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Desokupa: vigilando al capital inmobiliario

Participantes en la manifestación de la PAH, con una pancarta

El timbre suena, como casi cada día. Del otro lado de la puerta están ocho hombres corpulentos. Su empresa: Desokupa. Su oficio: ejecutar desahucios extrajudiciales. Su método: actuaciones al margen de la ley, incluyendo en ocasiones amenazas y coacciones físicas. Sus clientes: grandes empresas inmobiliarias y fondos de inversión que se enriquecen invirtiendo en vivienda1. La empresa Desokupa salió a la luz en 2016 con el desalojo de la casa ocupada Can Dimoni en el barrio de Gracia de Barcelona. Desde entonces, su modelo de negocio se ha expandido, se han abierto numerosas franquicias en toda España y han aparecido muchas otras empresas similares. Pero el desarrollo económico de este nuevo sector privado de seguridad privada y desahucios extrajudiciales llega de la mano de las ventas de “pisos con bicho”, las reformas integrales y los alquileres de lujo o apartamentos turísticos.

Como otras ciudades de España, Barcelona se ha convertido en los últimos años en el terreno de nuevos procesos especulativos, especialmente relacionados con el alquiler y la ocupación en precario. La inversión en gestión inmobiliaria de fondos extranjeros, las compras de propiedades verticales y la formación de una nueva burbuja del alquiler participan en este proceso. En este contexto de presión inmobiliaria, las empresas privadas especializadas en impedir ocupaciones como Desokupa desempeñan un papel cada vez más importante en las operaciones especulativas. Para poder obtener la máxima rentabilidad de los “activos inmobiliarios”, es necesario mantener viviendas vacías con el objetivo de movilizarlas para transacciones futuras (compra, venta, rehabilitación…). Considerar la vivienda como una mercancía y no como un derecho fundamental implica considerar a las personas como activos económicos, que se tienen que mover de un sitio a otro según las fluctuaciones de las operaciones financieras. Este proceso que los expertos llaman ‘flexibilización del mercado inmobiliario’ tiene como consecuencia una precarización de las condiciones de vida de los ciudadanos condenados a moverse sin poder construir proyectos de vida.

Así, los que padecen este proceso que retroalimentan empresas como Desokupa son en primer lugar aquellos que menos participan en el ciclo de acumulación del capital inmobiliario, aquellos que generan menos rentabilidad ya que se encuentran excluidos del mercado de la vivienda. Muchas familias en Barcelona y el conjunto del Estado español han sufrido distintas formas de acoso inmobiliario. Canillas de agua del edificio rotas en la noche por extraños, llamadas y visitas imprevistas e imponentes, desalojos extrajudiciales y judiciales, visibles e invisibles… desafortunadamente, los ejemplos no faltan.

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De traslados carcelarios

Miles de personas se concentran en la cárcel de Lledoners contra los escritos de la Fiscalía

Como es bien conocido, después de haber estado solicitando durante unos seis meses el traslado de los presos y presas políticos/as desde las cárceles de Madrid hacia Catalunya, se logró finalmente que dicho traslado se ejecutara a inicios del verano de 2018. Ello motivó que todos ellos/as pudieran ser conducidos hacia las prisiones cercanas a las ciudades de Barcelona, Tarragona y Girona y supuso una mitigación, si así puede decirse, del sufrimiento y del dolor añadido que no sólo para ellos/as sino para sus familias, para sus hijos y, en fin, para sus entornos sociales, había supuesto el alejamiento penitenciario. Desde el Sistema de Registre de i Comunicació de la violencia institucional de la Universitat de Barcelona, habíamos alegado entonces, desde principios de año, toda una serie de vulneraciones de derechos que consistían en el derecho a estar preso en una prisión cercana al domicilio, el derecho de los hijos y de las familias, especialmente de los menores de edad, a poder mantener unas relaciones familiares lo más acordes y similares posibles a los de la vida en libertad debido a la cercanía familiar de la prisión y, asimismo, el derecho a poder contar con todos los medios necesarios para preparar una defensa en condiciones, derecho que se veía y se vio seriamente limitado durante tantos meses de encarcelamiento alejado de Catalunya. Diversos artículos he ido publicando a lo largo de este año con alegatos jurídicos, relatos de anomalías procesales y análisis penológicos. Pero ahora quisiera poder detenerme en la consideración más humana y cotidiana que se asociará a las consecuencias psicosociales de la causa penal contra los/as presos/as políticos/as catalanes.

