eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

España, problema de integración constitucional

Pancarta durante el Rodea el Congreso de septiembre de 2012.

Estamos inmersos ahora mismo en el peor de los momentos posibles que se dan en el interior de una crisis: cuando las trompetas de los proclamados victoriosos anuncian el inicio falso de su fin y comienza la indiferencia entre los afectados. Es entonces, es ahora, cuando los coletazos finales de la coyuntura se asientan, cuando cambian los paradigmas de la sociedad y se consolidan las visiones más regresivas. Ni la crisis económica ni la territorial han acabado en España, pero tanto el  neoliberalismo deshumanizador como una  perspectiva unívoca y anti-pluralista de nuestro marco constitucional parecen incrustarse cada día con mayor profundidad en un país hastiado y cansado de tanto atropello.

En el intersticio entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no acaba de nacer, al decir de Gramsci, se sitúa indefinidamente la cuestión territorial española, alargando y profundizando la situación de crisis generalizada en la que nos encontramos y añadiendo un factor diferente, genuino, a la desintegración del Estado Social que vive Europa. Esta particularidad nuestra, la de no haber conseguido aún solucionar y afrontar como se debiera los problemas inherentes a la estructuración territorial del Estado, no es nueva. Ya Ortega, con su peculiar clarividencia, advertía en los prolegómenos de la Segunda República que a diferencia de los franceses, ingleses o alemanes, para el español sigue habiendo un “problema primero, pleno y perentorio: España”. Los debates del pensador en las Cortes y sus discusiones públicas con Azaña son ya parte indiscutible de la historia intelectual y política de nuestro país, y no está nunca de más volver a ellas para dilucidar el alcance de la problemática e intentar desplegar un conjunto de soluciones realistas que le den fin.

Ya sea en el marco republicano o en el actual del 78, el punto de convergencia en torno a lo territorial de las críticas, los defectos, respuestas y demandas es la Constitución. Y es que hay que entender esta no solamente como un instrumento normativo de ordenación jurídica de la vida del país y sus poderes constituidos, sino también, y muy especialmente, como un medio de integración simbólica de la comunidad política. A veces, y sobre todo desde la academia, tendemos a analizar la Constitución bajo una perspectiva exclusivamente legalista y formalista, creyendo que, en este caso, la defectuosa articulación jurídica de nuestro modelo territorial es la única causa que subyace a la crisis desatada. Quienes, a su vez, comparten la visión más reduccionista de esta idea son los que creen encontrar en los tribunales y el Derecho existente la única posible y adecuada solución a la tensión que plantean los nacionalismos.

Seguir leyendo »

Banalización del terrorismo: fase dos

Activistas de los CDR en el Arco del Triumfo de Barcelona

Identificarse con Casandra (la hija de Príamo, no  la tuitera injustamente sometida a persecución penal por un delito de terrorismo y finalmente absuelta por el Tribunal Supremo) siempre implica reconocer la propia irrelevancia, asumir el hecho de no haber sido escuchado, de no haber podido impedir el mal del que se alertaba. Sólo puede quedar la amarga, estéril y pequeña satisfacción de que el tiempo te haya dado la razón. Cabe imaginar que así se siente una parte importante de los penalistas (de la Universidad y del mundo judicial) que  advertimos durante la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 2/2015 –que reformó los delitos de terrorismo– de que el texto propuesto resultaba altamente deficiente desde diversos puntos de vista técnico-jurídicos y político-criminales. Quizás también se sienta Casandra Joan Coscubiela, quien indicó lo que podía llegar a pasar con profética clarividencia (aunque sólo hayan pasado tres años, las cosas han cambiado muchísimo), alertando a los entonces parlamentarios de Convergència i Unió de que lo que pretendían aprobar acabaría siendo usado en su contra en Cataluña.

