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Un poder judicial omnímodo

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Carlos Lesmes y Felipe VI.

El comunicado que ayer dio a conocer la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acerca de las declaraciones realizadas en una entrevista por el Vicepresidente Segundo del recién constituido Gobierno indica la línea política que va a seguir el Poder Judicial a lo largo de los próximos cuatro años.

Por más que, de entrada, se expresara su malestar "desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión", sin embargo, "la Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial".

Es decir, se reconoce un derecho fundamental, pero poco, solo lo mínimo, que no incluya un "cuestionamiento" acerca de la independencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros del Poder Judicial.

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En rebeldía

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Los acusados, durante el juicio.

Desde hace más de dos años venimos insistiendo en que la judicialización de la política, y especialmente, del conflicto con Catalunya no es más que un error. Además, dejar tal tema en manos de los tribunales no sólo es una anomalía democrática sino, también, abre las vías para una más que segura errónea aplicación del Derecho porque la que se haría, y el tiempo nos ha dado la razón, sería contraria al derecho de la Unión Europea que, por definición, es el derecho que ha de prevalecer en España por mucho que le moleste a los neoconstitucionalistas. Es decir, a aquellos que ahora se arropan con la Constitución, pero justamente, lo hacen para desnaturalizarla si no destruirla.

Han bastado dos demandas y una cuestión prejudicial para poner en evidencia, de una parte, que teníamos razón y, de otra, que las altas instancias jurisdiccionales españolas viven de espaldas no ya a la realidad sino al prevalente derecho europeo. Cuando digo "prevalente" lo hago en función de lo establecido en los tratados firmados y ratificados por España que hablan, claramente, del principio de "prevalencia" y cuya aplicación viene también recogida en el "derecho patrio", si es que este término se puede usar, al estar específicamente establecido así en el art. 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual "Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Ahora bien, como parece que en el Tribunal Supremo existe algún tipo de confusión sobre estos temas de derecho comunitario, también en otros sectores de la administración y en muchos "opinólogos", conviene tener en consideración algunos extremos relevantes.

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El auge de la extrema derecha, el conflicto y la simpatía

Un militante de Falange Española y de las JONS durante una concentración frente a la Guardia Civil

La semana pasada, el amigo Sebastián Martín publicaba el artículo "Revolución inminente y Ley de Murphy", con el que contestaba un artículo previo mío. En su texto, Martín muestra su disconformidad con la idea de que el conflicto sea una de las estrategias posibles del independentismo para intentar lograr arrancar un referéndum. Según él, por un lado, ello perjudica a todos porque da alas a la extrema derecha. Y, por otro, tampoco sería útil al independentismo que lo que debería hacer si quiere un referéndum no es confrontar sino "sembrar simpatías" en los españoles.

Entiendo que Martín esté preocupado de que se pierda otra oportunidad de conformar un gobierno PSOE-UP y desee que ERC lo facilite. Sin duda, entre el primero y un gobierno de la derecha yo también prefiero el primero. No obstante, lo que me ha sorprendido conociendo la rigurosidad, profundidad y carácter crítico que suelen caracterizar los textos de Sebastián, es que cuando al tema catalán se refiere, pudiendo usar múltiples argumentos transformadores y críticos para defender su opción, que los hay, no sea capaz más que de reproducir lugares comunes tramposos, conservadores, construidos sobre la falacia liberal superada hace más de un siglo y "españolocentristas" acerca del movimiento republicano catalán y su estrategia. Y me detengo en ello.

Los tres argumentos sobre los que fundamenta su posición: 1. La agudización del conflicto por parte del independentismo da alas al neofascismo; 2. Pudiendo tener un gobierno "de izquierdas", defender el conflicto sería un resorte anarquista que apuesta por el "cuanto peor mejor"; y, 3. Si los catalanes quieren un referéndum, lo que deberían hacer no es confrontar sino "sembrar simpatías".

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Revolución inminente y Ley de Murphy

Gabriel Rufián y Joan Tardà, de ERC.

