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Derecho y subversión: nosotros que somos tan libres

Nosotros que somos tan libres, cogemos en Madrid el tren hacia Sevilla, desde allí alquilamos un coche hasta Algeciras y cruzamos con el ferry el estrecho de Gibraltar -esa estrecha franja de mar que separa el continente europeo del africano. En el puerto de Ceuta, ciudad autónoma y enclave español en suelo africano, ondean tres banderas: la de la ciudad, la española y la europea. Mi colega español Gonzalo Boyé y yo tomamos un taxi hasta el puesto fronterizo cercano. Apenas nos sentamos en el coche recibimos una sorpresa: el conductor del taxi, Ismael, fue testigo ocular de los acontecimientos acaecidos el 6 de febrero de este año, el día en que 15 inmigrantes perecieron en el intento de cruzar la frontera.

Precisamente esos acontecimientos son el motivo de nuestra visita a Ceuta: intentamos reconstruir exactamente lo que pasó entonces. Ismael nos enseña el lugar donde los inmigrantes desarmados intentaron alcanzar a nado la playa de El Tarajal -territorio español y por tanto de la Unión Europea. Los inmigrantes clamaban: “España, España”, mientras que los vigilantes fronterizos españoles les respondieron con disparos de pelotas de goma y los obligaron a retroceder de nuevo al mar. Fueron quince las personas que se ahogaron.

El conductor del taxi llama “negritos” a los inmigrantes. Él mismo es ciudadano español de origen marroquí y vive en la cercana barriada de El Príncipe, habitada por musulmanes. Un barrio problemático, como se suele decir, en el que los policías solo se atreven a entrar en compañía. Ismael está sinceramente indignado por el trato que los uniformados españoles dieron a los inmigrantes. Nos cuenta que en el agua había embarcaciones españolas y que podrían haberlos salvado. Pero no quiere ir a la policía y aportar allí su testimonio; podría ser peor el remedio que la enfermedad.

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La Ley de Amnistía: Marguš contra Croacia y España contra el mundo

El 27 de mayo se hizo pública la decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Marguš contra Croacia. Sin ser éste el momento de entrar en los detalles de esta causa, valga señalar que en ella el TEDH hizo frente a la valoración general que para el Derecho internacional merecen las leyes de amnistía. Por mejor decir, de las 58 páginas de esta sentencia, cerca de 25 recogen una parte de la -por lo demás muy abundante- práctica internacional a este respecto.

A su luz, ya en la sentencia de Sala de 13 de noviembre de 2012 se había concluido que desde hace décadas existe una clara y constante tendencia que determina que la concesión de amnistías generales respecto de crímenes internacionales -crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etc.- está prohibida por el Derecho internacional. En concreto, se dijo entonces, lo anterior se extraía de las normas consuetudinarias de Derecho internacional humanitario, los tratados de derechos humanos, así como las decisiones de tribunales internacionales y regionales y de la práctica de los Estados (párrafo 74).

Por su parte, en su sentencia la Gran Sala añadió a todo ello algunas consideraciones que merecen destacarse: De un lado, sostuvo que la misma jurisprudencia anterior del TEDH permitía concluir que la concesión de amnistías respeto al asesinato y maltrato de civiles es contraria a las obligaciones contenidas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; en tanto que ese tipo de leyes impiden u obstaculizan la investigación, y necesariamente conllevan la impunidad de los responsables (párrafo 127). Del otro lado, subrayó la obligación unánimemente reconocida de los Estados de procesar y castigar a los responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos; y a su tenor, la general y desde hace lustros creciente orientación internacional a considerar, en consecuencia, a las amnistías como jurídicamente inaceptables (párrafo 139).

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Sistema electoral español: deficiente marco jurídico y peores prácticas

Concluido el recuento electoral y como ya es tradicional, asistimos a un análisis del proceso que incluye las valoraciones políticas de partidos y medios de comunicación, referencias superficiales a la abstención y comparaciones entre resultados de unas regiones y otras. Y poca cosa más. Al aplicar la circunscripción única a las elecciones al Parlamento europeo ni siquiera se escuchan las quejas contra la ley electoral de algunos partidos minoritarios.

Pero en realidad el sistema electoral español tiene muchas deficiencias y no todas vienen de las viejas normas que lo regulan. Las prácticas electorales se han ido degradando con el paso de los años por la desidia de las juntas electorales de zona, los partidos y, por qué no decirlo, los ciudadanos.

