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Testigos involucrados: ni mienten ni dicen la verdad

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El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

Llevamos algunos días escuchando que las principales autoridades o mandos a cargo del desastroso "operativo policial" desarrollado en la jornada del 1 de octubre de 2017 en Catalunya ni vieron cargas policiales ni vieron los ataques violentos provocados por agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil ni tuvieron conocimiento −directo o indirecto− de que, tal vez, algunos agentes podrían haberse excedido en el uso de la fuerza contra ciudadanos inermes y pacíficos. Incluso, alguno de estos testigos ni siquiera desean denominar "cargas policiales" a las brutales acciones violentas llevadas a cabo por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad allí comandados. Nada de nada. Bueno, la única violencia fue la protagonizada por "murallas humanas" y grupos organizados, nos dicen…

Tampoco las defensas pueden contrarrestar estas categóricas afirmaciones −o negaciones− con otros elementos de prueba, como son los que conforman la documental videográfica que obra en las actuaciones sobre las cargas policiales del 1-O... Por una extraña interpretación que ha realizado la Sala de enjuiciamiento, se ha impedido a las defensas mostrar concretos vídeos a fin de que los recalcitrantes testigos −empecinados en no ver la realidad o, por lo menos, una parte de ésta− puedan ofrecer alguna coherente o verosímil explicación acerca de su tesis de las "murallas humanas" o de la "trampa del Fairy", una vez que tienen frente a sí las imágenes de determinados funcionarios policiales golpeando brutalmente a la gente, aun cuando en algunas ocasiones, estas personas ya habían sido desalojadas.

Sin embargo, yo me pregunto ¿los testigos tenían otra posibilidad procesal que no fuera negar la realidad? ¿los testigos mintieron porque sí, porque desean a toda costa la condena de los acusados por rebelión o sedición? o, por el contrario, ¿no les queda otra salida que mentir? O ambas, por qué no, pues en este juicio contra el procés no hay nada cándido ni inocente desde su misma concepción.

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El patriotismo anticonstitucional

Los dirigentes de Vox, con Santiago Abascal, aplauden al público en el mitin de Vistalegre.

El denominado 'Patriotismo Constitucional' Verfassungspatriotismus, acuñado por Dolf Sternberger y popularizado por Jürgen Habermas en los años 80, ingresó en España de la mano del presidente del Senado Juan José Laborda en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI en el mes de enero de 1992.

Desde la traumática experiencia nacionalsocialista que anida en la memoria colectiva alemana, este término se utiliza por primera vez en Berlín durante la conmemoración del 30 aniversario de la Constitución germana y viene a proponer una suerte de sentido de pertenencia colectiva basado en los valores democráticos y en los derechos humanos. Un patriotismo racional -y no emocional-  que no se identifica con una tradición cultural determinada, sino con la universalidad de los dos elementos mencionados.

El orgullo de pertenencia a cualquier sociedad debe reunir esos requisitos, reconciliando identidades culturales diversas con la idea de la soberanía popular en el marco normativo democrático.

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A un siglo de la huelga de La Canadiense los derechos laborales parecen ser todavía un sueño

Cola para comprar carbón durante los apagones provocados por la huelga de la Canadenca

Este mes ha hecho 100 años de la huelga de La Canadiense. Un siglo ya de aquel hito en la lucha obrera que fue conseguir una jornada laboral de 8 horas. Un indudable logro viniendo de esas jornadas de 12 o 14 horas, aunque lejos todavía de esas cuatro horas diarias que se trabaja de media en esas sociedades a las que denominamos primitivas y a las que, en términos del antropólogo Pierre Clastres, quizás debiéramos  denominar "sociedades sin estado" –un dato que puede parecer anecdótico, pero que muestra muy bien todo lo que nuestro concepto de trabajo y su relación con la vida tienen de socialmente construido.

Cien años desde la victoria de los trabajadores de La Canadiense y ciento treinta y dos desde el asesinato de los mártires de Chicago, otro hito en la lucha de los trabajadores por sus derechos, pero que, en este caso, se saldó con 8 asesinatos amparados por un proceso penal amañado. Muchos años, mucha sangre derramada y, aun así, en buena parte de los trabajos de este país, cuando uno menciona las 8 horas máximas de jornada la respuesta mayoritaria es una mueca entre amarga y burlona. Hasta la jornada semanal de 40 horas es vista como una excentricidad escrita en "Dios sabe qué extraño y recóndito reglamento". Si no creen este extremo, pregunten a su camarero más cercano qué día de la semana cumplió las 40 horas de trabajo y cuántos días más le quedan por trabajar.