Recuerdo la estupefacción que sentí cuando supe que el anarquismo español, tan intransigente y beligerante con los nuevos mecanismos de conciliación entre capitalistas y trabajadores puestos en planta por la Segunda República, aceptó, ya en el exilio, diezmadas sus filas y asolada España por la dictadura de Franco, la restauración de la monarquía (en la testa, supongo, de "don Juan") mediante la convocatoria de elecciones constituyentes. Quienes con la promesa de conquistar un paraíso de libertad y autonomía social situado a la vuelta de la esquina habían llevado a su grado máximo el conflicto contra un Estado que se proponía, entre sus prioridades fundamentales, la emancipación política de los trabajadores, terminaron aviniéndose a unos mínimos conservadores para cuya consecución carecían ya de toda fuerza colectiva.

Este recuerdo, con su correspondiente enseñanza, me lo ha traído a la mente la lectura del último artículo de mi admirado amigo Albert Noguera, caracterizado, como todos los suyos, por una rara potencia constructiva y analítica… que corre, sin embargo, el riesgo de convertirse en un ejercicio de maniqueísmo apodíctico y dogmático. Baste para comprobarlo con reparar en la mayor debilidad de su argumentación, localizada en el punto en que establece una relación de causalidad proporcional entre el nivel de ingobernabilidad general alcanzado en el Estado y la posibilidad de cumplir con las expectativas de celebrar un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

Sostiene así que el único modo que tiene "el movimiento independentista" de conseguir que se produzca "algún movimiento de fichas en favor del referéndum" es apostar por lo que llama "la dialéctica de las ingobernabilidades", sumando a la protesta social la "incapacidad del poder" para dotarse de órganos con los que canalizar la voluntad estatal. En este contexto, el dilema que atenaza a ERC consistiría en apoyar el Gobierno de coalición de Sánchez a costa del "cierre temporal del conflicto catalán y la restauración del régimen", o bien en negarle el apoyo con el fin de reactivar "el conflicto catalán" y "agudizar la crisis de régimen", en la esperanza de que una intervención internacional, o la presión de la dirigencia económica, obliguen a la realización de la consulta.

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La decisión de ERC, una decisión epocal

Rufián y Sánchez en el Congreso de los Diputados

La posición de ERC en sus negociaciones con el PSOE no es fácil. Y es que su decisión de apoyar o no la investidura de Pedro Sánchez constituye, sea la que sea, lo que podemos llamar una "decisión epocal". Esto es, creadora de una nueva época o ciclo en el sí del régimen del 78 que puede darse en forma de cierre temporal del conflicto catalán y restauración del régimen o de reconstitución del conflicto catalán y agudización de la crisis del régimen.

Si bien los comunicados públicos de ERC señalan que el objeto de negociación es una mesa de diálogo intergubernamental para buscar una solución política al conflicto catalán, los republicanos son plenamente conscientes de que aunque el PSOE la acepte y se fije un calendario, nunca aceptará acordar en ella un referéndum. En realidad, el objeto oculto de negociación es otro, en concreto: un acuerdo de desactivación de la actual estrategia del independentismo en Catalunya por parte de ERC, a cambio de una modificación de la actitud de la Fiscalía por parte del PSOE. Modificación de la actitud respecto a la no impugnación del tercer grado penitenciario que podría haberse concedido a los presos en cárceles catalanas, así como una suavización de las penas que se pida al resto de presos e investigados catalanes que tienen todavía proceso judicial abierto.

Durante los últimos dos años, la permanente amenaza de una nueva aplicación del art. 155 y de encarcelamiento de cargos públicos electos ha desactivado la estrategia independentista de la unilateralidad institucional como vía de acceso a una República, intentada en 2017. En este contexto, el movimiento republicano catalán sabe que la única opción que tiene para lograr que el Gobierno español reconozca a Catalunya el ejercicio del derecho democrático a la autodeterminación, es generar un nivel tal de estrés o ingobernabilidad al Estado que, fruto de presiones provenientes de distintas direcciones, se vea obligado a reconocérselo. Pero, ¿qué es la ingobernabilidad?

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Bolivia: el golpe negado

Jeanine Áñez.

En la famosa película "Luz de gas" -dirigida por George Cukor en 1944- el protagonista intenta enloquecer a su mujer negando la realidad de su entorno y haciéndole creer que lo que ve o escucha son imaginaciones suyas que no existen o no han sucedido. Tanto efecto ha tenido este film en la cultura, que su título ha pasado a los usos del lenguaje para señalar aquellas situaciones donde se quiere negar a otro algo de la realidad y así convencerlo de lo contrario: hacer "luz de gas". Aggiornando este nombre estaríamos hablando de las fake news de las redes o de la manipulación informativa que desarrollan los mass media. El golpe de Estado que ha tenido lugar actualmente en Bolivia puede considerarse hoy un claro ejemplo de esto.

