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El estado lo llama entrega digna

Acción de Amnistía Internacional sobre desapariciones en Colombia en Barcelona © LLUIS GENE/AFP/Getty Images

Hace unos días volví de una visita a Colombia. Fui para atender lo que la Fiscalía General de la Nación llama “entrega digna”. 

“Entrega digna”, en este caso, de un cuerpo que fue víctima de un crimen de Estado. Entrega de los restos óseos de quien antes de ser ejecutado también fue torturado por miembros del Estado colombiano. 

¿Cómo no quedarse tropezando en el hecho de que precisamente la institución que después de más de 30 años no ha sabido responder ante nuestro derecho a la justicia y la verdad, use sin sonrojarse la palabra “digna”, la expresión “entrega digna“? ¿Qué hay acaso de digno en todo esto? 

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Sobre el concepto y la existencia de presos políticos

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Quisiera tratar con una tranquilidad reflexiva, a veces difícil de realizar debido a la vertiginosidad de los acontecimientos y la tensión e intereses que rodean a ciertos temas, desde un punto de vista fundamentalmente analítico y académico, la expresión tan discutida en los últimos meses, sobre si existe, o no, la categoría de preso político en España. Con frecuencia, la negación a aceptar su existencia se argumenta señalando que en una democracia la disidencia está permitida y legalizada y por tanto supondría una contradictio in terminis aceptar una categoría semejante.

Para comenzar, creo que pocas veces se repara en el hecho de que, antes de tratar sobre la existencia o no de presos políticos, debería pensarse en el estadio cronológicamente anterior a la situación de privación de libertad que la determina. Aludo a la categoría de "delito político" (antigua y muy conocida en el derecho penal), especialmente pensada, discutida y legislada en las postrimerías del siglo XIX y durante buena parte del XX y siempre rodeada de una polémica que la situó entre los temas más controvertidos de la doctrina jurídica. En realidad, desde finales del siglo XIX, como desde Franz von Liszt en Alemania y Jiménez de Asúa en España quedó de manifiesto, parecería tratarse de un binomio de aceptación imposible para las dos partes en conflicto. Repasemos brevemente los principales contornos de la discusión aludida.

Los orígenes, modernos, del concepto de delito político, se encuentran en el combate (y esta palabra es relevante pues pone de manifiesto la dimensión bélica sobre la que se asienta la cuestión) contra el movimiento obrero, contra sus manifestaciones más organizadas y "radicales" y en concreto contra lo que se dio en llamar "el anarquismo" por numerosos autores. Muchos autores y líneas de la criminología positivista y tardo-positivista pueden dar testimonio de cuanto se indica. Repasemos brevemente algunos antecedentes.

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Del fútbol alemán a la resistencia: Mesut Özil

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Özil

La semana pasada y cerrando con broche de oro el desastroso papel que jugó la selección alemana de fútbol en el mundial, uno de sus jugadores decidió no querer jugar más para este país y renunció, por primera vez en su historia, a ella. La razón: Racismo y falta de respeto.

Alemania es conocido mundialmente por su fuerte historia de antisemitismo y racismo. Este caso del que quiero hablar, empezó con una foto donde aparece el jugador Mesut Özil posando junto al presidente Turco Erdogan. En cuanto la vi, supe que llegarían las críticas de todos los rincones de Alemania, no solo por tratarse de un presidente muy pero muy cuestionable, sino porque en el imaginario colectivo alemán, que poco entiende de biculturalidad y binacionalidad, un jugador de su selección solo podría posar con Merkel y esta foto era simplemente muy poco alemana.

"I am German when we win, an immigrant when we lose."@Arsenal star @MesutOzil1088 issues powerful statement accusing his nation's FA of racism as he quits following Erdogan photograph controversy https://t.co/6gnHZviYLbpic.twitter.com/bMWGtI1CRr

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Juana Rivas: un engaño y una condena desproporcionada

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Juana Rivas

El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha dictado una sentencia durísima contra Juana Rivas. Hace un año ya critiqué lo que me parecía una errónea estrategia dirigida por una “asesora” no abogada, con el fin de darle la vuelta al sistema, sacrificando por el camino a su “cliente” Juana Rivas y no cambio ni una coma mi posición al respecto.