La lista de malas prácticas es muy larga. En los colegios nadie hace uso de las cabinas, único sistema que garantiza al 100% el secreto en el voto. A esto se le añade el papel de algunos apoderados que reciben a electores, generalmente de edad avanzada, con el sobre en la mano. El proceso de recuento de votos es dirigido por los apoderados, interventores y representantes de la administración ante la mirada de los miembros de mesas, en muchos casos inexpertos y desconocedores del proceso. Los problemas aritméticos se solucionan con el viejo truco de añadir votos en blanco ficticios para cuadrar los números y, de esta manera, ahorrar los cinco minutos que duraría un nuevo recuento.

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25-M, un buen comienzo

Los inesperados -aunque, para muchos, deseados- resultados electorales del pasado domingo obligan a realizar una doble reflexión. Ante todo, sobre sus implicaciones directas, pero también sobre el probable escenario que plantean de cara al futuro. Desde Contrapoder no podemos renunciar a posicionarnos sobre un tema que nos afecta tanto, especialmente desde una perspectiva transformadora, preocupada por el secuestro de la legalidad y el atropello de los derechos humanos por parte del poder político y económico.

Un buen punto de partida para el análisis es la definición de sus premisas. Y para ello, nada mejor que comenzar por establecer lo que a nuestro juicio  significa ganar o perder unas elecciones.

En la reciente contienda europea los dos partidos tradicionales -exponentes máximos del bipartidismo- fueron de nuevo los más votados. Algunos insisten en considerar que el PP ha ganado las elecciones. Nosotros, sin embargo, pensamos que tanto PP como PSOE han sido derrotados. La legitimidad de ambos partidos no ha quedado destruida, pero sí muy cuestionada. También la de sus propios líderes, quienes, sin duda, deberían asumir su responsabilidad no ya de este batacazo electoral, sino sobre todo del distanciamiento entre sus políticas y los ciudadanos a los que dicen representar. Perder más de 5 millones de votos no implica un mero varapalo. Supone un cambio de ciclo en el que la movilización ciudadana y las izquierdas transformadoras podrían tener un  protagonismo decisivo.

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El derecho ante la transexualidad: una propuesta andaluza

El pasado viernes 16 de mayo se realizaron las comparecencias públicas en la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía relativas a la proposición de ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía. Inicialmente fui propuesto para participar. Sin embargo, desconozco las razones -aunque las intuyo- por las que una mayoría parlamentaria ha decidido excluirme. Supongo que públicamente no está bien visto que un profesor de universidad sustituto que cobra, como único sustento, 270€ mensuales tenga una opinión formada sobre el asunto. Qué mejor que invitar a algunas personas que no poseen ninguna credencial, ninguna publicación o que, incluso, han torpedeado y boicoteado la lucha trans hasta el punto que siguen manteniendo la patologización. Ni siquiera han contado con la única asociación de padres y madres de menores transexuales ( Chrysallis). En las siguientes líneas quisiera presentar algunas de las notas con las que pretendía intervenir en el debate.

El 15 de marzo de 2007, las Cortes Generales aprobaron la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. No se trata de una ley integral, sino de una reforma registral para rellenar un vacío legal. Nada se dice en ella sobre la financiación por la Seguridad Social de los tratamientos a los que se somete la persona transexual, tampoco aborda la situación en centros penitenciarios, ni asume medidas de carácter social y antidiscriminatorias. Su finalidad es proceder al cambio registral. No se habla de cambio de sexo. Este, de acuerdo con la jurisprudencia de los años 80, es inmutable. Lo que cambia es el género. Se cambia hacia un género verdadero, aquel diagnosticado por el experto en medicina y el experto en psicología. Por decirlo con otras palabras, con esta ley lo que se hace es conservar, proteger e inmunizar el sistema jurídico que impone la dualidad de sexos: el transexual debe adaptar su morfología física, psicológica y social a uno de los dos únicos sexos.

¿Y qué requisitos establece la ley? Ser español -lo que nos indica que la ley no trata de proteger a una minoría amenazada en la que hay personas migrantes-, mayor de edad, con capacidad de obrar suficiente, certificar un tratamiento hormonal durante al menos dos años (con serios riesgos para la salud: trombosis, hipertensión, diabetes, cáncer, etc.) y estar diagnosticado de disforia de género (patologización).

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Derecho y subversión: los militares ante los Tribunales

Un día de finales de verano del marzo argentino de este año me encuentro de nuevo en la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, cerca de la Terminal de Retiro y del puerto de contenedores situado junto al Río de la Plata. Todos los días tienen lugar aquí varias vistas orales sobre los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. En una de las salas se desarrolla desde hace ya dos años el macroproceso contra altos cargos militares por la Operación Cóndor, como se llamó a la persecución transfronteriza de los opositores del régimen llevada a cabo con el apoyo de EEUU en los años setenta, cuando las dictaduras militares ostentaban el poder en toda América del Sur. En el proceso actual se dirimen acerca de 106 casos de secuestro y asesinato. Una gran parte de las víctimas son originarias de Uruguay. Pocos pasillos más allá se trata del caso sobre el centro clandestino de detención y de tortura El Vesubio, donde el verano de 1977 fue maltratada también la ciudadana alemana Elisabeth Käsemann.

