El indulto es peor solución que la amnistía

La aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017 marcó una línea divisoria en la evolución que había seguido el sistema político desde la primera legislatura constitucional. En realidad, la línea divisoria tiene su origen en las elecciones generales de diciembre de 2015 y en las posteriores de julio de 2016. En ellas ya se hace visible el impacto de lo que venía ocurriendo en Catalunya desde 2010 y, sobre todo, desde 2012. La ingobernabilidad que se había ido abriendo camino en Catalunya tras el terremoto que supuso la sentencia sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, se extendió al sistema político español en 2015-2016. Hubo que repetir elecciones ante la imposibilidad de investir a un candidato propuesto por el Rey como presidente del Gobierno con el resultado de las elecciones de 2015. Y se invistió a Mariano Rajoy con base en el resultado de las elecciones de 2016, pero gracias a la abstención del PSOE, configurándose de esta manera una mayoría de investidura ficticia, que no era simultáneamente mayoría de gobierno.

En estas condiciones se decidió la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017. Un Gobierno sin autoridad, que malamente podía dirigir el Estado, no podía pretender dirigir Catalunya. Y de ahí que optara por no intentarlo siquiera y encargara a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo la respuesta que el Estado debía dar al nacionalismo catalán. El resultado del encargo es sobradamente conocido.

La ausencia de autoridad del Gobierno presidido por Mariano Rajoy se pondría de manifiesto con la aprobación de la moción de censura en 2018, que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. La moción de censura supuso un rechazo implícito de la aplicación que se había hecho del artículo 155 y de las consecuencias de dicha aplicación. 

Ese rechazo implícito se convertiría en explícito en las dos elecciones generales celebradas en 2019, las del 28A y las del 10N. El 155 fue la clave del resultado electoral en ambas. En ambas se rechazó lo que se sabía que ocurriría con seguridad si triunfaban las “tres derechas” y conseguían formar gobierno. Pues los dirigentes de PP, Ciudadanos y Vox no ocultaron que aplicarían el 155 inmediatamente después de formar gobierno. 

La misma mayoría contraria a esa política del 155 que se expresó en la votación de la moción de censura en 2018, se reprodujo en 2019. Y se está manteniendo, como acabamos de ver en la votación de los Presupuestos Generales del Estado, en la ley de eutanasia y en la ley Celaá. La mayoría contraria a convertir el artículo 155 en la constitución territorial para Catalunya es amplia y consistente. Una unidad de España con base en la negación de la autonomía y en la persecución penal del nacionalismo catalán no cuenta con el apoyo de la mayoría del país. 

La composición del Congreso de los Diputados es la mejor expresión de la mayoría que existe en el país en lo que a la constitución territorial se refiere. No solamente en lo tocante a ello, pero sí muy especialmente en este terreno. El 155 ha aglutinado a las “derechas”, pero también a todos los demás en la dirección contraria. 

Esto es lo que, en mi opinión, el Gobierno debería entender y sacar la conclusión pertinente. No es solamente el Gobierno el que tiene que ocuparse de que las relaciones entre el Estado y Catalunya vuelvan al ámbito de la política y se abandone el ámbito de los tribunales de justicia. Tienen que ser todos los partidos que representan a los ciudadanos de todas las “nacionalidades y regiones” que rechazaron con su voto el 155, los que deben participar también en que vuelva a la política lo que nunca debió salir de ella. 

En consecuencia, no es el Gobierno mediante la concesión de indultos, sino las Cortes Generales mediante la aprobación de una ley de amnistía, las que tienen que tomar la decisión. E introducir después todas las reformas legislativas que sean necesarias, a fin de que las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas puedan desarrollarse en un marco normativo más apropiado que el que ahora mismo tenemos. 

Pedro Sánchez es presidente del Gobierno porque una mayoría contraria al 155 aprobó una moción de censura y ha reproducido el resultado en dos elecciones generales. Esa misma mayoría parlamentaria es la que tiene que acabar la tarea y hacer que las aguas vuelvan al cauce de donde nunca debieron salir. El indulto del Gobierno es peor solución que la amnistía mediante Ley de las Cortes Generales.

Hay que volver a hacer política territorial. Ello exige poner fin a las consecuencias de la aplicación del artículo 155. Eso ni puede ni debe hacerlo solo el Gobierno. Es tarea de las Cortes Generales.