Ahora bien, Juana Rivas no solo me parece una víctima de esta impostora que la precipitó por una senda imposible, sino que ha recibido la peor respuesta judicial, una condena desproporcionada, con evidentes errores técnicos. Juana Rivas merecía una sentencia justa, proporcionada y adecuada a su comportamiento, no una reacción revanchista y desproporcionada.

No es justo que la condena no haya tenido en cuenta la intervención de Francisca Granados, quien manejó la situación de plató en plató y se erigió en portavoz de Juana Rivas con gran arrebato mesiánico, ocupando así un espacio mediático que no se corresponde con su clamorosa ausencia en el procedimiento penal que ha cercado a su “cliente”. Clamaba contra la injusticia del sistema y blandía la figura de la desobediencia civil, sin embargo, cuando ella misma tuvo que comparecer ante el Juzgado de Instrucción como investigada, se acogió a su derecho de no declarar. Ejerció correctamente el derecho fundamental a guardar silencio en una actitud poco heroica, pues decidió para sí lo que no permitió a su “pupila”: se defendió y se entregó en manos de un profesional del Derecho, su abogado. Se comportó precisamente como cabe hacerlo cuando uno tiene un problema legal, ejerció los derechos que la Constitución contempla para defenderse, pero en esta actitud de “sálvese quien pueda” dejó a Juana Rivas a los pies de los caballos. ¿Por qué no se autoinculpó en un ejercicio de solidaridad y desobediencia civil para con su “cliente”?

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El Juez natural... ese gran ausente

Parte de las garantías con las que cuenta cualquier persona que va a ser enjuiciada es la de conocer, de antemano y en base a lo que previamente establece la Ley, el Juez o Tribunal que va a enjuiciarle o, dicho en términos jurídicos tiene derecho al Juez predeterminado por Ley; es decir, con carácter previo a la comisión de cualquier presunto delito, se debe saber quién (qué órgano jurisdiccional) sería el encargado de enjuiciar los hechos. Esta garantía lo que busca, entre otras muchas cosas y explicado de manera muy sencilla, es evitar, en palabras de Díaz-Picazo: 1) la creación de tribunales extraordinarios o de excepción; 2) la creación de jueces especiales, y 3) la alteración de las reglas generales de competencia entre jueces ordinarios.

A este respecto, y ya desde antiguo, tiene dicho el Tribunal Constitucional que el derecho al juez legal «exige también que la composición del órgano judicial venga determinada por ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente» (STC 47/1983), de modo que «una eventual irregularidad en la designación del juez que ha de entender de un proceso puede constituir una infracción del derecho del justiciable al juez ordinario predeterminado por la ley” (STC 31/1983).

En el inminente juicio a los políticos catalanes no sólo se les está vulnerando el derecho al juez imparcial sino, también, el derecho al Juez natural predeterminado por Ley toda vez que, con la Ley en la mano, este caso no debe ser enjuiciado por el Tribunal Supremo, y me explicaré.

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Imparcialidad: ni está ni se le espera

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Un manifestante pide la "libertad para los presos políticos" en Valencia

La imparcialidad judicial es una de las principales garantías que tiene cualquier persona que se va a enfrentar a un proceso y, más aún, cuando se trata de un proceso penal en el que está en juego la libertad; la imparcialidad, por eso mismo, está reconocida y garantizada en lo que podríamos denominar el “núcleo duro” de los derechos fundamentales. Sin imparcialidad no habrá juicio justo, como tampoco lo habrá sin pleno derecho de defensa, de tutela judicial efectiva o de debidas garantías y cuando se vulnera uno de esos derechos el proceso deja de ser justo.