Como consecuencia del traslado a las cárceles de Catalunya, se inició así una cierta etapa, verdaderamente breve, que durará unos 6 meses aproximadamente, en los cuales se pretende producir aquello que en la ciencia penitenciaria se quiere denominar como un “principio de normalización” entre la vida carcelaria y la vida en libertad que supone intentar asimilar las condiciones de la vida cotidiana en el exterior de una prisión a aquéllas que se dan en una situación de privación de libertad. Dicho principio, evidentemente, no pasa de ser un mero mandato prescriptivo, propio del mundo del deber ser pero que poco se compadece con la realidad puesto que, por supuesto, sigue siendo una privación de libertad en cierta manera diferente o mitigada como decía pero, privación de libertad al fin en el interior de una cárcel con todas las consecuencias que una situación semejante comporta.

Y ahora pasado un tiempo, nuevamente, ante las acusaciones que se han formulado desde el Ministerio Fiscal y la Abogacía General del Estado, se verificarán los traslados a las cárceles de Madrid para que, otra vez, estén a disposición de un tribunal central, diferente a un tribunal de Catalunya donde el “principio del juez natural” haría que en el hipotético caso que hubiere algo que juzgar, ello se verificase ante un juez del territorio catalán -conforme a las reglas generales de determinación judicial de la competencia (alteradas en este macro proceso o causa general)-, y no ante un organismo de excepción, ad hoc o paralelo como es el propio de un tribunal centralizado de un Estado. En efecto, las reglas normales de determinación de la competencia de un juez para que conozca de la perpetración de un delito, establecen que conocerá del mismo el juez del lugar, del partido judicial, donde dicho acto se ha cometido. A los meros efectos dialécticos, podríamos plantear que los supuestos delitos de que se acusa a los/as presos/as políticos/as catalanes, de existir (hipótesis que no aceptamos), habrían tenido lugar en Catalunya. ¿Por qué entonces conoce de ellos un tribunal que está fuera del territorio catalán?: porque en su día se atribuyó dicha competencia a la Audiencia Nacional dando paso así a todo un conjunto de anomalías procesales que escapan ahora a esta reflexión, pero que no pueden ser olvidadas pues de aquellos lodos tenemos estos resultados… (invirtiendo el refranero popular). No obstante, semejante anomalía procesal no es otra cosa que una de las pruebas de la auténtica naturaleza política de todo este combate policial, judicial y penitenciario que pretende revestirse de contornos jurídico-penales.

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La razón neoliberal o por qué un día nuestros derechos dejaron de importar

El riesgo de pobreza en España se reduce pero sigue por encima de la media de la UE

Parece que de vez en cuando algunos políticos tienen extrañas ocurrencias. Ideas tan peregrinas que no podemos evitar reírnos de ellas. Una especialmente llamativa es la que tuvieron los responsables de la CCAA de Madrid hace unas semanas, la cual consiste en obligar a aquellos que reciban el ingreso mínimo de inserción a presentar una declaración jurada de sus ingresos. Como los medios ya destacaron, esta medida se traduce (como caso ilustrativo) en que los mendigos que cobren la Renta Mínima de Inserción tendrán que declarar cuánto ganan con la mendicidad.

Esta idea nos resulta hilarante solo porque es un poco más osada de lo habitual. Sin embargo, no es una excentricidad, es solo un paso más, una traba más en el kafkiano proceso que es conseguir una prestación pública. Cualquiera que haya aspirado en algún momento de su vida a recibir una ayuda de la administración ha pasado por dos fases. La primera es el descubrimiento de que tiene derecho a ella y la segunda es una yincana burocrática compuesta por una extensa ristra de certificados, los cuales debe aportar para probar que efectivamente tiene derecho a la ayuda. Cada trámite, cada administración visitada para solicitar un documento es una prueba, un reto que se debe superar para mostrar que no se está tratando de engañar al Estado.

