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Suárez: Entre el palacio y la calle

El 29 de enero de 1981 Suárez presentaba su dimisión como presidente. Se había quedado solo. La UCD, el partido que el mismo había puesto en pie, era poco más que un avispero para su fundador. Los militares lo querían sí o sí fuera del gobierno. Pero fue sobre todo el deterioro de su relación con el Rey lo que acabó por dar la puntilla final a su presidencia. El último gran desencuentro se había producido poco tiempo atrás a cuenta de la elección de Armada como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Suárez se negaba a aceptar el nombramiento del que posteriormente se convertiría en el Elefante Blanco del 23F, pero finalmente la voluntad del rey se impuso por encima del que poco después dejaría de ser presidente. Se buscaba un golpe de timón ante un proceso de cambio político demasiado abierto y nuestro pequeño Maquiavelo quedó absolutamente abandonado. Primero por los suyos y después por el propio pueblo que, según nos cuentan, lo seguía a pies juntillas, cual flautista de Hamelin, fascinado ante un político de tamaña osadía. En su nueva aventura, con la creación del CDS, sólo consiguió dos diputados en las elecciones de 1982. De hecho, a pesar de todos los mitos, cuando en 1985 se realizó una encuesta del CIS en la que se preguntaba a quién se debían las libertades, sólo un 13% de los ciudadanos apuntaron a nuestros dirigentes, mientras que un 55% las atribuía a las movilizaciones populares.

La leyenda de Suárez contiene elementos de una construcción precaria. Ahora mismo estamos bañados en ella, como una forma específica de reedición del mito de la transición, tan intensa como su crisis real en nuestro presente. Su construcción hagiográfica es de todas formas tardía en relación con la propia articulación memorial de la transición y establece una relación compleja con la misma. Más cuando muchos de los constructores del mito de la transición fueron, ya en los años ochenta, sepultureros políticos de Suárez. Fue precisamente desde su olvido personal, a partir de una enfermedad que afecta precisamente a la memoria, que empezó su activación.

La construcción del mito de la transición contiene muchas implicaciones normativas para nuestro presente, impone legitimidades posibles y excluye las imposibles. Pero quizás la que más incide en la comprensión de la figura de Suárez es la conversión de las consecuencias del cambio político en causas del mismo, para reforzar su legitimidad. La consolidación de la monarquía, el papel dominante de las elites por encima de los agentes sociales o el discurso de la moderación, fueron consecuencias del cambio político, cierto. Pero ser el resultado de un proceso no te convierte en su hacedor. Éste no se desencadenó como un encuentro entre elites, las del régimen y las de la oposición, como tampoco se inició a partir de las contrastadas credenciales democráticas de aquellos que habían sostenido la dictadura.

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Jurisdicción universal: Lecciones desde Turquía

Desde que se ordenó la detención de Pinochet en Londres, España se transformó en un referente internacional en materia de justicia universal. Acudir a congresos y seminarios sobre casos de graves violaciones de la legalidad internacional era una buena ocasión para sentirnos orgullosos de nuestro sistema de jurisdicción universal. Pero, las sucesivas reformas del art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -concluidas con la recientemente introducida por la LO 1/2014, mediante la cual se cercena la capacidad de exigencia de responsabilidad por los grandes crímenes contra la comunidad internacional- nos sitúa en el grupo de países incumplidores de los tratados internacionales y nos obliga a acudir a esos foros con la cabeza baja y un grado importante de vergüenza ajena. Se ha desandado aquello de lo que podíamos sentirnos orgullosos y el testigo lo han cogido países que, al menos en esta materia, parecen más avanzados que nosotros.

En paralelo a la liquidación de la jurisdicción universal en España, en países como Comores o Turquía se tomó la decisión de adentrarse, sin complejos ni servilismos, en procesos de exigencia de responsabilidades a grandes criminales. Para ello, han utilizado el caso de la denominada "Flotilla de la Libertad", atacada por el ejército de Israel en mayo de 2010 cuando iba rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí a la franja. Comores, país de bandera de uno de los buques atacados, ha presentado el caso ante la Corte Penal Internacional, mientras que Turquía, país de nacionalidad de muchas de las víctimas mortales, ha abierto juicio oral en contra de quienes aparecen como responsables de unos hechos que bien pueden ser calificados de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Las razones y vías escogidas por uno y otro país se basan en su situación y capacidades. Comores, al carecer de capacidad suficiente para enjuiciar unos hechos que les afectan, decidió acogerse a las previsiones del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional, el cual establece dicha posibilidad para aquellos Estados miembros que no quieran o, como este caso, no puedan ejercitar su propia jurisdicción en un momento determinado. Turquía, por el contrario, acudió a la vía de la exigencia de responsabilidad en función del ejercicio de la jurisdicción universal, capacidad que se encuentra contemplada en su legislación, al igual que en la de otros países -también en la de España-, en función de los tratados y convenios internacionales existentes y, especialmente, del propio Estatuto de Roma.

