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Irán, análisis de la actual crisis, más allá de la brocha gorda

Elevan a 25 los muertos en las recientes protestas de Irán

La espiral belicista de Estados Unidos, sus adláteres y su aparato de guerra, y las distintas y creativas formas utilizadas para llevar la desestabilización, muerte y destrucción a aquellos pueblos cuyos gobiernos no aceptan los dictados del Imperio, nos llevan, en muchos casos, a mirar con desconfianza y recelo cualquier movilización popular cuando ésta se levanta contra uno de estos gobiernos. Son muchas, y distintas, las formas utilizadas para “vestir” estas agresiones: golpes de estado blandos (Brasil, Honduras…), intervenciones “preventivas”, “humanitarias”, revoluciones de colores, primaveras árabes… y también han sido muchos los pueblos que las han sufrido con el obvio objetivo de sustituir al “díscolo” gobernante de turno por otro más “razonable”: Yugoslavia, Iraq, Afganistán, Libia, Siria, Ucrania, Venezuela…

Las organizaciones, partidos y movimientos políticos y sociales, del ámbito antiimperialista, estamos tan a la defensiva en esta cuestión que corremos el riesgo de elaborar análisis maniqueos, dividiendo a los gobiernos en “buenos y malos” en función de la posición de alineamiento con el bloque imperialista (EEUU, UE, OTAN, Israel, monarquías reaccionarias árabes…) o con el bloque alternativo (China, Rusia, Cuba, Corea del Norte, Siria, Irán…) y, a consecuencia de ello, impidiendo un examen riguroso en muchos países de cada uno de los problemas que se nos plantean, poniendo bajo sospecha cualquier matiz que escape a una tosca división en blanco y negro.

Desde que el pasado 28 de diciembre comenzaran las protestas en Irán, se ha entrado de nuevo en esta dinámica de buscar quién está apoyando las “movilizaciones de los sicarios del imperialismo”, “quién está haciéndole el trabajo sucio a Soros” o trabajando para la OTAN. Tremendo error.

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De terrorismo y toboganes de agua

El Gobierno Foral pide la reconsideración de calificación penal de los sucesos de Altsasu

Los tres jóvenes de Altsasu llevan más de un año en la cárcel.  Según la Audiencia Nacional por, presuntamente, haber “hecho cosas de terroristas”, ergo por ser terroristas. Es increíble la facilidad con la que la opinión pública ha aceptado que la posibilidad de haber cometido un delito es motivo suficiente para estar en prisión. También es sorprendente que, como declara la defensa, las garantías procesales en España brillen por su ausencia. Y, por supuesto, es sorprendente cómo nuestra justicia asocia hacer algo que pudiera hacer un terrorista con ser un terrorista.

Pero de estas cuestiones, que realmente no son tan sorprendentes sino más bien preocupantes, nos ocuparemos otro día -al que le apremie la curiosidad puede echar un ojo a los conceptos de Estado-guerra y fascismo posmoderno del profesor López Petit.

Hoy vamos a ocuparnos de otro hecho también sorpre... preocupante: ¿En qué narices está pensando la audiencia Nacional para imputar un delito de terrorismo por una pelea de bar? Tristemente la respuesta es: en hacer cumplir la ley. Supongo que para la gente de bien aquí acaba el debate. "La ley es la ley, y de ella emerge el bien y el mal, y Montesquieu ya tal ".

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Las lecciones del caso de Ahed Tamimi

La Corte militar extiende la detención de la adolescente palestina Ahed Tamimi

"El objetivo de las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF) es proteger la existencia del Estado de Israel y su independencia, y frustrar todos los esfuerzos del enemigo para interrumpir la forma de vida normal en Israel". Esta definición, así expresada, se encuentra en el párrafo de apertura del código de ética de la IDF, explicando los principios de "El espíritu de la IDF". Este espíritu fue adoptado por mis amigos y por mí, mucho antes de ser reclutado. Durante mi niñez fui criado y educado con el conocimiento de que un día llegaría mi turno de vestir un uniforme. Creí que era un privilegio servir a la sociedad que me nutría y participar en la protección de mi hogares privado y colectivo. Recuerdo las conversaciones con mis amigos al recibir nuestras órdenes preliminares y nuestra ansiosa anticipación al momento en que nuestra generación continuaría asumiendo la responsabilidad de la defensa de Israel.