En el último siglo ha habido importantísimos cambios en nuestras sociedades, ha habido avances tecnológicos increíbles, acontecimientos que por méritos propios quedarán señalados en la historia. Pero, cuando miramos a eso a lo que llamamos presente, nos encontramos con que lo que el postfordismo nos ha traído es la vuelta, si es que alguna vez se fue, a la explotación más cruda. Según el INE, cada semana los trabajadores de este país hacen 2.962.000 horas extra que no se pagan, lo cual equivale a 74.000 trabajadores que las empresas no contratan porque sacan adelante ese trabajo haciendo que sus empleados trabajen gratis. Quitando el desconocido porcentaje de horas realizadas por trabajadores por nadie sabe qué motivos altruistas, estamos hablando de cientos de miles de horas de trabajo forzoso cada semana. Trabajo obligado bajo la amenaza directa o velada del despido, obligado mediante el engaño de que esas horas le traerán algún día beneficios al trabajador. Trabajo involuntario realizado bajo la amenaza de una pena o en base a falsas promesas, es decir, trabajo forzoso. Ante situaciones como la que acabamos de describir, merece la pena echar la vista atrás para ver qué ha ocurrido con esos Derechos que tantísimo costo conseguir.

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No nos perdamos con el relator ni en el relato

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Pedro Sánchez y Quim Torra

Desde que Mariano Rajoy decidió judicializar el conflicto político existente entre España y Catalunya es claro que han sido muchas las cosas que se han roto; pero en dicha espiral la primera de las víctimas fue la confianza entre las partes y la segunda el respeto hacia la verdad. Intentar reconducir el debate, y buscar una solución política a un problema político, necesariamente pasa por dos etapas muy diferenciadas y sucesivas como son la de diálogo y la de negociación; quien no lo entienda es que o no sabe de lo que está hablando o no está interesado en encontrar una salida al conflicto.

La judicialización del conflicto ha significado, entre otras cosas, la encarcelación y próximo enjuiciamiento de una serie de líderes políticos así como la persecución transfronteriza de aquellos que se encuentran en el exilio como vía para la internacionalización de la solución al problema. Sin embargo, la mayor y más grave de las externalidades de usar los órganos judiciales para solucionar un problema político es que, ahora, parte esencial de la solución pasa por desmontar el andamiaje judicial sobre el cual se ha construido esta persecución y eso llevará tiempo y seguirá unas vías distintas a las políticas.

En el ámbito de la política, y de la solución de conflictos, los pasos a seguir son claros, primero debemos adentrarnos en un proceso de reconstrucción de la confianza perdida y ello ha de hacerse sin agenda y sin grandes condiciones; se trata de ir hablando, de ir reconociéndose, de ir restableciendo puentes rotos a golpe de represión y resoluciones judiciales. Seguramente, la única condición a la que las partes no deben renunciar es a la de iniciar un diálogo honesto, sincero y útil que permita construir las bases sobre las cuales, llegado el caso, adentrarse en un proceso de negociación y solución del conflicto.

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La izquierda y los símbolos nacionales en España

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Pedro Sánchez durante su discurso en el Teatro Circo Price en 2015. / Flickr PSOE

Diversos analistas han señalado que la reacción ultranacionalista de parte de los españoles ante el procés catalán, la llamada "revolución de los balcones", es uno de los varios factores que ha favorecido el auge electoral de la derecha. Esta vinculación entre auge del ultranacionalismo español y auge de la derecha, afirman algunos, se debe a que la relación acomplejada de la izquierda respecto los símbolos nacionales, ha dejado campo libre para que la derecha se apropie de los mismos. Frente a ello, afirman, la izquierda debe disputar los símbolos nacionales para apropiárselos en favor de su proyecto. Pero, ¿esto es posible?

Creo, incuestionable, afirmar que cualquier proyecto político con voluntad transformadora que pretenda convertir a cientos de miles de ciudadanos en un sujeto colectivo de cambio, necesita de símbolos capaces de fortalecer un vínculo de identidad y unidad de la población en torno a él. Los símbolos nacionales han servido, históricamente, a la izquierda de muchos países para este fin. Ahora bien, ¿son todos los símbolos nacionales instrumentalizables siempre por todo proyecto político? ¿Puede la izquierda transformadora española disputar los símbolos nacionales a la derecha y usarlos para un fin democratizador?

Creo que no. En concreto, defenderé: 1. Que los actuales símbolos nacionales españoles (bandera, himno, etc.) no son disputables a la derecha ni instrumentalizables al servicio de un proyecto democratizador. Y, 2. Sólo podrá haber un nuevo proyecto político de izquierdas con potencial hegemónico si es capaz de recuperar y/o crear otros símbolos socialmente compartidos a su servicio.

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Vox, España y la deriva de Europa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto a la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen.