En otra sala se desarrolla el mayor proceso penal a nivel internacional por crímenes contra la humanidad: el proceso sobre el centro de tortura ESMA de la Marina. Me encuentro hoy aquí porque mi cliente, la ciudadana alemana Betina Ruth Ehrenhaus, va a declarar como testigo y parte civil. Ella y Pablo Lepiscopo, su compañero sentimental en aquel entonces, fueron secuestrados el día 5 de agosto de 1979 y retenidos en la ESMA. Betina, entonces una militante veinteañera, salió de allí con vida.

Betina relata de forma rápida las estaciones de su calvario. Tras una parrillada en casa de sus suegros, de camino a casa son detenidos por tres vehículos e introducidos con violencia en un coche por una docena de hombres armados. Son encapuchados y conducidos a la ESMA, donde durante la dictadura, de 1976 a 1983, se estima que fueron asesinadas unas 5.000 personas. Lleva los ojos tapados y no ve mucho, pero oye aviones despegando y aterrizando; aviones desde los que una parte de los presos son lanzados sobre el Río de la Plata. Huele a carne quemada. No le dan nada de comer y no puede beber nada porque ha sido torturada con electroshocks. Pocos días más tarde es liberada. No corrió la misma suerte su compañero sentimental, que se encuentra desaparecido hasta la fecha.

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Los lodos del desahucio exprés

El 20 de mayo de 2014, la Oficina de Vivienda de Madrid y el colectivo Distrito 14 organizaron un escrache contra Carme Chacón durante un acto de campaña. Si el objetivo del escrache es el de señalar a una persona para poner en evidencia alguna actuación que ha realizado, en este caso se trataba de recordar que, como ministra de Vivienda, Carme Chacón facilitó la práctica de desahucios.

Contra afirmaciones como ésta suelen lanzarse acusaciones de manipulación, de estar mintiendo o mezclando conceptos. Se afirma que las medidas impulsadas por Chacón y continuadas por su sucesora, Beatriz Corredor, no guardan relación (ni por el ámbito en que se aplican ni por las personas a quienes defienden) con la cuestión de los lanzamientos hipotecarios que desde hace unos años se ha conseguido colocar en el debate público.

Carme Chacón fue ministra de Vivienda entre el 9 de julio de 2007 y el 11 de abril de 2008. En esos poco más de nueve meses, sus iniciativas más conocidas fueron dos. La primera, la  renta básica de emancipación (que, en puridad, mejoró las condiciones de una ayuda ya existente). La segunda fue, en efecto, la adopción de medidas para agilizar los desahucios.

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25-M: en defensa del "Multireferéndum"

Hace un mes, diferentes colectivos sociales de Catalunya decidieron aprovechar las elecciones europeas para impulsar una serie de consultas ciudadanas sobre cuestiones que no suelen ser tratadas en el circuito representativo. La iniciativa, presentada como “Multireferéndum”, consistía en organizar mesas para que el 25 de mayo se pudiera votar a favor o en contra de temas diversos. Desde el pago de la deuda ilegítima y de sus intereses al control democrático de la energía, pasando por el uso de transgénicos en la agricultura, la municipalización del agua, de los megaproyectos turísticos o de la posibilidad de que las iniciativas legislativas populares puedan acabar en referéndums vinculantes. El martes, la Junta Electoral Central (JEC) decidió bloquear la propuesta. No obstante, la debilidad de sus argumentos solo viene a dar la razón a los impulsores de la iniciativa.

Según la JEC, la propuesta es inaceptable por dos razones. Primero, porque las preguntas que se quiere plantear pueden “influir en los electores”, ya que tienen “indudable naturaleza política” y se “encuentran en el debate político” en Catalunya. Segundo, porque hay un partido que convoca las consultas -la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)- y hay varios, en cambio, que se oponen a ellas -PP, PSOE, UPyD, Vox y CILUS (Ciudadanos Libres Unidos)-. Como consecuencia de ello, entiende que la convocatoria podría hacerse después de las elecciones europeas, pero en ningún caso el 25-M.