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CIEs: el Reglamento de la vergüenza o la normalización del racismo

El pasado 15 de marzo el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros (CIEs).

En la Exposición de motivos se califica a la norma de “oportuna”, se indica que ha sido adoptada “teniendo en cuenta la experiencia adquirida desde la implantación de esos centros” y se afirma que el Reglamento dispone un “tratamiento detallado de los diferentes aspectos de las condiciones en las que debe producirse el internamiento, que redunde en el incremento de las garantías de los extranjeros”.

¿Por qué, entonces, numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos lo califican como “Reglamento de la Vergüenza”? Razones no faltan.

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Suárez: víctima de la falta de consenso de la Transición

Adolfo Suárez

Con el óbito de Adolfo Suárez como justificación, asistimos estos días a una campaña oficial destinada a apuntalar el maltrecho mito de la Transición. La cantidad de medios involucrados en la misma, y su notoria intensidad, revelan no tanto el vigor como el deterioro que sufre la imagen de la Transición en la conciencia colectiva. De hecho, ha querido la casualidad que coincidan en el tiempo el fallecimiento del expresidente, y la campaña propagandística desplegada para la ocasión, con una multitudinaria impugnación del régimen político-económico vigente, haciéndose con ello visible una vez más el contraste entre la España oficial y el país real.

Ha sido el propio rey quien, en su declaración institucional sobre Suárez, ha dejado claro que se trata de instrumentalizar la figura del político fallecido para “recordar y valorar uno de los capítulos más brillantes de la historia de España: la Transición”. Lo revelador es que en esa misma declaración el monarca haya explicitado dos facetas de aquel periodo contradictorias entre sí: el constituir un pacto sellado entre élites y el pretender al mismo tiempo basarse en el consenso social.

En efecto, Juan Carlos no dudó en afirmar que la Transición fue un proceso que “impulsamos Adolfo y yo junto con un excepcional grupo de personas de diferentes ideologías”, y en caracterizar a su factótum, Suárez, como alguien que tuvo la inteligencia de ver que “el mejor porvenir de todos pasaba por el consenso”. Parece claro que la política del acuerdo entre élites, aun presionadas por la movilización popular, fue determinante durante la Transición. Más discutible, sin embargo, es que estuviese atravesada y guiada por el tan invocado consenso.

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Andalucía y la memoria histórica: diez diferencias con la ley estatal

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, por el que se establece el marco para la adopción de políticas públicas de reparación a las víctimas de la represión franquista y de recuperación de la memoria histórica en esa comunidad autónoma.

Sin perjuicio de sus puntos débiles -que deberán ser subsanados durante la tramitación del proyecto-, merece la pena señalar sus aspectos principales. Para ello resulta ilustrativa la comparación con la legislación estatal: la Ley 52/2007, conocida como ley de memoria histórica. Destacan estas diez diferencias:

1. Desde el título, el proyecto andaluz habla de memoria histórica y memoria democrática, mientras que la ley estatal ni siquiera incluyó el concepto de memoria histórica en su denominación.

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El PP no delinque

Tras haber transcurrido un año desde que el Observatorio DESC y otras acusaciones populares presentaran querella principalmente por cohecho, pero también por otros delitos, en el caso de “los papeles de Bárcenas”, podemos sacar algunas conclusiones.

En primer lugar, un error: el interés de algunos por dirigir en el momento actual la investigación solo contra Luis Bárcenas. Desde su demonización por parte de “compañeros” de su partido hasta los últimos informes de los investigadores, centrando sus pesquisas en él y en su entorno familiar, apoyarían esta idea.

En segundo lugar, si centramos exclusivamente el interés en el principal delito imputado, el cohecho, entonces la investigación transcurrirá por un cauce lógico y racional. Y ello hasta el punto de considerar que el papel de Bárcenas es meramente instrumental, al servicio de otros, quienes serían realmente los protagonistas de este “enredo”: los cohechadores y los cohechados. Los empresarios beneficiarios de adjudicaciones de contratos públicos, los “donantes”, así como los funcionarios públicos o autoridades que se aprovecharon, recibiendo cuantiosas cantidades para sufragar campañas electorales y percibir “sobresueldos”. En estos últimos concurriría, además, la responsabilidad de la “gestión” de estos fondos opacos con el objetivo de financiarse irregularmente.

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Protestas antidemocráticas y sedición golpista en Venezuela

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Las movilizaciones convocadas por un sector de la oposición venezolana obligan a plantearse hasta qué punto las protestas de estudiantes, empresarios, comerciantes y aliados -promovidas por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma- responden a un ejercicio democrático o, por el contrario, son parte de un proceso desestabilizador perfectamente urdido. Uno de los argumentos recurrentes para atacar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro sostiene que Venezuela es un país secuestrado por fuerzas extranjerizantes, al servicio de Cuba. Las mismas que habrían suprimido la democracia, promovido la violencia policial e instaurado un régimen totalitario.