Y ahora, años después, veo imágenes de Ahed Tamimi y estoy lleno de tristeza. Por ella, por los soldados que la confrontan y por nosotros así como por las mentiras que nos hicieron creer y la inmensa brecha entre este engaño y la realidad sobre el terreno. Lo que vemos en esta filmación son dos adolescentes en el patio delantero, tratando de ahuyentar a dos soldados armados y ocupantes. Están usando sus manos, sus voces y sus teléfonos celulares. ¿Hay alguna amenaza aquí, para la existencia del Estado de Israel y su independencia? No.

La seguridad e independencia de Israel no está determinada en las calles de Nabi Saleh. La misión de los soldados, en ese día, y en todos los demás días, fue hacer cumplir la ocupación militar y profundizar el control militar sobre las vidas de los palestinos. Esta misión, que incluyó ingresar en la casa de Tamimi, es, de hecho, una misión continua e interminable. Para hacer cumplir el gobierno militar, se requieren rutinas y acciones diarias sin fin. La IDF tiene normas y códigos de conducta para  "hacer sentir la presencia" o "crear un sentido de persecución". Un soldado que sirvió en Nablus hace unos años, declaró a “Breaking the Silence” que: "Toda la rutina se caracterizó por la intimidatoria presencia israelí. Muchas veces pasamos las tardes en el cruce de Beitot [cerca de Nablus], o en el área, solo para sentarnos allí, con el objetivo de crear una sensación de persecución. Ese era el objetivo en las órdenes de la  misión: crear un sentido de persecución entre la población palestina”.

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Catalunya después del 155, ¿qué va a pasar?

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Una bandera estelada junto a un semáforo

Tres meses después de que empezaran los encarcelamientos, la represión del 1-O y la aplicación del art. 155 de la Constitución sobre el independentismo y las instituciones catalanas, el Gobierno del Estado valora muy positivamente su actuación argumentando que ha servido para descabezar, poner fin o, al menos, apaciguar el conflicto catalán. Se trata de una visión absolutamente incapaz de entender los procesos históricos.

La tesis que sostengo es la contraria, después del 155, el conflicto catalán recomienza con mayores potencialidades de ruptura que antes, por dos razones: 1. La erosión del sentido común dominante; y, 2. La aparición de una nueva estructura de conflicto con un cambio de clivaje político central.

1. La erosión del sentido común dominante: Gramsci definió el sentido común como el principal instrumento de dominación. Ahora bien, el sentido común que garantiza la reproducción del sistema no es un bloque de hechos, prácticas, saberes, valores o relatos homogéneo, uniforme y exento de contradicciones. Si lo percibiéramos así caeríamos en una excesiva absolutización del Poder que convertiría a los sujetos en meros idiotas culturales y a la sociedad en un espacio sin resistencias posibles. El sentido común no es un bloque puro. El movimiento real de la Historia ha incrustado en nuestro sentido común multitud de prácticas, discursos y saberes contradictorios. En él conviven lógicas que reproducen el orden dominante con lógicas que lo desafían y generan sospechas ideológicas hacia el primero. Conjuntamente con prácticas-saberes patriarcales y capitalistas plenamente interiorizados, gran parte de los ciudadanos creen a la vez, por simple sentido común y sin ningún sostén teórico complejo, que la educación y la sanidad pública o unas condiciones de trabajo dignas son necesarias y tienen que ser derechos universales.

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¿Es posible una justicia progresista en el régimen del 78?

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Manifestación a favor de la libertad de Alfon

Andrés Bódalo, Alfon, los Jordis, los titiriteros, el Gobierno legítimo catalán, las activistas por el derecho al aborto de Mallorca, profesores, alcaldes, bomberos y concejales imputados por rebelión, etc. En todos estos casos, a pesar de la imputación de la fiscalía dependiente del Gobierno del PP, el componente político de los mismos permitiría a los jueces interpretarlos como una expresión política legítima, mereciendo un tratamiento más holístico que los diferencie de los actos penales y considerando que el sujeto, en el contexto de la resistencia social, no tiene como finalidad delinquir para beneficiarse, sino por el contrario, la intención de mejorar una situación de injusticia. Sin embargo, nada de ello ocurre. Los jueces tratan y resuelven todos estos, en el mejor de los casos, como si se tratara de un mero acto criminal más, y en muchos de ellos incluso, forzando la argumentación para poderlos encarcelar y/o condenar.

Más de un año ya de prisión preventiva para los jóvenes de Alsasua y solicitud de penas desproporcionadas. Leyes autonómicas antidesahucio en Andalucía, de acceso universal a la sanidad en el País Valencià, contra la pobreza energética o antifracking en Catalunya, etc. que, a pesar de los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno del PP, el Tribunal Constitucional (TC) podría rechazar fundamentándose en el principio de aseguramiento del contenido esencial de los derechos, entre muchos otros. Sin embargo, tampoco nada de ello ocurre y el TC las anula ¿Qué le pasa a la justicia española?

