciano.

Una causa que debe resolver la legalidad del nuevo plan urbanístico diseñado por el Gobierno valenciano para dar cobertura a la ZAL, despues de que tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat en el año 2013, y después por el Supremo en 2015 lo declararan ilegal por irregularidades urbanísticas, motivo por el cual nunca ha llegado a funcionar 24 años después de su construcción.

Reparación de desperfectos

Según la APV, en esta ocasión, el TACRC no ha admitido el recurso de la asociación contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València, que fue luego ratificado por el pleno, que daba luz verde al inicio de las obras de acondicionamiento de la ZAL.

Estos trabajos consisten en la reparación de los desperfectos originados por el no uso de las instalaciones de la ZAL del Puerto de Valencia, y son necesarias para la recepción de la actuación por parte del Ayuntamiento de València. Las obras de reparación (medidas correctoras) se licitaron por parte de SEPES, en junio de 2020 por importe de 5.323.665,22€ (IVA incluido) y se adjudicaron en noviembre del mismo año por un valor de 3.288.428,01 € (IVA incluido) y por un plazo de ejecución de 10 meses a la UTE formada por ELIT (grupo PAVASAL) y Áreas Infraestructuras.

Las obras, que según la APV contribuirán a la recuperación económica y a la creación de empleo y riqueza, estarían ya en ejecución si la adjudicación no hubiera sido recurrida ante el TACRC. Con esta resolución, el SEPES ya puede activar el contrato con la empresa adjudicataria para comenzar las obras. En concreto, el proyecto contempla la reparación y puesta a punto del saneamiento, firmes y pavimentos, jardinería y riego y alumbrado de la ZAL.

En este sentido, VPI Logística ha adjudicado cuatro parcelas de la ZAL a las empresas Grupo Raminatrans, QA Pimba, MSC y Medlog Iberia, firmas que presentaron sus ofertas y optaron al derecho de superficie para desarrollar sus proyectos empresariales en las instalaciones de la plataforma logística, pese a que la justicia aún no se ha pronunciado sobre la legalidad del Plan Especial.

Estas empresas tienen previsto invertir, conjuntamente, 73,4 millones de euros que permitirán la creación de 1.518 empleos (188 directos y 1.330 indirectos). Además, estas firmas se comprometen a contratar a parados de larga duración y a personas en riesgo de exclusión social. En todos los casos, los proyectos empresariales presentan un fuerte componente ecológico, ya sea por la instalación de complejos sistemas de ahorro energético y plantas fotovoltaicas o por el compromiso de no contratar suministro eléctrico procedente de combustibles fósiles.