España se ha hecho europea: la ultraderecha franquista -el partido Vox- ha tenido una entrada fulgurante en la política. En diciembre pasado hubo elecciones en la Comunidad de Andalucía, la primera comunidad en número de habitantes y la segunda en extensión, consiguiendo este partido casi 400.000 votos (11% del total) y 12 diputados. Mientras que, en el 2016, en las mismas elecciones había obtenido solo 18.000 votos sin conseguir representación parlamentaria, ahora entrará en el gobierno mediante un pacto con dos partidos de la derecha, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).

Su crecimiento en votos no solo ha provenido mayoritariamente de los partidos de derecha, sino que también ha conseguido calar en los de izquierda. Las razones de su éxito, según dicen las encuestas, tiene que ver con el discurso agresivo que sostienen sobre la inmigración -quieren expulsar a 52,000 inmigrantes mediante la incautación de los ficheros de los servicios de salud- y con la defensa a ultranza de la unidad de España. Pero su ideario no se limita a estas dos cuestiones, además quieren derogar la ley de Memoria Histórica sustituyéndola por una Ley de Concordia y la ley de Violencia de Género reemplazándola por una Ley de Violencia Doméstica. En esta última entrarían todos los miembros de una familia, lo cual restringiría las ayudas a los colectivos que se ocupan de la violencia sobre las mujeres. Ambas medidas conseguirían, por un lado, diluir y eternizar la gran deuda que tiene España con los represaliados y asesinados en la Guerra Civil y, por el otro, reinstalar el debate sobre la violencia de género y la igualdad entre hombres y mujeres en un país en el que hay un gran consenso sobre este tema.

España se suma así a muchos otros países europeos: Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Reino Unido, Rumania y Suecia [i], en los cuales la ultraderecha tiene representación parlamentaria, gobierna ya o está cerca de hacerlo. Quedan fuera de esta situación Portugal, Irlanda, Malta y Luxemburgo, que resisten todavía [ii]. El ascenso de las políticas de ultraderecha es un fenómeno global, como lo demuestran los triunfos de Trump en EE UU., de Bolsonaro en Brasil y el auge de una China totalitaria de partido único que pretende -mediante sus grandes inversiones- imponer este régimen al mundo entero.

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La ultraderecha y la España olvidada

En la "España vacía" vive gente, mucha gente, que no siente habitar en la nada sino en una tierra castigada por la dejadez del Estado

En los últimos tiempos ha recobrado cierto vigor el debate y la preocupación en torno a la mal llamada "España vacía", en torno a uno de los problemas más graves del país que refleja el abandono de regiones y zonas cada vez más grandes de nuestro territorio. La fórmula, acuñada por Sergio del Molino, ha tenido éxito tanto para poner el debate encima de la mesa como para dotarlo de un significante propio, único y muy plástico. Sin embargo, en la "España vacía" vive gente, mucha gente, que no siente habitar en la nada sino en una tierra castigada por la dejadez del Estado, de parte de la sociedad española y la hiperconcentración capitalista.

Existe una frontera porosa y simbólica que se agranda a pasos gigantescos entre las preocupaciones de las grandes ciudades y las del medio rural y que comienza por la propia consideración urbanita de este. Es rara la semana que no se publica un reportaje sobre aldeas en extinción, pueblitos con apenas vecinos o el retorno de una familia de neorrurales que ha decidido dedicarse al pastoreo, pero aunque loables tales descripciones, nuestro mundo rural es mucho más rico y complejo, y contiene además posibilidades de desarrollo endógeno que lo alejarían de cualquier beatus ille arcádico. Hay zonas en España que han estado siempre, desde tiempo inmemorial, muy poco pobladas por las características geográficas y ambientales, y otras que, por el contrario, han sufrido procesos vertiginosos de vaciamiento desde cotas demográficas relativamente altas. Para ambas se necesita, ya y urgentemente, un verdadero plan nacional, ambicioso, que corte de raíz la despoblación y articule el territorio. Para el segundo tipo de zonas, asimismo, se debería convertir en prioridad la revitalización de los pueblos y ciudades medianas que, lejos de aquella concepción inocentemente idílica, pueden vertebrar sus regiones de influencia para asentar a la población y para dotarla de prestaciones y servicios equiparables a los de las grandes ciudades. 

El problema de la despoblación, de la España olvidada, esconde además una variable política de especial relevancia en el contexto actual. Tenemos una parte del país que, por su olvido en infraestructuras, en inversiones y servicios, se siente menospreciada y maltratada. El clima de descontento en las zonas rurales es cada vez mayor, lo que abona el campo para que lógicas dicotómicas nacionalistas se asienten y canalicen la indignación. Estos días hemos visto cómo los trenes extremeños volvían a pararse en la oscuridad de la noche y de sus traviesas decimonónicas, pero también cómo Vox llenaba el Palacio de Congresos de Teruel. La posibilidad de que la ultraderecha se dirija con eficacia a los más olvidados del mundo rural viene además alentada, en su probabilidad de éxito, por la irrupción de los discursos nacionalistas que se retroalimentan y en los que la identificación rápida entre presuntas colectividades se basa en la pura estrategia identitaria y excluyente. Para evitar esta situación, creo que se deberían elaborar desde ya dos respuestas.

