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Pagos en efectivo: ¿cuál es el límite máximo y cómo se penaliza el no cumplirlo?

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En los últimos tiempos, las nuevas tecnologías y sobre todo la pandemia de COVID-19 han hecho que los pagos en efectivo -que hasta hace poco se imponían en la mayoría de las operaciones- hayan perdido bastante terreno a favor del uso de las tarjetas bancarias y sistemas electrónicos.

Sucede que, además de la comodidad que representan los nuevos medios de pago y de la versión que circuló al comienzo de la pandemia de que el coronavirus podía contagiarse por el contacto con superficies, el Gobierno de España ha tomado medidas para desincentivar aún más el tradicional intercambio de billetes y monedas.

La más importante de esas decisiones fue la reducción del límite máximo para pagos en efectivo, que desde julio del año pasado es de 1000 euros. Así quedó establecido por la ley 11/2021 “de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal”, que modificó ese tope (que era de 2.500 euros desde 2012).

Este máximo afecta a todas las transacciones “en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional”. Quedan fuera de esta restricción, por lo tanto, los pagos entre particulares y aquellos realizados en entidades financieras.

Como consecuencia, las operaciones por montos iguales o superiores a 1000 euros deben realizarse por transferencia bancaria o bien por alguno de los sistemas ya mencionados: tarjetas o aplicaciones para teléfonos móviles o tabletas.

¿Qué pasa si pago en metálico más de lo permitido?

La ley prevé, para quienes excedan ese límite, una multa equivalente al 25% del monto pagado en efectivo. Hacienda puede aplicársela a ambas partes, tanto al pagador como al receptor del dinero, tal como explica un artículo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Cualquiera de ambas partes, por cierto, queda exenta de responsabilidad si denuncia a la otra dentro de los tres meses siguientes a la operación. Es decir, obligará a la otra persona a pagar la multa, pero ella misma no tendrá que hacerlo.

Hay algunas especificaciones que conviene tener presentes. Primero, el hecho de que el límite regula la suma total de la transacción, y esta no se puede fraccionar. Es decir, si la operación es por 2.000 euros, el pagador no puede optar por entregar 999 euros en efectivo y 1001 a través de otro medio. Todo el pago debe efectuarse por esta otra vía.

Por otro lado, cuando la ley habla de “efectivo” alude en realidad a todos los medios de pago que no permiten acreditar la identidad del pagador. Se incluyen, por ende, los pagos con oro u otros metales, cheques de viaje, cheques al portador, etc. Y desde luego también “su contravalor en moneda extranjera”, como señala el texto de la ley.

El límite de 1000 euros entró en vigor el 11 de julio de 2021 y rige todos los pagos realizados desde entonces, incluso los correspondientes a operaciones cerradas antes de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado.

Para el Banco Central Europeo, un límite demasiado bajo

En la España de antes de la pandemia, hasta el 87% de los pagos en los puntos de venta se realizaban en efectivo. El promedio europeo era del 79%, con Suecia a la cabeza: apenas una de cada cinco operaciones se pagaban en metálico en ese país nórdico, el cual planificaba operar “sin efectivo” ya el año que viene.

Algo más de dos años y una pandemia después, el 79% de la población española ya utiliza sistemas de pago electrónicos, según una encuesta de la OCU. Los medios más populares son Bizum (un 63% de las personas lo había empleado en el último año), las plataformas tipo Pay Pal (45%) y las apps como Apple Pay y Google Pay (28%).

Sin embargo, no todo es positivo. En un informe publicado en marzo, el Banco Central Europeo (BCE) calificó de “desproporcionado” el límite de 1000 para las transacciones en metálico, pues considera que “tal reducción tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros”.

“Además -añade el organismo- este límite del pago en efectivo reduce significativamente la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago”.

El BCE también considera “desproporcionadamente elevada” la multa del 25% del monto de la operación para quienes superen el límite establecido. Y critica por “discriminatoria” la diferencia que la ley marca entre las personas que tienen domicilio fiscal en España y las que no, pues en el caso de estas últimas el límite para pagos en efectivo es mucho mayor: 10.000 euros.