La justificación que se esgrime para esto es la siguiente: no hay recursos públicos suficientes para todos, así que hay que ser responsables y asignarlos eficientemente. Hubo un tiempo en el que, en teoría, esto no era así, en el que a la persona se le reconocían unos derechos que el Estado estaba obligado a garantizar (o al menos, a eso se aspiraba). Pero hoy la obsesión por la sostenibilidad y la eficiencia son omnipresentes, conceptos que ocupan el centro del sentido común. Estos conceptos no solo justifican que se endurezcan las condiciones que debe cumplir un individuo para poder ejercer sus derechos, sino que también permiten extender una sombra de sospecha sobre los que reciben algún tipo de ayuda pública. Así, en nombre de la eficiencia, los que reciben algo del Estado deben ser vigilados, controlados y disciplinados. Curiosamente, este celo por los recursos públicos nunca se aplica a los beneficios fiscales de la gran empresa o a los millones que se inyectaron a la banca.

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La guerra política, judicial y económica (contra Cataluña)

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Imagen de archivo de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras

A lo largo de los 8 volúmenes que constituyen la obra "De la guerra", del famoso von Clausewitz, se desarrollan todas las modalidades que en aquellos tiempos podían integrar el concepto de lo bélico. La famosa frase relativa a que "la guerra es la continuación de la política por otros medios" no contenía ningún elemento eufemístico, ni cínico: la guerra en todas sus modalidades, señalaba el autor, siempre constituye un "acto político". Claro que las modalidades han ido cambiando, pero el dominio por él sostenido acerca de la necesidad de dominar las claves de un Estado (el dominio territorial, la centralidad del poder y el manejo de la economía) parece que sigue siendo actual.

Se están conociendo estos días operaciones increíbles orquestadas desde las más altas magistraturas del Estado contra Cataluña tras no poder impedir la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. El diario ARA revela que la llamada "fuga masiva de empresas" de Cataluña (que en realidad eran cambios de sedes sociales, pero cumplían un efecto de impacto ideológico y psicológico inmenso) no se debió al "malestar e incertidumbre" del procés ni del referéndum, sino que fue una fina, fría y concienzuda campaña estratégicamente orquestada desde frentes muy precisos, en especial, la Presidencia y vice-Presidencia del Gobierno, el ministro de Economía de entonces y, atención y especialmente, el Rey de España. Desde esos órganos, nada menos, se orquestó y se ejecutó la orden de retirada masiva de capitales de, por ejemplo, Caixa Banc y el Banc Sabadell. Más de 10.0000 millones de euros retirados –a partir de las órdenes del 2 de octubre- que hicieron tambalear la continuidad de los bancos, luego compensados una vez que se habían "fugado" de Cataluña, crearon además el efecto de bola de nieve que provocó el temor de tantos inversores y pequeños ahorristas. Parece que no escatimaron en esfuerzos: el ministro de Economía hizo el oportuno "decreto a medida" para facilitar "la fuga" y se celebraron sendas reuniones del Rey de España con el Director de Caixa Bank, según informa con precisión el ARA, además de una serie de llamadas telefónicas de la Corona a directivos de empresas multinacionales, y otras presiones "reales" sobre otras empresas claves, tales como la Seat … Ahora se van entiendo mucho mejor algunas cosas.

"La política continuaba en efecto por otros medios"…. Clausewitz nuevamente. La palabra "guerra" cobra un sentido pleno cuando semejante operación de desestabilización económica (inmensamente irresponsable y que pudo causar estragos en el mercado bursátil y en los puestos de trabajo…) se revela que se diseñó y ejecutó por quien, de acuerdo al art. 56 de la Constitución Española, debe arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones del Estado. No fue entonces ningún "nerviosismo de los mercados" ni nada semejante provocado por el procés. Los agitadores estaban en sendos palacios del gobierno político y económico. ¿Es posible cuantificar el "daño social" que han causado con semejante operación de desestabilización e intentos de descapitalización de entidades bancarias? ¿Se sabe la desazón y las discusiones e impacto emocional que todo ello causó en miles de familias?

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El imposible retorno al pasado de la izquierda

Manifestación del 1 de Mayo en Madrid

En los últimos tiempos parece haberse instalado en el seno de la izquierda un debate complejo, amplio y rico, con múltiples matices, sobre la necesidad de regresar al campo de lo económico como eje central de lucha política. Desde algunos sectores se está comenzando a poner en entredicho la predominancia que los discursos y problemas culturales, simbólicos e identitarios han tenido para el espectro progresista en las últimas décadas, aun admitiendo que los mismos pueden complementar y enriquecer el objeto central de disputa, que no sería otro que las injustas relaciones de poder económico que se dan en nuestras sociedades. Bienvenido sea el debate, bienvenida esa nueva necesidad de pensar y de pensarnos que nos ofrezca nuevos instrumentos y nuevos conceptos para encarar los retos del presente y de un futuro cada vez más sombrío. Pero, como en todo giro, se corre el peligro de que el mismo no incorpore una novedad radical que lo haga merecedor de tal, sino una pretendida vuelta al reino feliz de los tiempos pasados que puede acarrear, a la larga, peores consecuencias que la indiferencia.

