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Malditas multas

Que el recorte de derechos sociales suele acarrear un aumento de la protesta es algo sabido, sobre todo cuando viene acompañado del crecimiento impune de los privilegios de unos pocos. Que los gobiernos tienden a responder a dicha protesta de manera represiva, tampoco es nuevo. La cuestión es cómo lo hacen, cómo intentan perfeccionar el socavamiento lento pero persistente de las libertades civiles y políticas, y con ello, de la democracia.

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley mordaza”, es una pieza más de una serie de medidas represivas impulsadas por el Partido Popular con el objeto de neutralizar el derecho a la protesta. Algunas son conocidas, como el aumento consentido de la violencia policial en las manifestaciones o la reforma del Código Penal impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, no son las únicas. Hay otras más sutiles, no tan visibles, pero igual o más efectivas. Su propósito es recluir a la ciudadanía en su casa y convertirla en un espectador resignado de la expropiación política y económica a la que está siendo sometida. La imposición de multas a quienes protestan es quizás una de las más emblemáticas.

Desde el estallido de la crisis, infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad, provocar desórdenes públicos menores o convocar manifestaciones sin comunicarlas previamente han acarreado sanciones de hasta 300 euros. Según estimaciones de abogados de movimientos sociales, las multas impuestas solo entre 2011 y 2012 alcanzan varios centenares de miles de euros. Estas sanciones afectan a todo tipo de colectivos. Desde afectados por las preferentes, hasta sindicatos y asociaciones de vecinos. Muchas personas multadas por protestar, de hecho, son personas ya endeudadas por no poder pagar sus casas o su acceso a la educación son cargadas.

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11-M: Conspiración, mentiras y dolor

Recordar los atentados del 11 de marzo de 2004, habiendo ya transcurrido 10 años de los mismos, debería ser una tarea sencilla y orientada a acompañar a los supervivientes y familiares de las víctimas en la inmensidad de su dolor. Sin embargo, tras una revisión actual de algunos medios, queda claro que una buena forma de conmemorar lo sucedido, desde el más absoluto cariño y respeto por las víctimas, pasa por explicar cómo algunos han hecho de la barbarie y la tragedia un modo de vida o una forma de vender periódicos.

Mientras supervivientes y familiares de las víctimas llevan 10 años tratando de superar lo insuperable, ese infinito dolor que causa el absurdo vacío generado por la pérdida innecesaria de los seres más queridos, algunos medios de comunicación llevan el mismo tiempo alentado absurdas teorías conspirativas a costa de un precio que la sociedad española no debería estar dispuesta a pagar: el de la verdad.

Muchos ciudadanos, a estas alturas, ni tan siquiera saben a qué se denomina "teoría de la conspiración", pero más de los deseados son los que siguen teniendo dudas sobre la autoría, motivación y desarrollo de los atentados del 11M. Justamente ese es el gran éxito de los llamados conspiranoicos, que han logrado enquistar una duda que va mucho más allá de los atentados y cubre al conjunto de las instituciones y personas que tuvieron la responsabilidad de investigar, aclarar y enjuiciar los hechos.

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El 11M. Siete bulos

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Una década después de la mayor masacre terrorista de la historia de España y siete años más tarde de la vista oral que la enjuició, parece un buen momento para hacer algunas reflexiones.

La primera idea que podemos exponer es que, efectivamente, los llamados “autores intelectuales” –expresión que no existe en Derecho penal, que únicamente conoce en el texto legal a los autores mediatos o inductores– no estaban en lejanos desiertos y escondidas montañas, como dijo alguien de cuyo nombre no logro acordarme.

Efectivamente, el Tribunal Supremo, en su sentencia 503/2008, de 17 de julio, ya afirmó que no es esa la naturaleza del terrorismo yihadista. A diferencia del terrorismo de ETA, en que se detecta –¿detectaba?– una férrea estructura jerarquizada, en este tipo de terrorismo de base religiosa nos encontramos ante varios niveles de organización: desde lo que puede ser el núcleo central de Al-Qaeda hasta células locales, que reciben inspiración ideológica, justificación religiosa para sus objetivos –en ocasiones, entrenamiento–, y son enteramente autónomas en cuanto a su financiación y modo de llevar a cabo sus acciones.

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Mujeres y CIEs

Conocí a Noura cuando estaba encerrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid). Más de la mitad de su vida había transcurrido fuera de Túnez, el país donde nació: antes de venir a España había pasado dos años estudiando en Francia y ya llevaba quince viviendo en nuestro país. Aquí tenía su núcleo social. No me extrañó, pues, que se sintiera española. Tampoco que sufriese constantes y evidentes crisis de ansiedad, que temiese la deportación. No se trataba únicamente de saber que con eso se quebraría todo lo construido, que quedaría definitivamente roto su modo de vida. Estaba también la perspectiva de volver a un entorno salvajemente hostil.