Ya antes de la radical reforma aprobada por los dos ex-bi-partidos había comenzado un proceso de extensión práctica de la noción legal de terrorismo. Primero fue la ampliación del concepto de terrorismo por vía de la ofensiva judicial del “todo es ETA”, abarcando no sólo la kale borroka –que había sido tratada durante décadas como desórdenes públicos u otros delitos comunes–, sino también al entorno estrictamente político de la organización terrorista. A partir del fin de ETA como organización armada en 2011, comenzó una nueva etapa: en esta fase uno de la banalización del concepto de terrorismo, se trataba sobre todo de rastrear determinadas manifestaciones de opinión escandalosas en la red y someterlas a persecución penal (en particular,  aplicando el art. 578 CP, que castiga  la exaltación del terrorismo y la humillación de las víctimas desde 2000). A pesar de la atención que ha merecido en el debate público y de la justificada crítica que se ha generado desde diversos sectores sociales, políticos y jurídicos, por estar en entredicho la libertad de expresión, esta primera fase puede quedarse en un mero prólogo, en un anuncio de tormenta nada más. En efecto: procesos recientes en los que se ha calificado la conducta investigada como terrorista, como los relativos a los hechos de  Alsasua de 2016 o los de los llamados  “Comités de Defensa de la República” en diversos puntos de Cataluña, pueden implicar entrar en una fase dos de la banalización de los delitos de terrorismo, en la que ya no se trata de atraer al campo de lo terrorista actos de comunicación de diversa índole, sino conductas que pueden ser gravemente delictivas ya de por sí, y que, transformadas en terroristas a través de la nueva y laxísima cláusula de definición del terrorismo del art. 573.1 CP, son susceptibles de ser castigadas con penas severísimas. Parece claro que este tratamiento desorbitado de los hechos desvía la atención de los hechos delictivos realmente cometidos y es susceptible de generar una reacción social muy adversa, contribuyendo a procesos de polarización de la ciudadanía.

Como advertimos en 2015, la nueva fórmula legal puede servir para convertir en terrorismo lo que no lo es – y ahora, con toda la severidad de los delitos de terrorismo. En efecto, formalmente y a primera vista, las conductas enjuiciadas en los dos casos mencionados podrían estimarse delitos de terrorismo después de la reforma de 2015, ya que ahora, el Código Penal, abandonando el anterior concepto legal, que sumaba subversión del orden constitucional y violencia armada, tan sólo prevé una serie de finalidades alternativas (unidas por "o"): subvertir el orden constitucional, afectar a las "instituciones políticas o estructuras económicas o sociales del Estado" u obligar a los poderes públicos a hacer algo o dejar de hacerlo, o alterar la paz pública gravemente, o "desestabilizar" a una organización internacional, o provocar terror en la población o una parte de ella. Si a esta definición tan genérica se suman los delitos comunes que son susceptibles de convertirse en terroristas, se asume que lo sucedido en relación con los llamados CDR es constitutivo de delitos de desórdenes públicos graves, y los hechos de Altsasu se califican como delitos de lesiones y atentado, la subsunción como delitos de terrorismo es posible, aparentemente.

Seguir leyendo »

Corrupción en las aulas

Manifestación de estudiantes de la URJC en protesta por el escándalo del máster de Cifuentes

El escándalo del máster fraudulento de Cristina Cifuentes es tremendamente rico. Desde que el pasado 21 de marzo eldiario.es publicara las primeras informaciones al respecto y a medida que han ido pasando los días, el caso Cifuentes se ha convertido en un curso acelerado sobre corrupción de funcionarios, vanidades intelectuales de políticos, falsificaciones de documentos oficiales, mentiras en sede parlamentaria, desprestigio de instituciones públicas, gestión de crisis políticas, cálculos electorales, teorías de la conspiración y regalo de títulos académicos a políticos.

Uno de los temas que, como es lógico, ha sido debatido con cierta asiduidad estos días ha sido el funcionamiento de las universidades españolas y el nivel de corrupción en estas. Algunos profesores han señalado que el caso de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es excepcional y han hecho hincapié en que la universidad española no es así.[ 1][ 2] Algo de razón tienen. El número de miembros del PP y familiares de estos colocados en esta universidad probablemente no tenga parangón en España[ 3] y en el mundo universitario español era bien conocido que la URJC era "el basurero académico" del PP.[ 4] Creada en 1996 como contrapeso de la Carlos III, controlada por el socialista Gregorio Peces-Barba, la URJC ha estado dirigida, desde sus orígenes, por una serie de rectores con serios problemas con la justicia. Pedro José González Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, fue condenado por perpetuarse ilegalmente en el cargo. Su sucesor, Fernando Suárez Bilbao es un plagiador en serie forzado a dejar su puesto en 2017 por robarle el trabajo intelectual a sus colegas de profesión. El actual rector, Javier Ramos, es el delfín de Suárez Bilbao y ha sido acusado de intentar sobornar a un profesor que en 2010 se opuso a que González Trevijano se presentase por tercera vez a dirigir la universidad[ 5].