Una de las organizaciones más relevantes en las protestas, denominada Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), que impulsa la iniciativa "Operación Libertad", denunció el 22 de febrero que "fuerzas extranjeras han sitiado militarmente a Venezuela. Sus mercenarios nos atacan de manera vil y salvaje. Su objetivo es esclavizarnos". Así, concluyen que es su deber patriótico "defender la soberanía de la nación, expulsando a los comunistas cubanos que se encuentran usurpando el gobierno y la Fuerza armada".

Luis Hernández Navarro -en su artículo de La Jornada titulado "Venezuela: los cachorros de la reacción"- reveló que JAVU mantiene estrechas relaciones y recibe financiación del Partido Popular y de la organización juvenil de Silvio Berlusconi, así como del Instituto Albert Einstein, fundado por Gene Sharp, promotor de las revoluciones de colores en países que no son afines a la OTAN y USA. Tal y como Mirialvic Olivares -uno de los cabecillas- confesara al señalar que "las organizaciones internacionales que nos están apoyando en este momento siempre han estado de la mano con nosotros, no solamente en cuestiones de protesta, sino en cuestiones de formación y nosotros con ellos siempre hemos estado de la mano. No nos da vergüenza, no nos da miedo decirlo". Igualmente en cables de Wikileaks publicados no hace mucho se revela la importancia de promover las manifestaciones de estudiantes, jóvenes y actores no formales en la lucha contra el gobierno bolivariano, apelando a su "pureza y legitimidad". Sin duda, son factores que pueden encender la chispa de una eventual guerra civil.

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Vivienda vacía: el mordisco del Vampiro

Los clásicos del siglo XIX entendieron bien que el capitalismo, librado a su suerte, era un vampiro insaciable. Una bestia que se alimentaba de la energía, de la vida de los más vulnerables. En la literatura de la época podía encarnarse en un conde, en un boyardo encerrado en un castillo desde donde explotaba y aterrorizaba a la gente humilde. La metáfora no ha perdido vigencia. Siglos después, el conde sigue allí. En el consejo de administración de una entidad financiera o en el despacho de un ministerio, redactando las normas que habilitan el gran despojo. Saciando su codicia, impasible, mientras sus víctimas se desangran.

Según el censo del Instituto Nacional de Estadística de 2011, hay en España unos 3,4 millones de viviendas vacías. De ese total, se calcula que entre 800.000 y un millón están en manos de entidades financieras o grandes promotoras. Buena parte de esas viviendas está manchada de sangre. Proviene de ejecuciones hipotecarias. Las víctimas son las de siempre. Familias que firmaron contratos abusivos con los bancos, que han perdido el empleo, y que, de un golpe, se han quedado sin ingresos, sin casa y endeudados. En 2013, el número de parados llegó a los 6.000.000 de personas. Y los desalojos a más de 50.000.

El grueso de esas viviendas es hoy propiedad muerta. Desocupada, infrautilizada. Como todo lo que toca el Vampiro. Algunos ayuntamientos han comenzado a enviar señales de alarma. Producida una ejecución hipotecaria, no es extraño que la entidad financiera se desentienda de lo que ocurre en los pisos desocupados. Las consecuencias son obvias: ingreso de ratas y otras alimañas, generación de focos infecciosos, filtraciones de agua. Satisfecho, el Vampiro tampoco tiene interés en actuar como un vecino diligente. Ni asiste a las reuniones de comunidad ni paga. Según el Colegio Profesional de Administradores de Fincas, las entidades financieras que se habían quedado con viviendas en virtud de embargos adeudaban en 2012 unos 250 millones de euros en concepto de gastos comunitarios. Para colmo, muchas de ellas, como la Sareb, habían recibido para su constitución un 45% de dinero público.

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El voto en blanco: ¿un nuevo actor político?

En noviembre saltaron todas las alarmas. Según las encuestas de intención de voto para las elecciones legislativas colombianas que se celebraron el 9 de marzo pasado, el voto en blanco alcanzaba entre el 23% y el 30% de preferencia y amenazaba con convertirse en la primera opción política de los colombianos. Todos los candidatos se apresuraron a introducir en sus argumentarios de campaña referencias al peligro del voto en blanco; los columnistas se esforzaron en mostrar que sí había políticos honestos y capaces por los que votar; y el diario El Espectador no se anduvo por las ramas: a mediados de enero, cuando alguno de los comités promotores del voto en blanco comenzaba a tener espacio en los medios, publicó que las mismísimas Farc proponían el voto en blanco, aunque de la transcripción literal de las declaraciones en el cuerpo de la noticia no se desprendía llamamiento alguno que justificara tal titular.