Ambos argumentos son frágiles. De entrada, porque en un sistema que se pretenda democrático el derecho de reunión o la libertad de expresión no desaparecen durante el período de reflexión o durante las elecciones. Siguen siendo derechos fundamentales para la configuración de una opinión pública plural e informada. Lo único que ocurre es que no pueden atentar contra la libertad de voto en dichas elecciones. Si esto es así, nada permite inferir que las preguntas del Multireferéndum puedan coaccionar o limitar esa libertad a quienes quieren ejercerla el próximo domingo. Para comenzar, porque se trata de eso, de preguntas, que ni siquiera prefiguran una respuesta única y que no guardan una relación directa con el proceso electoral en juego. Como el propio Tribunal Constitucional ha sostenido, “solo en casos muy extremos” se puede considerar que un mensaje tiene “capacidad suficiente para forzar o desviar la voluntad de los electores, dado el carácter íntimo de la decisión de voto y de los medios electorales para garantizar la libertad del sufragio” (STC 170/2008, de 15 de diciembre).  

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Derecho y subversión

Los europeos cometen un delito continuado contra aquellos que por muchas y diversas razones desean emigrar a Europa. Un delito contra personas que reclaman el derecho del que hacen uso los europeos desde hace siglos de forma natural.

Poco después de las últimas muertes acaecidas frente a la isla italiana de Lampedusa el pasado otoño, ya era de temer que estas no acapararían la atención de la opinión pública durante mucho tiempo más. Los políticos responsables en Europa lo saben y retardan conscientemente sus actuaciones. Y, desgraciadamente, así volvió a ocurrir: el 27 de enero de este año murieron ahogados doce refugiados de Afganistán y Siria mientras la Guardia Costera griega remolcaba su bote. Tres mujeres y nueve niños. El 6 de febrero fallecieron 15 inmigrantes africanos en el intento de alcanzar Ceuta a nado, un enclave español en suelo marroquí. Los vigilantes fronterizos españoles les dispararon balas de goma. Algunos murieron porque les alcanzaron los tiros, otros se ahogaron. Se conocen algunos de sus nombres: Ibrahim Keita, Armand Debordo Bakayo, Joseph Blaise, Yves Martin Blong, Ousman Kenzo y Oumar Ben Sanda son algunos de ellos.

Desde que comenzaron mis conversaciones con los periódicos DIE ZEIT y eldiario.es acerca de escribir regularmente una columna para el ZEIT ONLINE y Contrapoder, medito sobre la cuestión que impregna diariamente nuestro trabajo como abogados y defensores de los derechos humanos: ¿de cuáles de los muchos ataques a los derechos humanos que se producen en el mundo debemos ocuparnos? En realidad no me gustaría ponderarlos ni tratar unos en detrimento de otros, y desde luego no me gustaría erigirme en juez. Pero naturalmente en la práctica lo hago.

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Su independencia es nuestra catástrofe: Nakba 2014

“Su independencia es nuestra catástrofe” es una de las frases más repetidas durante la primera quincena de mayo, cuando al tiempo que el Estado de Israel celebra su fundación impuesta a Palestina, el pueblo palestino sufre un año más su catástrofe, simbolizada en la devastación de 418 aldeas y en la expulsión del 70% de su pueblo desde 1948. La conmemoración de 2014 tiene como añadido la nueva exigencia israelí de ser reconocido como “Estado judío”; algo que en el contexto de la conmemoración de la Nakba es, simplemente, un recordatorio de que la catástrofe palestina no se ha acabado.

Durante los últimos 66 años, el pueblo palestino ha vivido ya sea en el exilio o bajo ocupación militar. Lo reconozca Israel o no, esa es la realidad. Desde los tiempos en que Golda Meir negaba la existencia del pueblo palestino hasta el día de hoy, la política de sistemática negación por parte de Israel de la catástrofe palestina no nos ha puesto más cerca de lograr la paz. Después de tantos años de colonización y de la imposición de un régimen de apartheid, nada ha podido cambiar una realidad incontestable: que el pueblo palestino se encuentra fuertemente enraizado en su tierra. Ello no quiere decir que el Estado de Israel no exista o que no tenga derecho a la seguridad. Simplemente refuerza la convicción de que no puede existir paz solo para un pueblo: una paz justa y duradera pasa porque los derechos de todos sean respetados.

Pedir que el pueblo palestino reconozca a Israel como un “Estado judío” es pedir que Palestina niegue su propia historia, su propia narrativa y su propia esencia. Es diferente lograr un acuerdo de paz que reconozca el derecho de cada parte a existir a imponer la narrativa de uno sobre el otro. Sobre todo cuando sus consecuencias son tan patentemente negativas: sobre la base del ideal de consolidar un Estado judío, hoy en Israel existen 30 leyes que atacan directamente a la población palestina, del mismo modo que los derechos internacionalmente reconocidos de los refugiados palestinos se mantienen en el limbo por el mero hecho de que no son judíos.

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