El último anuncio del partido laborista británico es sintomático. Nos presenta a unos trabajadores cansados de vivir en el extrarradio, cansados de la falta de certezas laborales y de salarios depauperados, y se nos promete como remedio un programa keynesiano de inversión, de empleo y de construcción. Un anuncio que podría perfectamente ser protagonizado por el Attlee de posguerra o por el Labour de los gloriosos treinta años del Estado social y de su capitalismo atenuado (1945-1975). Una vuelta a lo material, sí, pero que no nos dice nada sobre cómo afrontar los que, humildemente creo, son hoy los dos de los grandes desafíos a los que tenemos que enfrentarnos  y a los que la izquierda tiene que hacer también frente. Desafíos que no se daban con la crudeza de su realidad más palpable en esos treinta gloriosos ni en los vertiginosos comienzos de un Estado social al que ahora, ilusoriamente quizá, se intenta volver tras la luna de miel identitaria. Me refiero al cambio climático y a la deshumanización imperante en nuestras sociedades que es inherente a su atomización.

En primer lugar, el gran reto de la preservación de nuestras condiciones mismas de existencia se nos presenta como una amenaza cada vez más contundente. Los datos son todos los años peores, y las proyecciones más halagüeñas son también peores que las otrora más catastrofistas. El mundo se dirige a escenarios de incertidumbre ambiental abocado por un sistema económico capitalista que todo lo devora y que destruye sin piedad el medio que le da sustento. La lucha contra el cambio climático debería ser una de las primeras y más grandes banderas que abanderara cualquier proyecto que quiera predicarse de izquierdas, y en ese giro hacia lo material ello no puede ser olvidado. No se puede prometer seguir ampliando nuestras abarrotadas ciudades, seguir abriendo fábricas y creando empleos de los años cincuenta, cuando el medio mismo en el que todos esos factores pueden desenvolverse está inmerso en una degradación profunda. Si la vuelta a lo económico no se desprende del discurso falsamente desarrollista que se sustenta en un crecimiento ilimitado que permite, a su vez, un consumo desaforado, el giro puede que no haya valido la pena siquiera pensarlo. Defender un nuevo modelo productivo, no sólo respetuoso con el medio ambiente sino activo enemigo del calentamiento global, es indispensable. Y sobre ello, lamentablemente, nada dice el anuncio del Labour.

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Ni los "ciudadanos ejemplares" se libran del banquillo

Ignacio Escolar y Raquel Ejerique en el juzgado

El pasado 17 de septiembre, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón y el Grupo Derechos Civiles-15M Zaragoza comparecieron en un juzgado de instrucción acusados de un delito de injurias contra la policía.  Estos dos colectivos fueron denunciados por un sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza por denunciar el trato que la policía zaragozana da a los manteros. Aunque nunca debería haber sido así, el asunto está aún en manos de un juzgado que, de momento, se ha limitado a tomar declaración. Sin embargo, un conocido medio local ya se ha aventurado a afirmar que "los manteros no logran probar que la Policía Local les robara mercancía", osada afirmación que refleja a partes iguales partidismo y total desconocimiento del asunto.

No obstante, la actitud de ciertos medios de comunicación ante esta clase de procesos absurdos no puede sorprendernos. El abogado Gonzalo Boye viene sufriendo durante todo este mes una campaña mediática de desprestigio. La veda para disparar contra el abogado la abrió –al menos la impulsó– una querella presentada por el Movimiento 24DOS ante la Audiencia Nacional y una denuncia de un eurodiputado ante el Colegio de Abogados de Madrid. Parece que algunos juristas no se han tomado muy bien que Boye haya puesto en duda, vía demanda civil en Bélgica, la imparcialidad del Excm. Sr. Magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Pero no todo lo que ronda nuestras pantallas son periodistas ocupados en disparar contra quien trata de defender, de una forma u otra, a quienes sus amos han tomado como enemigos.  Ahí tenemos a Raquel Ejerique e Ignacio Escolar, que en este mismo medio destaparon el escándalo de los másteres que la Universidad Rey Juan Carlos parece haber estado regalando. Un ejercicio de oficio periodístico que les ha llevado ante los tribunales acusados de un delito de revelación de secretos.