Se dice que el Estado de derecho es un modelo donde los jueces resuelven los casos de manera pasiva con una mera aplicación neutral de las normas. No es cierto. En todo proceso judicial el juez tiene un papel activo tomando como principal factor determinante de la decisión lo que él cree que hubiera sido correcto en función de los hechos. Las normas legales son una justificación posterior a una decisión basada en consideraciones no legales, sino de sentido. Toda sentencia es fruto de una interpretación ideológica de los hechos por el juez.

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Las penas siempre se cumplen íntegramente

Cada vez que se produce un crimen execrable comienza el debate, tanto sobre la duración de las penas como sobre el cumplimiento de las condenas impuestas a quienes, finalmente, son declarados culpables. El argumento, en el fondo, es siempre el mismo: hay que buscar la fórmula para que las penas se cumplan íntegramente, como si hasta ahora no fuese así. Lo que subyace en estos planteamientos no es otra cosa que una visión inconstitucional de las penas privativas de libertad y el deseo, de no pocos, de adentrarnos en un sistema penal basado exclusivamente en el castigo.

Este proceso de "des-constitucionalización" de las penas, o de arrastrarlas fuera del mismo marco constitucional que tanto se dice respetar, comenzó con la Ley Orgánica 7/2003 que estableció, entre otras cosas, el denominado "periodo de seguridad" según el cual, en función de unos determinados delitos, los penados no podían acceder al tercer grado penitenciario sin antes haber extinguido ese "periodo de seguridad". Posteriormente han venido otras reformas hasta llegar a la prisión permanente revisable, un eufemismo para referirse a la cadena perpetua, que es una pena contraria a nuestro ordenamiento, tal y como ha establecido, en diversas resoluciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ahora, y a raíz del tremendo caso de Diana Quer, se está aprovechando, una vez más, un hecho lamentable pero muy concreto para intentar buscar el mismo objetivo: que las penas sólo sean retributivas. En esta ocasión, lo intentarán a través de una reforma de la Ley General Penitenciaria estableciendo límites a los denominados "beneficios penitenciarios" que serían los permisos de salida y la clasificación en tercer grado de tratamiento (régimen abierto). El argumento es el de siempre y que tan fácilmente cala en una sociedad que parece asumir, de buen grado, que las penas solo han de cumplir con la función de castigar al culpable: hay que hacer que las penas se cumplan íntegramente.

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Que Fujimori no sea la excepción

Fujimori durante su proceso

La reciente excarcelación de Fujimori no ha dejado a nadie indiferente y, por sorprendente que parezca, las críticas han surgido tanto de la izquierda como de la derecha; las causas argumentadas para indultarle han sido de carácter “humanitario” debido a su avanzada edad, a su estado de salud y a los 10 años de prisión efectiva que ya ha cumplido por una serie de delitos muy graves, incluidos hechos que bien pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad tal cual recuerda el texto de la Sentencia dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú: "los actos de asesinato y lesiones graves, objeto de juzgamiento, trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, plenamente, a los presupuestos que identifican a los delitos contra la humanidad"

Los crímenes de Fujimori no sólo son aquellos por los que fue Juzgado y condenado sino otros muchos que se solaparon o encubrieron en una supuesta lucha contra el terrorismo, guerra en la cual las primeras víctimas fueron tanto el propio estado democrático y de derecho como los derechos humanos de sus enemigos. Los muertos, torturados y detenidos fueron muchos...entre ellos algunos buenos y recordados amigos. 

Las condiciones en las que cumplió prisión Fujimori distan mucho de ser aquellas que han padecido y padecen sus opositores. Es inaceptable comparar las condiciones de cautiverio sufridas por Fujimori a las que sigue padeciendo, por ejemplo, Víctor Polay desde 1992 así como tantos otros que llevan décadas encarcelados en condiciones que repugnan a un entendimiento democrático de lo que ha de ser el cumplimiento penal. 

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La Constitución como trinchera del discurso político

Sede del Tribunal Constitucional

La "cuestión catalana", sea lo que sea, ha sacado a la luz algunas de las concepciones que, arraigadas en el subconsciente de determinados sectores, evidencian las carestías de nuestra democracia y de los discursos que, con pretensión legitimadora, le dan soporte. Una de las más destacables es la que se refiere a la naturaleza misma de la Constitución, en tanto ésta se ha erigido en el Sursum corda de toda argumentación con el objetivo de neutralizar jurídicamente el campo de lo político, algo inalcanzable de por sí dado el origen político de todo Derecho. La proliferación del término "constitucionalista", que hasta ahora muchos creíamos etiqueta propia de nuestro gremio, esconde una visión unívoca y anti-pluralista de la Constitución y del marco político que ésta establece, donde el fantasma de Carl Schmitt se deja entrever entre las brumas de los discursos que intentan atrincherarla.