Las ventajas del efectivo

La autoridad bancaria europea basa sus opiniones en las ventajas de operar con dinero en metálico, el cual -explica- “sigue siendo muy importante para determinados grupos sociales que, por diversas razones legítimas, prefieren utilizar el efectivo en lugar de otros instrumentos de pago”.

El documento del BCE enumera las siguientes ventajas del efectivo:

  • Es un instrumento de pago que goza de amplia aceptación, es rápido y facilita al pagador el control de su propio gasto.
  • Es un medio de pago que permite a los ciudadanos liquidar operaciones al instante, y el único que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso.
  • Siempre está disponible, pues no requiere una infraestructura técnica operativa ni inversiones relacionadas con ella. Esto es, no resulta afectado por cortes de suministro eléctrico o fallos de los sistemas de pago electrónico.
  • No está sujeto a los límites de pago diarios o semanales determinados por las entidades que ofrecen servicios de pago.
  • Facilita la inclusión del conjunto de la población en la economía, al permitirle liquidar de este modo cualquier operación financiera. El BCE enfatiza que el efectivo es un medio de pago esencial para la tercera edad, las personas inmigrantes o con alguna discapacidad, los ciudadanos socialmente vulnerables y aquellos con acceso limitado a los servicios digitales.

Es por todo esto que el Banco de España procura que la distribución del efectivo en el país sea “fluida y adecuada”, algo de especial importancia sobre todo en las zonas rurales (“la España vaciada”) en las que miles de sucursales bancarias y cajeros automáticos han desaparecido en los últimos tiempos.

En cualquier caso, más allá de las críticas del BCE y de lo que pueda ocurrir en el futuro, la limitación de 1000 euros para pagos en efectivo está vigente. Y conviene hacerle caso, para evitar las importantes sanciones.

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En los últimos tiempos, las nuevas tecnologías y sobre todo la pandemia de COVID-19 han hecho que los pagos en efectivo -que hasta hace poco se imponían en la mayoría de las operaciones- hayan perdido bastante terreno a favor del uso de las tarjetas bancarias y sistemas electrónicos.

Sucede que, además de la comodidad que representan los nuevos medios de pago y de la versión que circuló al comienzo de la pandemia de que el coronavirus podía contagiarse por el contacto con superficies, el Gobierno de España ha tomado medidas para desincentivar aún más el tradicional intercambio de billetes y monedas.

La más importante de esas decisiones fue la reducción del límite máximo para pagos en efectivo, que desde julio del año pasado es de 1000 euros. Así quedó establecido por la ley 11/2021 “de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal”, que modificó ese tope (que era de 2.500 euros desde 2012).

Este máximo afecta a todas las transacciones “en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional”. Quedan fuera de esta restricción, por lo tanto, los pagos entre particulares y aquellos realizados en entidades financieras.

Como consecuencia, las operaciones por montos iguales o superiores a 1000 euros deben realizarse por transferencia bancaria o bien por alguno de los sistemas ya mencionados: tarjetas o aplicaciones para teléfonos móviles o tabletas.

¿Qué pasa si pago en metálico más de lo permitido?

La ley prevé, para quienes excedan ese límite, una multa equivalente al 25% del monto pagado en efectivo. Hacienda puede aplicársela a ambas partes, tanto al pagador como al receptor del dinero, tal como explica un artículo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Cualquiera de ambas partes, por cierto, queda exenta de responsabilidad si denuncia a la otra dentro de los tres meses siguientes a la operación. Es decir, obligará a la otra persona a pagar la multa, pero ella misma no tendrá que hacerlo.

Hay algunas especificaciones que conviene tener presentes. Primero, el hecho de que el límite regula la suma total de la transacción, y esta no se puede fraccionar. Es decir, si la operación es por 2.000 euros, el pagador no puede optar por entregar 999 euros en efectivo y 1001 a través de otro medio. Todo el pago debe efectuarse por esta otra vía.