La imparcialidad puede verse afectada por diversas razones y, como tiene dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solo es una cuestión objetiva sino, también, subjetiva, lo que implica que el encargado de juzgar no solo debe ser imparcial sino, igualmente, parecerlo. En algunos casos ni se es imparcial ni se parece imparcial y esto es lo que está ocurriendo con el proceso penal que se sigue en contra de los políticos catalanes y no me refiero ya a la actuación del Juez Llarena que, evidentemente, está precedida por la falta de imparcialidad, sino, más concretamente, a la falta de imparcialidad del Tribunal que les va a enjuiciar.

Cuando el 31 de octubre de 2017 el Tribunal Supremo admitió la querella presentada por la Fiscalía en contra de los políticos catalanes, la Sala de Admisión, es decir la que resolvió que los hechos objeto de querella tenían apariencia de delictivos y acordó abrir el procedimiento, estuvo formada por los Magistrados D. Manuel Marchena Gómez, D. Andrés Martínez Arrieta, D. Julián Sánchez Melgar, D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y D. Luciano Varela Castro; ponente de dicha resolución, es decir, quien la redactó, fue el Magistrado Sr. Marchena.

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Llarena, espantada y consecuencias

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Carles Puigdemont

La última espantada del juez Llarena, retirando no solo la Orden Europea de Detención y Entrega cursada a Alemania en contra de Puigdemont, sino también la existente en contra de Ponsati en Escocia, las inexistentes contra Comín, Serret y Puig en Bélgica, así como la orden internacional de detención cursada a Suiza en contra de Marta Rovira, pone en evidencia tanto el talante de dicha persecución como el escaso rigor técnico de quien las había cursado. En cualquier caso, lo relevante no es la retirada de dichas órdenes, sino las razones para ello y sus consecuencias que, estoy seguro, no han sido adecuadamente calibradas.

Las razones son claras: la tesis acusatoria, que no investigadora, de Llarena se sustenta en una antidemocrática interpretación de los hechos y la correspondiente, también antidemocrática, aplicación del Derecho Penal, como bien ha dejado en evidencia el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein no en una ni en dos, sino en tres ocasiones.

Sí, pensar que lo sucedido el 20 de septiembre o el 1 de octubre pasados pueda encajarse en los delitos de rebelión y/o sedición solo refleja que quien está realizando esa interpretación dista mucho de tener una visión democrática de la realidad, porque basta una reposada y desapasionada lectura del auto de procesamiento dictado por Llarena para entender que lo que realmente está criminalizando no es otra cosa que los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación.

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El caso de Ángela: la oportunidad de oro para creernos los derechos humanos

violencia machista

“Naciones Unidas” acostumbra a ser percibida como una entelequia que invocamos con distintos motivos, a menudo como fuente de autoridad en nuestros razonamientos. Las personas que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos sabemos sus límites y potencialidades. Conseguir un pronunciamiento favorable de la ONU sobre nuestras causas representa una victoria encomiable, que se plasma en titulares de prensa y se incorpora como lema en las luchas sociales. No obstante, no es infrecuente que el gran esfuerzo para lograr ese reconocimiento se quede en eso: un argumento de peso a la espera que los poderes públicos, si lo desean, lo lleven a la práctica. El gran reto es conseguir que las directrices de Naciones Unidas se hagan realidad, ya que no existe a día de hoy en España ningún mecanismo encargado de darles cumplimiento.

Este fue el caso de Ángela, que tras agotar las vías posibles de denuncia internas, llevó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas el asesinato de su hija a manos de su expareja en una visita no vigilada. Ángela, con el apoyo de Women’s Link, obtuvo un gran triunfo: que el comité fallara a su favor, condenando a España a indemnizarla y a tomar una serie de medidas en relación con la violencia machista.