Una cuestión que cobra relevancia en esta época de indignación es la de cómo expresar el puro disenso. Las elecciones no son un mecanismo válido en tanto que sólo permiten expresarlo mediante el apoyo a una propuesta concreta de cambio, que será la que obtenga -si es el caso- la legitimidad social y la fuerza electoral necesarias para realizarse en la práctica. No hay vacíos en política. Sin embargo, creo que hoy en día hay muchos electores deseosos de deslegitimar de forma contundente a las elites políticas y promover cambios drásticos en el sistema político e institucional, pero a los que no convencen las opciones que se muestran como alternativas o que necesitan confrontarlas con otras propuestas de cambio en un debate nacional abierto. ¿Cómo pueden estos electores moderados deslegitimar lo existente y forzar el debate sobre el cambio? ¿Cómo puede un elector castigar al sistema político sin legitimar al mismo tiempo una composición distinta del mismo?

La manifestación electoral de la indignación ha sido el “voto bronca”, que en las elecciones legislativas argentinas de octubre de 2001 llevó los votos blancos y nulos al 22%, cuando en las elecciones anteriores había sido inferior al 4,5%, restando a los partidos 4,4 millones de votos. Sin embargo, en Argentina fue el voto conscientemente anulado, y no el voto en blanco, el que obtuvo un crecimiento más espectacular.

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Los perros guardianes

En los años treinta Paul Nizan [1] denunció a los guardianes ideológicos del “orden establecido”. Mucho antes Goethe había declarado: “prefiero el orden a la justicia”. Mounier [2] denunció el “orden” de nuestras sociedades desiguales y excluyentes, y lo llamó “desorden establecido”. Brecht ensalzó el combate contra este falso orden para construir el “gran orden”: el orden justo, aunque en cambio los conservadores lo califican de desorden. El ministro del Interior del Gobierno español, Fernández Díaz, debe conocer de oídas a Goethe y su desafortunada frase. Seguramente le suena Brecht como un subversivo y poco más. No creo que tenga la más mínima idea de quienes eran Nizan y Mounier. Sin embargo, merece ser citado si se trata de reflexionar sobre el orden y el delito. Y por cierto parece que ha emprendido un camino que le aproxima a otros personajes mucho menos atractivos que Nizan, Mounier o Brecht. Como es el caso de Andréi Vyshinski [3], autor de la Teoría judicial de las pruebas y fiscal de los procesos estalinianos de finales de los años treinta. O Maurice Papon [4], prefecto de policía de París que dirigió la represión post 68, impulsó la ilegalización de las organizaciones de izquierda consideradas antisistema y criminalizó a los jóvenes como perturbadores del “orden público”.

El proyecto de ley de "seguridad ciudadana” perpetrada por el ministro español expresa toda una concepción del “orden público”. El ministro del Interior emerge hoy como un perro guardian del desorden establecido. El poder político en España quiere imponer un falso orden silencioso, que no sea perturbado por  ninguna resistencia a la arbitrariedad, ninguna protesta ante la injusticia, ninguna muestra de indignación ante los privilegios, ningún escándalo ante la corrupción, ningunos gritos ante la desesperación. El espacio público, donde conviven y se expresan las demandas y las aspiraciones de los ciudadanos, debe ser un espacio muerto, regido por el temor y reprimido por las autoridades. “Desconflictivizado” como dice Manuel Delgado; “punitivo y mercantilizado” como escribe Jaume Asens [5] en sus recientes textos críticos sobre la “ley mordaza”. Un buen título para una pésima ley, tanto desde el punto de vista ético como moral o como técnico.

No es objeto de este artículo analizar con detalle dicho proyecto. Es suficiente citar algunos de sus presupuestos, objetivos y ejemplos. El punto de partida es criminalizar la protesta. Se considera el “espacio público” como espacio monopolio del poder, el cual lo cede para usos económicos o funcionales (como el transporte o el ocio), pero no para que la colectividad ciudadana se exprese y en ningún caso para confrontarse con el poder establecido. La protesta debe ser inocua, marginal, invisible… o reprimida duramente. Es decir, se ilegaliza aunque ello sea abiertamente anticonstitucional. Para facilitar esta represión se utiliza una legislación al margen del Código penal para evitar las garantías que ofrece el proceso judicial. Se trata de medidas administrativas gestionadas por parte de la policía a la que se dota de facto de la arbitrariedad, pues las normas son genéricas (“ultrajes a España”, “atentar a la unidad española” o “alteración del orden público”, por ejemplo), de impunidad (se eliminan los controles sobre sus actuaciones como grabaciones, cámaras en las salas de interrogatorio, etc.) y veracidad (el testimonio de los polícias se presume como cierto sin necesidad de otras pruebas y posee más valor que el del acusado o de otros testigos).

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