Por otro lado, cuando la ley habla de “efectivo” alude en realidad a todos los medios de pago que no permiten acreditar la identidad del pagador. Se incluyen, por ende, los pagos con oro u otros metales, cheques de viaje, cheques al portador, etc. Y desde luego también “su contravalor en moneda extranjera”, como señala el texto de la ley.

El límite de 1000 euros entró en vigor el 11 de julio de 2021 y rige todos los pagos realizados desde entonces, incluso los correspondientes a operaciones cerradas antes de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado.

Para el Banco Central Europeo, un límite demasiado bajo

En la España de antes de la pandemia, hasta el 87% de los pagos en los puntos de venta se realizaban en efectivo. El promedio europeo era del 79%, con Suecia a la cabeza: apenas una de cada cinco operaciones se pagaban en metálico en ese país nórdico, el cual planificaba operar “sin efectivo” ya el año que viene.

Algo más de dos años y una pandemia después, el 79% de la población española ya utiliza sistemas de pago electrónicos, según una encuesta de la OCU. Los medios más populares son Bizum (un 63% de las personas lo había empleado en el último año), las plataformas tipo Pay Pal (45%) y las apps como Apple Pay y Google Pay (28%).

Sin embargo, no todo es positivo. En un informe publicado en marzo, el Banco Central Europeo (BCE) calificó de “desproporcionado” el límite de 1000 para las transacciones en metálico, pues considera que “tal reducción tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros”.

“Además -añade el organismo- este límite del pago en efectivo reduce significativamente la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago”.

El BCE también considera “desproporcionadamente elevada” la multa del 25% del monto de la operación para quienes superen el límite establecido. Y critica por “discriminatoria” la diferencia que la ley marca entre las personas que tienen domicilio fiscal en España y las que no, pues en el caso de estas últimas el límite para pagos en efectivo es mucho mayor: 10.000 euros.

Las ventajas del efectivo

La autoridad bancaria europea basa sus opiniones en las ventajas de operar con dinero en metálico, el cual -explica- “sigue siendo muy importante para determinados grupos sociales que, por diversas razones legítimas, prefieren utilizar el efectivo en lugar de otros instrumentos de pago”.

El documento del BCE enumera las siguientes ventajas del efectivo:

  • Es un instrumento de pago que goza de amplia aceptación, es rápido y facilita al pagador el control de su propio gasto.
  • Es un medio de pago que permite a los ciudadanos liquidar operaciones al instante, y el único que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso.
  • Siempre está disponible, pues no requiere una infraestructura técnica operativa ni inversiones relacionadas con ella. Esto es, no resulta afectado por cortes de suministro eléctrico o fallos de los sistemas de pago electrónico.
  • No está sujeto a los límites de pago diarios o semanales determinados por las entidades que ofrecen servicios de pago.
  • Facilita la inclusión del conjunto de la población en la economía, al permitirle liquidar de este modo cualquier operación financiera. El BCE enfatiza que el efectivo es un medio de pago esencial para la tercera edad, las personas inmigrantes o con alguna discapacidad, los ciudadanos socialmente vulnerables y aquellos con acceso limitado a los servicios digitales.

Es por todo esto que el Banco de España procura que la distribución del efectivo en el país sea “fluida y adecuada”, algo de especial importancia sobre todo en las zonas rurales (“la España vaciada”) en las que miles de sucursales bancarias y cajeros automáticos han desaparecido en los últimos tiempos.

En cualquier caso, más allá de las críticas del BCE y de lo que pueda ocurrir en el futuro, la limitación de 1000 euros para pagos en efectivo está vigente. Y conviene hacerle caso, para evitar las importantes sanciones.

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Sucede que, además de la comodidad que representan los nuevos medios de pago y de la versión que circuló al comienzo de la pandemia de que el coronavirus podía contagiarse por el contacto con superficies, el Gobierno de España ha tomado medidas para desincentivar aún más el tradicional intercambio de billetes y monedas.