Pero, por muy amplios que sean los niveles de injerencia de políticos en la URJC, lo cierto es que el caso de la universidad madrileña no es único. La connivencia entre políticos y profesores es una constante en las universidades españolas. Hace más de un quinquenio que Clara Eugenia Núñez, exdirectora general de Universidades en la Comunidad de Madrid, denunciaba que gran parte de los males que acechaban a la enseñanza superior española tenían su origen en las relaciones personales instauradas entre políticos y el lobby universitario[ 6]. En ocasiones estas relaciones tienen como origen la mera vanidad del político de turno. Cabe recordar que Rodrigo Rato, Francisco Camps, Juan José Ibarretxe y Javier Lambán están entre los políticos con un título de doctor. Y a nadie se le escapa que, en la mayoría de los casos, directores de tesis y miembros del tribunal tienen un vínculo político y de amistad muy estrecho con el doctorando, al cual se le dan todo tipo de facilidades para realizar su trabajo[ 7].

Seguir leyendo »

Ahí lo dejo

28 Comentarios

Prisión en Alemania en la que está detenido Puigdemont

La reciente decisión de la Audiencia de Schleswig por la que se acuerda  poner en libertad a Carles Puigdemont y, también, se desestima la pretensión de abrir un procedimiento de OEDE por delito de rebelión no es una resolución judicial más, sino una que tendrá profundas consecuencias de cara al procedimiento, Causa Especial, que instruye el Juez Llarena.

Lo que ha establecido la Justicia alemana, esa en la que tantas esperanzas habían puesto tanto Fiscalía como el propio Juez Instructor, es que los hechos descritos por el propio Llarena en su auto de procesamiento no son constitutivos de delito violento alguno, mucho menos rebelión y eso es algo que debería obligar al Juez y a la Fiscalía a meditar si vale la pena seguir caminando hacia el precipicio.

No hay rebelión porque, entre otras cosas, no se dan los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal y, especialmente, no hay la violencia que obcecadamente se les viene atribuyendo.

Seguir leyendo »

Lo que encubre y lo que muestra el protagonismo mediático del Derecho Penal

El rapero Valtonyc, durante una actuación

Últimamente parece que el Derecho Penal está en todas partes. Sobrevuela a cada programa informativo la supuesta necesidad de encerrar de por vida a ciertos sujetos. El exGovern catalán –junto con otros líderes independentistas– está en prisión acusado de graves delitos. Los jóvenes de Altsasu llevan centenares de días en prisión provisional. Varios raperos están a punto de entrar en la cárcel por cantar. Algunos de los encausados en las “Operaciones Araña” ya aguardan en prisión y otros quizás se les sumen pronto. Y, verbigracia de una tremenda desgracia (así se dice cuando se muere un pobre), nos hemos enterado de que los manteros también son delincuentes que atentan contra la propiedad intelectual e industrial. De repente, todo se ha vuelto violencia, sobre nosotros parecen cernirse cientos de amenazas ante las cuales solo podemos responder con todo el peso del Derecho.

Todo parece girar en torno al Derecho Penal, parece ser el último recurso que nos queda antes de sucumbir al caos. A través de las pantallas nos susurran que las amenazas están en todas partes, que los manifestantes, antes sonrientes, ahora amenazan con quemarnos y que nuestra paz está en serio peligro por culpa de lo que alguien dijo en twitter. Ante esto, el Derecho Penal, esa herramienta creada para protegernos de las más graves formas de agresión contra los bienes jurídicos más importantes, parece que debe volverse hiperactiva. Cada día ocupa unos segundos más en nuestros “mejores” magazines. Ante esta situación, es normal preguntarse ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta necesidad repentina de encarcelar?

Algunos les dirán que no pasa absolutamente nada, que todo va bien. Que la ley está para cumplirse y que deberíamos regocijarnos ante lo bien que funcionan nuestras instituciones. Deberíamos alegrarnos de que se encarcele a raperos porque, si aquí cada uno se pone a cantar lo que quiera, montaríamos tal “sin Dios” que sucumbiríamos a la barbarie. Desde esta perspectiva, no hay leyes ilegítimas y no caben las interpretaciones absurdas de éstas. Convocar manifestaciones es violencia equiparable a repartir fusiles entre los afiliados, porque así lo ha dictado el santo magistrado, supremo intérprete de la palabra revelada por el legislador.