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Las vergüenzas del fútbol argentino: los dos partidos que no debieron jugarse

Hinchas de River junto a policías españoles en Madrid

Primera vergüenza 

El 25 de junio de 1978, Daniel Passarella recibía de manos del general Videla -jefe de la Junta Militar genocida que dirigía el país- la copa del mundo de fútbol después de derrotar en la final a Holanda por 3 a 1. A pocos cientos de metros del estadio de River Plate, donde se disputó la final, estaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), conocida por ser uno de los centros clandestinos de detención más terribles de la dictadura -de allí salieron los vuelos de la muerte- y que en ese momento se encontraba en plena actividad asesina. Incluso fue el lugar donde se organizó un centro de contra información para dar respuestas a la campaña internacional que intentaba impedir la realización del Campeonato Mundial en la Argentina. El país más beligerante en esta lucha por la dignidad del fútbol y en contra de la dictadura fue Francia, junto con Holanda, Italia, Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, España y Suiza. Ante las denuncias por violación de los derechos humanos la dictadura respondió con el slogan “Los argentinos somos derechos y humanos”, anticipándose en 40 años al ejercicio actual de la posverdad. Fue notoria la complicidad de la FIFA, bajo la dirección de Joao Havelange, en el necesario triunfo de Argentina para blanquear a la dictadura, así como lo fueron las enormes sospechas que generó el triunfo sobre Perú, tan abultado como imprescindible. Hay que destacar que Videla y Henry Kissinger visitaron el vestuario peruano instantes antes de comenzar el partido, donde le leyeron al plantel una carta del dictador de Perú, el general Fráncico Morales Bermúdez, condenado años después por su participación en el Plan Condor-, en la cual les hablaba de la hermandad argentino-peruana y que fue interpretada por los jugadores como una amenaza.

¿Cómo es posible que entrenador, jugadores y directivos aceptaran jugar ese Mundial y, sobre todo, recibir la copa de las manos manchadas de sangre de Videla? ¿Temieron por sus vidas si no lo jugaban o coincidían con la dictadura? ¿Cómo es posible que se siga contando ese Mundial como un gran éxito del país mientras este estaba en estado de excepción y era un gran campo de concentración?

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El amor en los tiempos de Vox

El apoyo social recibido por el partido político VOX en las últimas elecciones andaluzas parece haber dejado estupefacta a nuestra sociedad: comentaristas, opinadores, politólogos… y gran parte de la ciudadanía intentamos comprender lo inesperado de este éxito electoral. 

El llamado “constitucionalismo” no supone admitir de forma absoluta y acrítica la literalidad de un texto, sino entender que se debe recoger la esencia democrática de la libertad, dignidad, igualdad y justicia social que inspiran este sistema. Criticar y promover reformas a un marco político de convivencia y a una norma jurídica es un valor positivo y necesario. Democrático. 

Como acertadamente expone Javier de Lucas 

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Las cuatro contradicciones de la Constitución y la imposición de la cara autoritaria

Este jueves, 6 de diciembre, se celebra el 40 aniversario de la Constitución y numerosos políticos y medios de comunicación se deshacen en alabanzas hacia el texto del 78. Sin embargo, cuando uno gira la mirada hacia la "situación constitucional real", se encuentra con fuertes contradicciones. Presos políticos encarcelados por organizar manifestaciones pacíficas o una votación, un Tribunal Constitucional (TC) y parte del Poder Judicial controlado por el poder político, cantantes condenados o exiliados por sus canciones, leyes sociales anuladas por el TC, presentadores y artistas enjuiciados por sonarse con la bandera o insultar a la Virgen, sindicalistas andaluces imputados por un tuit o encarcelados, etc.

La explicación de esta situación constitucional real la encontramos en el proceso de gestación de la Constitución hace 40 años. La Constitución española es la mezcla en régimen no de paridad sino de desequilibrio, de dos tradiciones constitucionales opuestas: la franquista y la liberal-democrática. Ello provoca que las cuatro contradicciones que atraviesan el interior del texto constitucional se resuelvan, en muchos casos, en favor de la cara autoritaria del texto. Explico a qué me refiero.

1. La transición española como "inclusión del contrario". La necesidad de apertura del régimen, especialmente tras el atentado a Carrero Blanco en 1973, llevó a éste a tener que aceptar la redacción de una Constitución para llevar a cabo una adaptación parcial del orden real al orden socialmente querido.

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