Si apareces por aquí, te corto la cabeza y la paseo por el pueblo- le había dicho su padre.

Es que si no lo hace tu padre, lo hago yo- le aclaró por teléfono su tío.

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Te juegas mucho: la discriminación laboral de las jugadoras de fútbol

Los últimos años están siendo especialmente duros para la clase trabajadora. La crisis y la utilización de la misma están sirviendo como excusa para recortar derechos laborales y libertades públicas. La desigualdad entre la población se acrecienta, así como la desigualdad de género. Las mujeres han visto cómo su voluntad está siendo cuestionada y sus posibilidades de progreso y desarrollo personal, laboral y social también se han visto limitadas. Retrocesos tan sonados como la propuesta de Ruiz-Gallardón de modificación de la ley del aborto obligan a mantener una actitud de resistencia frente a los retrocesos e impiden visualizar algunos de los elementos de discriminación que se han mantenido en el tiempo. Sin embargo, el triste panorama coyuntural no debe hacernos olvidar la continuidad de una realidad estructural discriminatoria. Esta discriminación se observa aún en el ámbito laboral y dentro de éste de modo especial en el deporte donde, treinta años después de la apelación formal de la igualdad de hombres y mujeres en el art. 14 de la Constitución española, las mujeres siguen estando discriminadas.

Varios son los mitos que pesan sobre la mujer y el deporte y que, a la vista de los magníficos resultados de las mujeres en las últimas competiciones, nos atreveríamos a cuestionar: “el deporte masculiniza a las mujeres”, “el deporte perjudica la salud de las mujeres”, “las mujeres no tienen capacidad para el deporte” o “las mujeres no están interesadas en competir”, llegándose a considerar que el deporte es más cosa de hombres que de mujeres. Probablemente en la dominación masculina, que adscribe estereotipos masculinos y femeninos, está la base de estos mitos y prejuicios. Según los estereotipos patriarcales, los hombres están hechos para la vida pública y por tanto deben desarrollar las cualidades más eficaces para moverse en ese medio: dominio, competitividad, lucha, seguridad en sí mismos, etc.; en cambio las mujeres deben tener comprensión, sumisión, solidaridad, etc. y deben ofrecer calma y sosiego. Buñuel Heras afirma que el deporte se convierte en el “ámbito social perfecto para escenificar la identidad masculina: agresión y rivalidad bajo unas determinadas reglas”. Incluso el filósofo Claudio Tamburrini, especializado en ética del deporte, habla del deporte como el último bastión del machismo.

Puede que no sea el último, pero que es un bastión del machismo es evidente. Para empezar es menor el número de mujeres deportistas que el de hombres, como también lo es su presencia en los puestos de gestión. Como recoge Joaquín Piedra, profesor del Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla: "La mayoría de los puestos de responsabilidad dentro de las federaciones están desempeñados por hombres. Sus modalidades son menos difundidas en los medios de comunicación y la consideración social de los deportes femeninos dista considerablemente de tener el valor de los masculinos, hecho que podemos ver reflejado en la diferencia respecto al refuerzo social y económico, en la escasez de modelos femeninos y en la no consideración de los deportes femeninos como profesionales".

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Sentido y futuro de la Audiencia Nacional

Mucho se ha discutido sobre el origen y el sentido de la Audiencia Nacional. También se debate sobre cuál será su futuro. Este artículo pretende dar una visión muy personal sobre un tribunal altamente discutido en España. Aunque no sé si lo conseguiré, intentaré presentar al lector mi opinión.

La Audiencia Nacional fue creada por Real Decreto Ley de fecha 4 de enero de 1977 y justo en este tiempo se suprimía el temido Tribunal de Orden Público (TOP), que estuvo  -hasta esas fechas- encargándose de los llamados delitos políticos durante la dictadura de Franco. Por ello, muchos autores han entendido que en realidad la Audiencia Nacional era la que reemplazaba al TOP.

El legislador se preocupó entonces muy mucho de dotar a este nuevo tribunal de elementos que reflejaran su modernidad y su legalidad; sobre todo por los delitos que se le encomendaban: fundamentalmente, los de terrorismo.

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Universidad española: no es excelencia, es precariedad

Excelencia es la palabra últimamente más escuchada en los rectorados de las universidades públicas españolas. Precariedad es la realidad tristemente sufrida en sus campus por su personal, tanto de administración y servicios (PAS) como docente e investigador (PDI). Aunque pueda parecer extraño, ambos conceptos guardan relación, debido fundamentalmente a la forma como se interpreta el concepto "excelencia" por los responsables universitarios.