Seguir leyendo »

La Corona y la libertad de expresión

Estrasburgo condena a España por imponer pena de cárcel por quemar una foto de los Reyes

El pasado martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sancionó al Estado español por haber condenado, en 2007 por “injurias contra la corona”, a dos jóvenes catalanes que quemaron fotos de Juan Carlos I y Sofía. El TEDH ha señalado que la condena atentó contra la libertad de expresión. Las condenas por injurias a la Corona, vulnerándose la libertad de expresión son habituales en España (Valtonyc, Pablo Hasel, condena al ayuntamiento de Bunyol por colgar una bandera republicana y un largo etc.). Pero ¿Por qué pasa esto?

La explicación la encontramos: 1. En la relación de subordinación de la Constitución a la Corona que existe en España fruto de cómo se produjo el proceso constituyente del 78; y, 2. En la manera en que la Corona fue insertada en la Constitución de 1978 y el ordenamiento jurídico, esto es no como monarquía moderna sino como monarquía pre-moderna autoritaria. Ambos aspectos permiten explicar por qué son usuales las condenas por injurias a la Corona en España.

En los procesos constituyentes rupturistas democráticos, el elemento fundante del nuevo sistema está en reivindicaciones iusnaturalistas de derechos (libertad, igualdad, justicia, etc.). Al tomar el poder y sobre el fundamento de estos principios, valores y derechos el nuevo grupo dominante constituye las instituciones del nuevo Estado. No hay instituciones antes que los derechos. La ruptura ha tenido su fundamento en reivindicaciones de derechos. Las instituciones se crean después de manera funcional a éstos, surgen para desarrollar, implementar y garantizar los derechos. Cualquier institución del Estado está subordinada a los derechos constitucionales como elemento fundante del nuevo modelo constitucional.

Seguir leyendo »

A nuestra democracia le falta lo esencial: poder serlo

Urna electoral / Foto: EFE

Generalmente las referencias a las deficiencias de nuestro sistema democrático se centran en la parte superior de la pirámide, en las instituciones y los gobernantes. La corrupción, los defectos en el diseño de los poderes del Estado, la falta de independencia de algunos de sus más señeros órganos o las desviaciones de nuestro sistema electoral, son cuestiones que protagonizan la tan manida desafección ciudadana y las críticas al modelo político que rige España. Aunque los elementos anteriores no solo no carecen de importancia, sino que son determinantes en la permanente crisis en que estamos instalados, deberíamos también analizar si las precondiciones básicas de la democracia están presentes entre la misma población que le sirve de soporte.

La expresión de la voluntad popular y el juego alternante de las mayorías, en el respeto del Estado constitucional de Derecho, son elementos esenciales de cualquier sistema que quiera predicarse democrático, pero detrás de dicha voluntad popular ha de materializarse su formación reflexiva, dialógica y fundada. La democracia no consiste en el mero voto o en la emisión continua de opiniones, puesto que tanto uno como otro deben también haberse decidido en un contexto donde exista la posibilidad de un debate público sosegado; un debate que, por otro lado, se dé entre ciudadanos informados y con conocimiento del entorno institucional, social y político en el que sus decisiones se van a desenvolver. Pues bien, en esta última precondición encontramos la primera decepción.

En España los estudiantes, los futuros ciudadanos que participarán en la vida política del país, viven en la completa inopia jurídica. Y hay que decirlo sin cortapisas: salimos de la escuela, de nuestra formación reglada, sin tener ni idea del sistema institucional que nos gobierna ni de los derechos fundamentales que pueden protegernos. Unos completos ignorantes, y no por voluntad propia, sino por la falta abrumadora de contenidos que existe en la materia. Cuántos diputados forman el Congreso, cómo se eligen, cuáles son los derechos fundamentales más relevantes y su alcance, qué es el Tribunal Constitucional o la diferencia entre un delito y una infracción administrativa, son algunas de las cuestiones esenciales que, para cualquier ciudadano, deberían ser conocidas desde el inicio mismo de su llegada a la participación política. No hablemos ya, claro está, de principios básicos del Derecho Penal, tan en boga estos días de venganzas tumultuarias.

Seguir leyendo »

Educar en “la Defensa” es educar en el “no-Derecho”

Valla en la frontera de Melilla. (C) Prodein

La semana pasada conocíamos el temario que Defensa quiere implantar en los colegios. La bandera, el Rey, los himnos militares, la defensa de España y la inmigración irregular como riesgo, entre otros. Quizás esté último sea el que más llame la atención. Aceptando cierta lógica... digamos vetusta… podemos entender que nuestro gobierno crea conveniente meter en vena a los niños los símbolos naciones y eso que llaman “cultura de la defensa”, pero ¿la inmigración? ¿Qué pinta aquí la inmigración?