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Business is not just business

Ayuntamiento de Barcelona

El próximo 28 de septiembre, los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona aprobarán previsiblemente que los promotores destinen un 30% del suelo de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de edificios que superen los 600 m2 a viviendas en régimen de protección oficial. En otras palabras, de cada diez nuevas viviendas construidas o sujetas a grandes rehabilitaciones, tres serán de compra o alquiler a precios asequibles. Así, el metro cuadrado de alquiler será de 7,28€/m2 en vez de 14€/m2, y el precio de compra pasará de costar entre los 4.000 y 3.000€/m2 que marca el mercado a 1.940€/m2. Una gran diferencia para muchas familias que viven en Barcelona. En total, se calcula que la medida del 30% permitirá disponer de entre 300 y 400 pisos asequibles al año. Sin duda, la medida no solucionará por sí sola la gran crisis habitacional que sufre la ciudad, pero permitirá que muchas familias puedan empezar a pagar precios razonables por disfrutar de su derecho a la vivienda y, sobre todo, enviará un mensaje claro a todos los operadores que se lucran sin límites a expensas de un derecho fundamental.

La medida, impulsada por l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, el Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicat de Llogaters de Barcelona, surgió de la lucha de las personas que sufren la precariedad habitacional, que además de políticas de urgencia, coincidían en la necesidad de proponer iniciativas a medio plazo. Porque parar los desahucios en la puerta es fundamental, pero no deja de ser un pequeño parche. Es necesario tratar de solucionar el problema de raíz, revertir la situación, dibujar otros escenarios, como ya ocurre en ciudades como París o Nueva York, donde medidas parecidas llevan años funcionando con éxito.

Como era de esperar, la medida del 30% no ha contado con el beneplácito del sector de la construcción, que ha redoblado su presión a medida que la iniciativa se acerca a su aprobación definitiva. De hecho, su poder, y no precisamente de convicción, llegó a impedir que se cumpliera con un trámite previsto legalmente, la suspensión de licencias que tiene como objetivo que no se produzcan avalanchas de solicitudes cuando se afectan a los intereses de las promotoras. Desde entonces, las solicitudes se han disparado y centenares de solares y edificios estarán exentos de la futura normativa del 30%, con los beneficios que ello conlleva para las empresas al poder alquilar o vender todas las viviendas a precios de mercado, y con los perjuicios que suponen para la ciudad de Barcelona dejar escapar centenares de viviendas asequibles. No contento con esa victoria, el lobby de la construcción aprovecha cada uno de los foros donde participa para sembrar dudas sobre la medida. “No nos han consultado, es ilegal y no es viable”, pero ¿a qué se refieren las constructoras cuando hablan de “legalidad”? Se refieren a su legalidad, a una normativa urbanística que hasta ahora mayoritariamente les ha favorecido y les ha permitido embarcar a todo un país en una inmensa burbuja inmobiliaria que ha causado y sigue causando mucho dolor social. Por lo tanto, se refieren a una legalidad reducida y aislada del resto del ordenamiento jurídico, puesto que olvidan que la Llei del dret a l'Habitatge de Catalunya recoge la medida expresamente, como olvidan que existe algo llamado derecho a una vivienda digna, reconocido en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Símbolos punitivos y transición política en Colombia

Rueda de prensa de jurisdicción especial para la paz, creada a raíz del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC

A la centralidad de la persecución penal en el sistema de justicia transicional colombiano presta un servicio de gran consideración el empoderamiento de símbolos típicamente característicos del poder punitivo que viene teniendo lugar en este sistema. Desde la más profunda tradición ordinaria de justicia penal, estos símbolos se han expandido sin solución de continuidad a la jurisdicción especial para la paz (JEP) y se han instalado para comenzar a determinar lo que ésta representa en materia de autoridad y orden.

De esta manera, el esquema judicial de transición se hace funcional a los juegos de poder y las tácticas punitivas que se cristalizan con el proceso penal y se expresan en sus respectivos símbolos. Así, por ejemplo, la toga fúnebre y, con ella, un cierto ethos sacerdotal que le hace el juego a un imaginario confesional de autoridad. Ni que decir de las salas de audiencia, donde en muchos pasajes se impone el autoritarismo por medio de la renuncia – a discreción de sus directores – a la publicidad, concentración e inmediación del acto comunicativo.