Se habla de golpe de Estado cuando un grupo -ya sea de militares o de civiles apoyados por estos- toma el poder político de manera abrupta e impide la normal sucesión de un gobierno de acuerdo con las formas democráticas previstas en su Constitución. En el caso de Bolivia, un sector de los ciudadanos ha contado con la colaboración de la policía y más tarde del ejército, lo cual nos permitiría considerarlo como un golpe cívico-militar.

En las elecciones generales bolivianas del 20 de octubre de 2019, Evo Morales obtuvo el 47% de los votos y diez puntos de diferencia con respecto al segundo candidato, Carlos Mesa, es decir, la diferencia necesaria para que no hubiera una segunda vuelta. Durante el recuento se produjo un apagón informativo durante 23 horas, lo cual dio pábulo a denuncias de fraude y a violentas manifestaciones de la ultraderecha que se mantuvieron varios días. Convocada la OEA para analizar la legalidad de las elecciones, esta emitió un informe donde se señalaba la existencia de posibles irregularidades y se aconsejaba por lo tanto una repetición de las mismas. Ante esto, Evo Morales llamó a todos los partidos políticos y convocó nuevas elecciones. La oposición rechazó el diálogo, la policía se amotinó y finalmente el ejército pidió la renuncia del presidente. Dada la violencia desatada y la intromisión del ejército, Evo Morales -en aras de evitar enfrentamientos cruentos en el país- presentó su renuncia, consumándose el golpe. En un parlamento vacío, una nueva presidenta fue ungida como tal por los diputados minoritarios de la oposición. Ya desde el balcón presidencial y con la Biblia como bandera dijo: "Esta biblia es muy significativa para nosotros: nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios".

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El gobierno de coalición como antesala del desastre

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Parece haber una ilusión generalizada entre sectores de la izquierda por el anuncio de un gobierno de coalición PSOE-UP. No pretendo ser aguafiestas pero si analizamos éste acuerdo no de manera inmediatista o ahistórica sino en el contexto en el que se va a producir, nos damos cuenta, primero, que no permitirá implementar ningún cambio estructural en el país. Y segundo, que, a las puertas de una nueva crisis económica en 2020, conduce hacia la sepultura de la izquierda institucional estatal y despeja el camino para que la extrema derecha recoja todo el descontento social. El gobierno de coalición es la antesala del desastre.

La decisión de UP de montarse a un gobierno de coalición en lugar de negociar una investidura y mantenerse fuera del gobierno, muestra su incapacidad para entender el momento económico, el político y el territorial.

La incapacidad de entender el momento económico

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Emergencia climática, emergencia política

Las elecciones generales se acercan en España y ninguna de las grandes problemáticas que afectan de verdad al conjunto de la ciudadanía está sobre la mesa. Llama especialmente la atención la ausencia del debate climático, y más teniendo en cuenta que la situación en la que nos encontramos ya, ahora mismo, en estos precisos instantes, es dramática. A la acumulación de catástrofes naturales se añade la evidencia palmaria a nuestro alrededor de las consecuencias más directas del calentamiento global. Escribo estas líneas a finales de octubre y principios de noviembre en manga corta y mientras el río más cercano, el otro gran Tajo, se ha convertido en apenas un riachuelo desfigurado. La emergencia climática no es un eslogan, es la descripción de una realidad cada vez más amarga y, sobre todo, real.

Las causas de esta catástrofe que ya es actual y no imaginada son de sobra conocidas y todas fácilmente identificables por la acción del ser humano; una acción que se desenvuelve, además, amparada y potenciada por un sistema económico ilógico, tendente a la hiperconcentración y al deterioro de todas las formas de vida. Los muros de nuestra "casa común" se desmoronan delante de nuestros propios sentidos, pero somos incapaces de reaccionar colectivamente, de manera drástica y determinante. Colectivamente, reitero, porque el cambio climático no es un problema individual, sino que afecta al conjunto de las comunidades políticas en las que vivimos quienes habitamos esta gran "casa común" llamada Tierra. Y es un problema que no puede ser tampoco solucionado individualmente, sino a través de la acción común y colectiva, es decir, a través de la política. Aunque sean loables y necesarios los cambios de comportamiento individuales, el freno drástico al cambio climático sólo puede venir dado por la toma de decisiones políticas de envergadura que afecten al corazón del sistema económico.

