Un falso debate

La sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo y la endiablada coyuntura nacional e internacional en que se ha producido dicha sustitución ha conducido a que el Senado ocupe un lugar en la agenda política que nunca ha tenido, salvo en la malhadada aplicación del artículo 155 de la Constitución en el otoño de 2017.

Que nunca ha tenido y que nunca debería tener. El Senado es una cámara materialmente anticonstitucional, aunque no lo sea formalmente porque fue el propio constituyente el que la incluyó en la Constitución, reproduciendo la configuración que le proporcionó la Ley para la Reforma Política, última de las Leyes Fundamentales del Régimen nacido de la Guerra Civil. El Senado de la Constitución es el Senado de la Ley para la Reforma Política con la sustitución de los senadores de designación real por los senadores designados por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas. Es un Senado “provincial”, que entra en contradicción con la definición constitucional del mismo en el artículo 69 de la Constitución, además de chocar frontalmente con el principio de igualdad, ya que todas las provincias tienen el mismo número de senadores independientemente de su población. En una Cámara de esta naturaleza no se debería celebrar ningún debate político-constitucional digno de tal nombre. Pero ahí está, sin que se vislumbre en el horizonte ningún proyecto de reforma.

Cierro el paréntesis y continúo con la argumentación del asunto del que quiero ocuparme, que no es otro que el del debate previsto para este martes, en el que por segunda vez debatirá Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo, aunque no solamente con este, ya que tendrá que hacerlo también con los portavoces de las demás fuerzas políticas representadas en el Senado.

Las condiciones en las que tiene que celebrarse el debate, porque así lo imponen la Constitución y el Reglamento del Senado, lo desnaturalizan políticamente. La posición del presidente del Gobierno es tan preeminente con respecto no solamente a Alberto Núñez Feijóo sino a todos los demás participantes, que es imposible que tenga la más mínima presencia en el debate el principio de “igualdad de armas”. El debate no puede no ser un debate desequilibrado. 

Algo del desequilibrio podría corregirse si la Junta de Portavoces acordara dirigirse a la Mesa del Congreso para que se hiciera todo lo posible por flexibilizar la aplicación del Reglamento y se posibilitara de esta manera reducir algo la posición de preeminencia del presidente del Gobierno. Pero con el desequilibrio no se puede acabar. El debate será un debate desequilibrado.

Si Alberto Núñez Feijóo quiere dirigirse al pueblo español para transmitirle “su” programa de gobierno para la situación dramática a la que tenemos que enfrentarnos tanto dentro de nuestras fronteras como también dentro de las fronteras de la Unión Europea, no tiene otra opción que la presentación de una moción de censura.

Con este formato, Núñez Feijóo ocuparía la tribuna del Congreso de los Diputados como candidato a la presidencia del Gobierno y ocuparía una posición simétrica a la que ocupa el presidente del Gobierno en todos los debates parlamentarios. En el debate con los portavoces de todos los grupos parlamentarios tendría la oportunidad de hacer visible y contrastar su proyecto de dirección política del país delante de todos los ciudadanos, ya que sería un debate televisado en directo.

La moción de censura comporta riesgos. Puede convertirse en una plataforma para llegar a la presidencia del Gobierno, como le ocurrió a Felipe González en 1980. O puede convertirse en todo lo contrario, como le ocurrió a Hernández Mancha en 1987. Prescindo de las referencias a las otras dos mociones de censura, la de Pedro Sánchez y Santiago Abascal, porque, en mi opinión, se produjeron en circunstancias completamente distintas a aquellas en las que nos encontramos.

Esto es lo que Núñez Feijóo tiene que calibrar. ¿Se siente en una posición similar a la de González o se considera más próximo a la posición de Hernández Mancha? ¿Cree que, aunque no obtenga los votos necesarios para que la moción de censura sea aprobada, hará calar en la población española su “condición” de presidente de Gobierno? ¿Ganará credibilidad como potencial candidato a la presidencia del Gobierno? ¿O teme que no tenga ese efecto ante la opinión pública y quede más bien descalificado como candidato para el futuro?

Estos son los interrogantes que se están formulando los ciudadanos, a los que Núñez Feijóo tiene que dar respuesta. Y digo tiene, porque no puede no darla. 

Veremos.