Que la JEP ceda a la itinerancia de los signos y hábitos del poder punitivo y se preste al juego de etiquetas entre la justicia penal ordinaria y la transicional contribuye, además, a una indeseable suspensión de la dialéctica con la superación de la violencia. A pesar de esto y del éxtasis punitivo que vive Colombia (con el empoderado reclamo de penas de muerte, cadenas perpetuas, imprescriptibilidad de la acción penal, destierros, linchamientos, castraciones químicas y otros suplicios), es necesario que la justicia transicional sea capaz de reconocer que el proceso penal también es una forma de violencia.

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El Gobierno y el juez Llarena: la vulneración de la legalidad como práctica de Estado

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Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo

El mismo día 11 de septiembre, mientras un millón (según la guardia urbana) de catalanas y catalanes se manifestaban en Barcelona en favor de la república, la ministra de Justicia, Dolores Delgado hacía en las Cortes una defensa sin fisuras del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, afirmando que el Gobierno español iba a defenderlo ante Bélgica hasta donde hiciera falta.

Tal posición del Gobierno español implica una negación de su propio discurso. Éste pone como línea roja para el diálogo con el gobierno catalán el respeto al Estado de derecho y la legalidad, a la vez que cierra filas, de manera incondicional, al lado de un juez que los incumple abiertamente.

Esta afirmación exige justificar por qué afirmo que Llarena vulnera el Estado de derecho y la legalidad. Para ello es necesario responder la pregunta acerca de dónde está el límite que ubica la actuación de un juez fuera del Estado de Derecho y la legalidad.

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Catalunya, Yemen y la ignorancia deliberada de Josep Borrell

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Si hay algún ministerio especialmente sometido a observación por parte de la opinión pública este es sin duda el de Exteriores, pues las acciones del ministro se someten a análisis tanto de la opinión pública del Estado que le propone y mantiene como del conjunto de opinión pública, medios y organizaciones internacionales.

La cartera de exteriores en España está siendo especialmente sensible a este hecho debido a que existe un interés internacional en el proceso independentista catalán, donde los últimos dos ministros de Exteriores, Dastis y Borrell, se han visto obligados a actuar como bomberos para salvaguardar la imagen de la "Marca España". Las reacciones de agentes, prensa y opinión pública internacional llegadas desde el exterior han perjudicado la imagen del Estado español por la reiterada y violenta negativa del anterior gobierno popular, con el apoyo del grupo socialista en el Congreso, a pactar con el Parlament y el Govern de la Generalitat un referéndum de autodeterminación en Catalunya en los términos que vienen prescribiendo el derecho internacional, la reciente experiencia de países de nuestro entorno como el Reino Unido y Canadá en relación a Escocia y Quebec, o la resolución de julio de 2010 de la Corte Internacional de Justicia en relación al proceso de independencia de Kosovo, pudiendo llegarse a la conclusión que un país que además ofrece los más variopintos escándalos de corrupción política e institucional no termina de ajustarse a los mínimos estándares democráticos.

A modo de ejemplo, la estrategia ideada por Dastis y continuada por Borrell de premiar desde los Premios de Periodismo Palacio de Viana del Ministerio de Exteriores con 12.000€ a aquel corresponsal que mejor hable de España no puede ser más que una incitación a que los medios de comunicación libres pongan en duda los estándares democráticos del Gobierno español, y consecuentemente ha venido a generar un efecto contrario desde la mordacidad y escrutinio de la prensa internacional sobre las acciones del Gobierno español, reforzando el convencimiento de que demasiadas cosas no funcionan en España, más si aparecen nuevos escenarios tan inquietantes como las amenazas de intervención de TV3 por parte de distintos agentes políticos españoles, las imputaciones y condena por delitos de blasfemia o a cantantes de hip-hop por el contenido de sus canciones, la situación de los presos y exiliados políticos, la rocambolesca criminalización de los CDR como "grupo terrorista" por parte de la Fiscalía del Estado, la investigación criminal iniciada en Bélgica por la justicia belga por el seguimiento realizado por la policía española y el CNI a Carles Puigdemont, o la negativa de la República Federal de Alemania a entregarle a las autoridades españolas, entre otras flagrantes muestras de inobservancia de los valores democráticos y pluralidad que requiere una sociedad integrada en la Unión Europea.

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