Sin embargo, durante años este dictamen no se ha implementado, de modo que Ángela decidió exigir su cumplimiento ante los tribunales españoles hasta llegar al Tribunal Supremo en casación. Y se acaba de conocer la sentencia: el alto tribunal considera que el Estado “vulneró derechos fundamentales de la recurrente, concretamente sus derechos a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral, y a la tutela judicial efectiva”.

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La indignación por la sentencia de la manada y las presiones sobre los jueces

Uno de los lemas de la concentración que clama contra la actuación judicial en el juicio contra "la manada".

La sentencia de la Manada dictada por la Audiencia de Navarra ha puesto sobre la mesa deficiencias importantes en el seno del Poder Judicial (PJ) español. Nadie se atreve a negar que éstas existen. Sin embargo y a pesar de ello, algunas asociaciones de jueces han pedido detener la ola de manifestaciones en ciudades y pueblos del Estado por atacar su “independencia judicial”. La base de su argumento es que el problema del PJ, por ser una cuestión técnica, debe afrontarse de manera detenida y sin presiones por parte de los expertos, al margen de la irracionalidad de una masa movida por “pasiones y sed de venganza”.

Esta es una posición que se construye sobre tres falacias: 1. El carácter técnico-jurídico del debate sobre los derechos; 2. La reforma del PJ como cuestión de cultura legal interna; y, 3. El PJ como poder independiente. Frente a estas falacias, defenderé dos conclusiones que van en sentido contrario: la primera, es que no deben detenerse las movilizaciones sino intensificarse. Y, la segunda, es que las manifestaciones no deben quedarse en una crítica parcializada a una sentencia o un juez, sino en la crítica integral al régimen, causa primera de que existan este tipo de sentencias. Detengámonos en las tres falacias citadas, para pasar, a continuación, a las conclusiones.

La primera falacia es la del carácter técnico-jurídico del debate sobre los derechos. Según ésta, la sociedad debería mantenerse al margen del debate sobre los derechos que, como debate técnico-jurídico que es, correspondería resolver a los y las jueces.

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Ratifiquen la Carta Social Europea

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, reza el primer artículo de la Constitución, aunque bien podría sustituirse por atávicas soflamas dada la aparente inoperancia de algunas de sus adjetivaciones. Las políticas neoliberales de los últimos años, nuestra inserción en una Unión Europea tamizada de ciega creencia en las bondades del libre mercado y la falta de voluntad política, han provocado una verdadera mutación constitucional y desvirtuado, de forma contundente, el apelativo de “social” que recibe nuestro Estado.

Y buena cuenta de ello lo da el insólito hecho de que, a día de hoy, el Reino de España se encuentre tristemente entre el grupo de países que, aun habiendo firmado la Carta Social Europea, no han ratificado las modificaciones introducidas en 1995 y 1996, que crean un sistema de control de cumplimiento de los derechos sociales y amplían, al tiempo, su catálogo. Si el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez quiere de verdad dejar su impronta en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos e iniciar un cambio de rumbo en la protección efectiva de los mismos, debería inmediatamente ratificar dichas modificaciones y así vincular, desde el presente, las posibles decisiones funestas que tomen sus sucesores.

Y es que la Carta es, sin duda, el instrumento más avanzado de reconocimiento de los derechos sociales en Europa. Nacida al calor de la consolidación y triunfo del Estado de Bienestar en los años sesenta, hoy se presenta ante algunos gobernantes del continente como un texto anacrónico, anclado en las viejas concepciones surgidas del gran pacto creado entre el Capital y el Trabajo durante la posguerra mundial. La tan afamada flexiseguridad, la precariedad, la movilidad o la desfragmentación de la clase trabajadora no tienen cabida en un tratado internacional de entre cuyos objetivos destacan el pleno empleo y la seguridad y estabilidad en el trabajo. Por eso mismo, la Carta puede convertirse en un freno a las políticas neoliberales que arrastran al derecho laboral a la Edad Media, donde el patrón se parece cada vez más al amo, y el trabajador, al siervo.

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