Pues pinta muchísimo, porque la inmigración irregular es “una de las 12 principales amenazas para la seguridad de España”, tal como reconoce nuestra estrategia de seguridad nacional – la ESN-2013. Este documento estratégico de interesante lectura ofrece, además de un sensible prólogo de nuestro presidente, una lista de las principales amenazas y riesgos que acechan a España. A saber: conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de destrucción masiva, flujos migratorios irregulares, espionaje, emergencias y catástrofes, vulnerabilidad del espacio marítimo, y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales.

Como vemos, la inmigración se encuentra en esta lista de “amenazas” entre las armas de destrucción masiva y el espionaje. Más allá de su cuestionable presencia en esta lista, lo llamativo es que la inmigración irregular se considera una amenaza al nivel de las catástrofes naturales. Nuestro gobierno aduce que ciertas “condiciones especialmente preocupantes” pueden hacer que los inmigrantes “sean instrumentalizados por organizaciones extremistas y violentas o terroristas” o se vean tentados por un “repliegue identitario que dificulta su integración social”.

Seguir leyendo »

Los juicios por enaltecimiento del terrorismo como juicios contra "los radicales"

Fachada de la sede de la Audiencia Nacional. (EFE)

Últimamente a muchos nos viene una pregunta a la mente de forma recurrente: ¿pueden condenarme por enaltecimiento del terrorismo por decir “esto”? Quizás se te ha ocurrido un chiste, o una buena rima o puede que creas que ciertas acciones de cierto grupo pudieran estar justificadas.

Como explicó Isabel Elbal, actualmente la justicia española está siguiendo dos doctrinas de forma alternativa. Por una parte, tenemos la doctrina Strawberry, que consiste en la interpretación literal del mensaje que se haya lanzado, sin atender prácticamente a nada más. Y, por otra parte, tenemos una doctrina que atiende al contexto de los mensajes para valorar si son delictivos.

La diferencia entre estas líneas de actuación está en la interpretación que se haga de los “elementos subjetivos del tipo” y de la importancia que se les asigne. Este es un concepto complejo y técnico que, en el caso que nos ocupa, podemos entender, simplificando mucho, como la tendencia, la voluntad o la intención con la que se realiza la conducta.

Seguir leyendo »

Honorables ex-consellers, bienvenidos a la chusma

22 Comentarios

Oriol Junqueras en una imagen de archivo

Nos llena de aflicción haber conocido la noticia de que el señor Oriol Junqueras será procesado por rebelión en primavera. Entendemos que no sepan qué clase de interpretación está haciendo la fiscalía de la inmunidad de los parlamentarios. Es perfectamente comprensible que sigan indignados porque les imputen unos delitos sin que haya base alguna para ello. Compartimos, por supuesto, su tristeza ante la permanencia en prisión provisional de Junqueras, Fon y los Jordis. Comprendemos su estupefacción al ver que el Estado de Derecho no se atiene al derecho. Siento decírselo: bienvenidos a la chusma.

Verán, aquí es donde están los encarcelados por las letras de sus canciones. Aquí te llevan a juicio por denunciar al capitalismo o criticar las instituciones. Aquí están las personas castigadas por participar en manifestaciones. Aquí están los atrapados entre leyes antiterroristas por pelearse en un bar o hacer unas pintadas. Aquí están las víctimas de la represión política. Gente con propuestas, ideas o discursos que el Estado no puede tolerar.

Pero aquí hay mucha más gente, no todo son activistas. No son mayoría, ni siquiera una minoría numéricamente relevante. Somos tantos que apenas podemos contarnos, tan diversos que no es posible definirnos sin invocar certeras pero polémicas teorías políticas. Somos los que volvemos a casa tras 10 o 12 horas de jornada (8 en contrato) con quemaduras y cortes en los brazos. Son cosas del trabajo, no hay nadie a quien denunciar por lesiones. A veces, en esos mismos trabajos, morimos. Pero son accidentes, nunca homicidios imprudentes. Aquí la empresa puede deberte varios meses de sueldo, pero sabes que si los exiges puedes acabar en la calle. Eso no es un delito, no es ninguna coacción, ningún chantaje, sino el “libre mercado, amigo”.

Seguir leyendo »