He aquí la primera clave de la cuestión: únicamente la defensa del bien común, que se identifica en este ámbito con la defensa misma de nuestra supervivencia, puede evitar que la emergencia climática se instale definitivamente y cambie por completo las condiciones mínimas de la vida humana. El compromiso contra el calentamiento global ha de ser también, de este modo, un compromiso político con la dirección del bien común que, hoy por hoy, se residencia esencialmente en el poder político de los Estados y en su concierto internacional. Las conductas aisladas y las muestras individuales de ecologismo no sirven para el objetivo último que se proponen si el sistema político, que es el que de verdad tiene actualmente capacidad de modificar los rumbos colectivos, sigue mirando para otro lado. Ante la emergencia climática de poco vale el aforismo de "soluciones locales a problemas globales": se necesitan soluciones globales a problemas que son también globales. De poco o nada vale, asimismo, el espaciar esas posibles soluciones, en fragmentarlas o graduarlas, porque la emergencia es ya de tal envergadura y actualidad que sólo puede ser enfrentada con medidas correctoras determinantes y decisivas. Y aquí reside la segunda clave.

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Principio de legalidad y arbitrariedad para Catalunya

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Marchena, en una de las sesiones del juicio.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en contra del Procés ha confirmado lo que previmos muchos hace dos años, que la represión no había hecho más que empezar.

Una disparatada querella presentada por el Fiscal General del Estado, en la que se criminalizaba un gran elenco de derechos civiles y políticos, dio comienzo a una situación jurídica inesperada, al mutar el ámbito propio de la desobediencia institucional por los delitos de rebelión y sedición. Por aquellas fechas el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya se hallaba investigando a varios de los hoy condenados –representantes políticos- por delito de desobediencia.

Las iniciativas y leyes aprobadas durante el Procés por el Parlament fueron sucesivamente impugnadas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, quien las anuló una a una. El Tribunal Constitucional apercibió a los responsables políticos de que no debían seguir creando un marco normativo que amparara el proceso soberanista, so pena de incurrir en un delito de desobediencia. Este era el ámbito, por tanto: la comisión de posibles delitos de desobediencia, que prevé una pena de inhabilitación para el cargo público.

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El plan de Pedro Sánchez: extractivismo electoral y Más País

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A medida que avanzan los días parece más evidente el interés de Pedro Sánchez por sabotear un pacto de gobierno con Unidas Podemos y provocar elecciones. La coyuntura que se le abría, con la sentencia del procés entre otros temas, podía ser fuente de conflictos y rupturas en el interior de un gobierno de coalición pero, en cambio, una oportunidad en el marco de una campaña electoral. En esta, el PSOE cree tener el escenario perfecto para matar dos pájaros de un tiro: en la esfera derecha del tablero, llevar a cabo una estrategia de extractivismo electoral que le permita ampliar diputados a costa de Ciudadanos. Y, en la esfera izquierda, debilitar, con la entrada en juego de Mas País, la capacidad negociadora de Unidas Podemos.

El extractivismo es una estrategia económica basada en la explotación de recursos naturales que incluye un aspecto material y otro cultural. A nivel material, implica organizar la economía nacional del país extractivizado según las necesidades de desarrollo de otros países. Los habitantes del primero trabajan para el desarrollo, el consumo y la acumulación de los ciudadanos de los segundos. Y, a nivel cultural, el extractivismo se caracteriza por el desprecio y la idea de que la vida de la gente del país subordinado no vale nada y se puede consumir mediante la explotación intensiva de su trabajo. ¿Le importa lo más mínimo a la gente del norte con móviles las vidas que mueren en las minas africanas del coltán con el que se fabrican sus teléfonos? El consumo de vidas humanas se convierte en medio para la acumulación de los receptores, sin existir sentimiento de culpa por ello.

La relación del PSOE con Catalunya durante la campaña opera como una especie de extractivismo en lo político, un extractivismo electoral aplicado en dos pasos:

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