eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Verdad o justicia: un falso dilema

Del 21 de enero al 3 de febrero se encuentra en visita oficial en España el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: Pablo de Greiff. Su visita se añade, por un lado, a la que realizó el pasado noviembre el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas; y, por otro, a las observaciones finales emitidas también en noviembre por el Comité contra la Desaparición forzada relativas al informe presentado por España al respecto. Las conclusiones de estos últimos ponen de manifiesto la enorme preocupación que genera, entre los organismos internacionales de protección de derechos humanos, el desamparo en que siguen sumidas -más de 35 años después de la afamada y "modélica" Transición- las víctimas del franquismo.

La visita del relator especial es un momento idóneo para que las asociaciones de víctimas y de recuperación de la memoria histórica recuerden -a él, a la opinión pública española y a la comunidad internacional- la situación en la que nos encontramos. Una situación que bien puede calificarse de urgencia ante el más absoluto desprecio de (casi) todas las instituciones del Estado español frente a las obligaciones que le incumben con respecto a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de esas graves violaciones de derechos humanos en que consistieron los crímenes del franquismo. El tiempo de las víctimas se termina mientras el Estado español sigue dándoles la espalda.

Véanse algunos ejemplos. Si los organismos internacionales señalan que debe facilitarse la exhumación e identificación de restos de víctimas de desapariciones forzadas, el Gobierno ni se inmuta y responde eliminando la partida presupuestaria anteriormente destinada a tal efecto; si demandan apoyo institucional para la búsqueda de la verdad -mediante la creación de una comisión oficial independiente, una base de datos o un plan nacional de personas desaparecidas-, entonces el Gobierno mira hacia otro lado y alega que con la crisis no se pueden destinar recursos a estas cuestiones; si insisten y le solicitan un impulso en el desarrollo de la ley de memoria histórica, el Gobierno responde cerrando la Oficina de Víctimas contemplada en la ley y dejando sin actualizar la información sobre los mapas de fosas. Así podría seguirse hasta un largo etcétera.

Seguir leyendo »

La justicia según Ruiz-Gallardón: reformar para controlar

Alberto Ruiz-Gallardón, quien como alcalde de Madrid endeudó la ciudad hasta límites inimaginables, como ministro está "endeudando" a la Justicia hasta puntos inadmisibles desde la perspectiva de lo que debería ser un moderno Estado de derecho, siendo su última "hazaña" la próxima reforma de la ley del aborto.

Esa "deuda" de la Justicia se refleja en un creciente déficit democrático y de garantías cuyo punto álgido no será otro que la pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que se pretende sustituir por lo que se ha dado en llamar "Código Procesal Penal". Nadie discute la necesidad de una reforma integral del proceso penal, lo que sí se cuestiona es hacia dónde y cómo nos quieren llevar y las consecuencias que se generarían de ver la luz este proyecto de Ruiz-Gallardón. Veamos hacia dónde nos llevará, en caso de implementarse, y cuán endeudada dejará la Justicia.

Para comprender la magnitud y gravedad del tema, comencemos por señalar en un lenguaje profano y claro -y, también, de forma resumida- que las normas procesales no son otra cosa que el Derecho constitucional aplicado, es decir, la ley que regula el cauce por el cual debe discurrir un proceso penal para mantenerse dentro del ámbito del respeto a las garantías constitucionales. Pues bien, hay tres elementos en el proyecto de Gallardón que cuestionan esta exigencia: la atribución de la instrucción al ministerio fiscal; la introducción del principio de oportunidad penal; y la supresión de la acusación popular, quedando limitada a niveles inadmisibles desde la perspectiva constitucional.

Seguir leyendo »

Por qué Contrapoder

21 Comentarios

La resistencia al poder arbitrario se inscribe en lo más profundo de la historia humana. De Antígona a Luther King, de las revoluciones modernas a las luchas cotidianas de la PAH o de las mareas ciudadanas, esta historia es una exigencia de dignidad personal y colectiva. Una exigencia que se afirma, precisamente, como resistencia al poder ilegítimo.

Criticar el poder arbitrario no implica impugnar de manera indiferenciada todo tipo de poder. Un poder público eficaz, por ejemplo, es esencial para garantizar derechos básicos como la asistencia sanitaria, la vivienda o la tutela judicial. También es fundamental para imponer límites y controles a otros poderes privados, como los bancos o las grandes fortunas. Con todo, hay una lección histórica que conviene recordar: no hay poder inocente o intrínsecamente virtuoso. Ni siquiera cuando es ejercido por los “propios”. Todo poder, por el hecho de serlo, puede corromperse y devenir arbitrario si no es sometido, él mismo, a límites adecuados. A contrapoderes.

La existencia de contrapoderes interesa potencialmente a todos los miembros de una comunidad. Pero sobre todo a quienes carecen de poder, es decir, a quienes, por razones económicas, sexuales, de origen étnico, han sido colocados en una situación de vulnerabilidad frente a él. Los derechos humanos, desde esta perspectiva, no dejan de ser figuras del contrapoder, esto es, instrumentos dirigidos a imponer límites al poder concentrado -público y privado, de Estado y de mercado, estatal e internacional- en beneficio de los más vulnerables. ¿Qué es el derecho a la libertad y a la seguridad sino un cortafuegos frente al abuso de la policía y otros aparatos represivos? ¿Qué es la libertad de expresión sino una forma de resistencia contra el pensamiento único que los poderes mediáticos intentan imponer en la televisión, las radios o Internet? ¿Qué son los derechos laborales sino el esfuerzo por contrarrestar la explotación a la que conduce el poder empresarial desbocado? ¿Qué es, en fin, el derecho a la paz sino el intento de colocar un bozal a la bestia del militarismo que se ceba en los más débiles?

Seguir leyendo »

Quiénes somos Contrapoder

Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical.

Contrapoder es un espacio donde construir colectivamente un discurso con vocación transformadora que denuncie el secuestro de la legalidad y los derechos humanos por parte del poder, para ponerlos al servicio de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

En Contrapoder partimos de una premisa: no hay poder bueno. Ni de Estado ni de mercado. Quienes tienen poder, tienden a abusar de él. Y por eso deben ser controlados. En beneficio de la libertad e igualdad real de todas las personas.

Editor

Gonzalo Boye Tuset
@boye_g

Abogado, profesor de Derecho procesal penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, asesor del European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín y del Palestinian Center for Human Rights de Gaza. Asimismo, miembro del equipo de litigios estratégicos del Observatori DESC de Barcelona.

Consejo

Isabel Elbal @isaelbal

Abogada especializada en Derecho penal y profesora de Derecho procesal penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid. Asesora del European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín y del Palestinian Center for Human Rights de Gaza. Asimismo, miembro del equipo de litigios estratégicos del Observatori DESC de Barcelona.

Sebas Martín @sebas__martin

Profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla. Como investigador me ha guiado la intención de historiar las relaciones de poder y de recuperar la memoria de quienes las sufrieron. Entiéndanse mi contribución al blog como un testimonio de resistencia cívica frente a la hegemonía liberal-conservadora inspirado en la supremacía de los derechos individuales y sociales y de la legalidad democrática sobre el poder desnudo, económico o político.

Gerardo Pisarello

Profesor de Derecho constitucional de la Universitat de Barcelona. Miembro de la Junta Directiva del Observatori DESC y del Consejo de Redacción de la revista Sin Permiso. Es autor, con Jaume Asens, de "No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis" (Icaria, Barcelona, 2012) y "La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta" (Los Libros de la Catarata, Madrid, 2014); y de "Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática" (Trotta, Madrid, 2014).

Seguir leyendo »