El polémico jurista alemán teorizó, durante la malograda República de Weimar, la tensión que existía y existe entre la Constitución normativa y lo político, donde en la primera se vertían, decía, las decisiones políticas fundamentales que constituían el Estado. Lo relevante del texto constitucional no sería la articulación de mecanismos para que las múltiples voluntades populares expresaran su pluralismo, ni la garantía de derechos fundamentales que amparasen a la persona y a las colectividades ante el Poder, sino la decisión misma de crear y preservar la unidad política y la existencia del Estado frente a sus potenciales enemigos. Lo importante era saber quién decidía en última instancia para salvaguardar el Estado, para defender esa gran decisión de existir como comunidad política; es decir, en el fondo, quién encarnaba la Unidad perdida con el liberalismo y con la democracia pluralista y fragmentaria.

Esa insignificancia de los derechos y del marco jurídico que permite la canalización de ideas contrarias en la arena pública, dada su subordinación al mantenimiento último de la decisión política, parece recobrar vida en nuestro país con la defensa a ultranza de una concepción ontológica, y por tanto errada, de la Constitución de 1978. Ontológica en la medida en que se cree que aquello que el texto establece como decisión, en términos schmittianos, no sólo es inmutable, sino que ha de estar exento de debate político. Así, de las últimas declaraciones de nuestros ínclitos ministros de Justicia y de Interior parece derivarse que la discusión sobre la unidad de España, la forma de Estado o de Gobierno o las cuestiones más esenciales de nuestro modelo constitucional, no solo no son legítimas, sino punibles. Se olvidan de que nuestro sistema, como bien ha aclarado y establecido el Tribunal Constitucional, no constituye una democracia militante, y que las opiniones contrarias a la Constitución y a su esencia (sin duda, la unidad territorial lo es), son perfectamente defendibles por medios democráticos y pacíficos.

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Lo más habitual en el Partido Popular es destruir pruebas

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Registro en la sede nacional del PP

Mariano Rajoy nos ha sorprendido con unas manifestaciones bien extrañas, a propósito del juicio contra el Partido Popular, la gerente Carmen Navarro, el representante legal y abogado de la formación Alberto Durán y el técnico de informática que destruyó el disco duro de uno de los ordenadores utilizados por Bárcenas y se deshizo del otro.

Nos dice Mariano Rajoy, secretario general del partido político que se sentará en el banquillo de los acusados, que “los acusados actuaron de forma habitual”. Claro, debe ser muy habitual que, siendo pública y notoria una investigación contra el tesorero y gerente del Partido Popular, quien llevaba la contabilidad B del partido, se acometiera la destrucción del disco duro del ordenador utilizado por Luis Bárcenas, formateando y aplicando 35 sobreescrituras; una vez que fueron destruidos los archivos, el disco duro fue rayado a conciencia, antes de deshacerse de él.

Debe ser de lo más normal que una vez que el Juez que está investigando, requiere al Partido Popular para que entregue los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas, éstos se entreguen, pero se aclare que uno de los discos duros está destruido -dice el requerido “borrado”- y el otro se ha hecho desaparecer.

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Euroorden y derechos fundamentales

En el proceso seguido en Bélgica, a petición de la Juez Lamela, en contra de los cinco políticos catalanes no sólo se habló de “doble incriminación” sino también, y mucho, sobre derechos fundamentales que son una de las pocas causas de denegación de una reclamación de estas características. Muchos han opinado sin conocer lo que allí se alegó y, también, sin conocer ni la regulación de la Euroorden ni, tampoco, la interpretación que se realiza cuando se alegan esas vulneraciones.

Cuesta admitir que en un proceso de estas características se estén vulnerando derechos fundamentales, pero si realizamos un análisis de conjunto, tanto de nuestro ordenamiento como de las diversas normas comunitarias de aplicación, comprobaremos que efectivamente estamos ante una de esas situaciones en las que se da una apariencia de legalidad, pero en la que se han visto afectados un número elevado de derechos fundamentales que, por cierto, también están reconocidos en nuestra constitución.

Sin pretender ser exhaustivos respecto a todas las vulneraciones alegadas y acreditadas en Bélgica, sí hay destacar algunas que pueden servir para comprender, en caso de desearse, que estamos ante causas impeditivas de la entrega y que, además, son causas claras de nulidad de lo actuado en España.

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