En efecto, en boca tanto del ministro Wert como de no pocos rectores, la excelencia se asocia –entre otras cosas– con una particular política de profesorado consistente en aumentar las figuras laborales temporales y evitar tanto la contratación indefinida como la funcionarización de docentes e investigadores que han completado con éxito su periodo de formación. Antes de nada, conviene recordar el origen de estas políticas, dado que no han surgido de un día para otro.

En 2001, bajo el Gobierno del Partido Popular, se aprobó la Ley Orgánica de Universidades (LOU), fuertemente contestada por la comunidad universitaria. A pesar de declarar su oposición a esta norma desde su propia tramitación, cuando el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, optó por mantener en vigor la ley y su espíritu. Tan sólo se realizaron algunas reformas en 2007, que en nada afectaron a la forma de contratación del profesorado universitario (sí lo hicieron, sobre todo, a la gobernanza de las universidades y al acceso a la carrera funcionarial).

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La reforma laboral y el Tribunal Constitucional

El Partido Popular ha hecho de la reforma laboral, desarrollada en fases sucesivas desde 2002 hasta su último hito normativo, el Real Decreto-Ley 16/2013, un elemento central de su modelo de política laboral y de gobernanza de lo social. Por eso le era muy importante garantizar que ese edificio normativo no fuera modificado ni puesto en cuestión. Ha abolido el diálogo social con los sindicatos como forma tosca de impedir cualquier negociación de los efectos de la reforma y se muestra extremadamente crítico ante los múltiples ejemplos de control judicial que mantiene ciertas garantías en el empleo de los trabajadores y de las trabajadoras contra los objetivos pretendidos por la norma.

Una preocupación importante en esta línea ha sido la de asegurar que la reforma no pudiera ser declarada inconstitucional en alguna de sus partes, como pretende un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) y aún no resuelto.

Pero el texto legal del Gobierno ha planteado también dudas de constitucionalidad a los jueces. Uno de ellos, de hecho, ha planteado al TC la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 3/2012 al entender que se trataba de una norma no amparada por las situaciones de urgente necesidad y que dañaba derechos fundamentales. El precedente de una sentencia del Tribunal (la STC 68/2007), que declaró inconstitucional por estos motivos el Real Decreto-Ley 5/2002 de la reforma laboral del gobierno Aznar, permitía pensar que esta doctrina se iba a mantener.

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¿Restringir la justicia universal? No, cinismo legislativo

En un alarde de fingida pulcritud normativa, la proposición de ley orgánica que modifica la justicia universal pretende pulir la competencia de los tribunales penales españoles sobre el argumento de que “la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice”.

Sin tratado no hay jurisdicción, sería el lema. Así las cosas, casi habrá que agradecer que se hayan dejado los más graves crímenes internacionales dentro del ámbito de competencia de los tribunales penales españoles, teniendo en cuenta que los aspectos jurisdiccionales respecto de los mismos se regulan principalmente a través de la costumbre internacional y no hay, por tanto, tratado alguno que copiar.

Legislar al pie de la letra es, efectivamente, la tónica general en relación con la persecución y enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos. Así ocurre con prácticas atroces como la tortura o las desapariciones forzadas: ni una concesión más allá de las obligaciones convencionales asumidas conforme a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

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Venezuela, del proceso democrático a la desestabilización

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En 1998, Venezuela –un país petrolero por excelencia, aliado natural de Estados Unidos, cuyos gobernantes respondían a un acuerdo bipartidista entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, liderados por figuras carismáticas desde 1958– sufría un terremoto político. Entraba en escena un militar cuya popularidad devenía del frustrado golpe militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992.

Se trataba del comandante Hugo Chávez Frías, detenido, juzgado, encarcelado y amnistiado el 26 de marzo de 1994. Desde su puesta en libertad, fue gestando una alternativa popular en los extramuros del sistema: el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Aunó voluntades y luchó –hasta conseguirlo– por cambiar la imagen de ser un "golpista-gorila".

Sus actos venían precedidos de un gran apoyo popular y, sobre todo, de un liderazgo carismático. El 2 de febrero de 1999 prestó por primera vez juramento como presidente ante el Congreso Pleno, y sus palabras fueron contundentes: "Juro ante Dios, ante la patria y ante mi pueblo, sobre esta moribunda Constitución , que haré cumplir e impulsaré las reformas democráticas necesarias para que la república nueva haga una Carta Magna adecuada a los tiempos".

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