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Los CIE: ocho a cerrar y uno más

Son tantos los frentes abiertos, tan frenética la espiral de agresiones a los derechos que creímos definitivamente conquistados, que no es infrecuente que, a quienes reclamamos el cierre inmediato y definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), se nos plantee la duda de si es esta la batalla en la que debemos concentrar la mayor intensidad de nuestros esfuerzos.

La respuesta es sí.

Basta una pequeña dosis de reflexión para comprender que, en la ya ineludible tarea de construir una realidad menos hostil, más digna, los CIE constituyen un excepcional campo de pruebas de lo que estamos dispuestos a aceptar; de lo que esperamos ser, si las miras van más allá de resolver los problemas materiales causados por este expolio, al que tan insidiosa como hábilmente han llamado crisis.

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La ley de amnistía y el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad

Este artículo es un extracto y adelanto de un trabajo doctrinal de próxima aparición. 

En el ámbito judicial se viene considerando la posibilidad de elevar cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, como manera de lograr una sentencia que despeje las dudas acerca de su acomodo en la Constitución de 1978 que, aunque no menciona la amnistía, sí contiene una prohibición de los indultos generales.

Los requisitos que deben concurrir en el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad se resumen en la sentencia del TC 42/3013, de 14 de febrero,que recuerda que el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige que "la Ley que el Juez o Tribunal considere dudosa debe ser aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo”. Este mismo artículo dispone que "el Juez o Tribunal tiene que especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la Ley".

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¿Por qué es necesario que los ciudadanos cambiemos de Constitución?

El pasado martes 3 de diciembre se celebró en el salón de honor de la Universidad de Valencia el acto de constitución de la Mesa Social Pro-constituyente de la Comunidad Valenciana. Como otras muchas acciones que se están dando en diversos lugares de España, la de Valencia supone una reunión de mujeres y hombres dispuestos a sentar las bases de un proceso de cambio constitucional desde abajo, mediante la discusión de temas que no están en la agenda de los medios de comunicación, ni en la de los grandes partidos ni en la de las corporaciones económicas y burocráticas. Es una llamada a la activación de ciudadanos y ciudadanas libres que estén convencidos de ser soberanos y dispuestos a ejercer el poder que ello conlleva.

Días más tarde, en los corrillos de la celebración del trigésimo quinto aniversario de la Constitución de 1978, se hablaba de reforma. Proceso constituyente y reforma constitucional son cosas muy distintas, no sólo en cuanto a la extensión y la intensidad del cambio, sino, sobre todo, respecto al papel que juegan los ciudadanos en uno y en otra. La reforma constitucional es un pacto entre vértices burocráticos -esos que hemos oído decir que no, que no, que no nos representan, que no- en el que, de llegar a darse el pronunciamiento de los ciudadanos, será sobre un texto ya acordado. Un proceso constituyente requiere la iniciativa y el papel activo de los ciudadanos para poner sobre la mesa los temas de los que no quieren oír hablar las elites. Si un objetivo primordial del cambio constitucional en España es poner fin al monopolio de los partidos sobre la iniciativa política, abriendo las instituciones a la participación de las nuevas formas de organización ciudadana, una reforma puntual controlada y manejada exclusivamente por los grandes partidos no parece el método más adecuado. Reducir el estado de partidos no es una reforma de la constitución: es cambiar de constitución.

A los ciudadanos corresponde decidir quién y cómo debe cambiar la Constitución

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Baracaldo, 1905: nuestra primera gran protesta antidesahucios

Altos Hornos vistos desde Baracaldo

Suelen explicarse los derechos declarados en las constituciones como mera creación legal, o, en el peor de los casos, como concesión de unos ‘padres fundadores’. Afortunadamente, no falta quien recuerde que los derechos son el fruto de décadas de movilización y lucha social. Pero el feliz recordatorio no suele descender a mayores detalles, con lo que el olvido hace su labor, y, para aquellos que nacimos en régimen constitucional, no queda más que una imagen abstracta y borrosa de esa difícil lucha.

La ofensiva oligárquica que hoy padecemos, y la ejemplar resistencia cívica que le planta cara, vuelve a ponerla de actualidad. Muy visible es en el caso del derecho a la vivienda, ineficazmente recogido en nuestra Constitución, y defendido de forma heroica por ciudadanos rasos. Conviene echar la vista atrás para apreciar hasta qué punto el gesto y compromiso de estos activistas compone, en realidad, la base vital del derecho cuya protección reclaman.

La primera noticia que conozco de la lucha por el derecho a la vivienda en la España contemporánea data de octubre de 1883. Se celebró entonces un «Congreso de Trabajadores de Valencia», en el que se llegó al acuerdo de promover «huelgas de inquilinos para imponer la rebaja de alquileres á los propietarios».

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Nueva reforma de la jurisdicción universal 'made in Spain'

El pasado octubre, la Audiencia Nacional estimaba el recurso de apelación presentado por los querellantes en el asunto Tíbet, y así ordenaba tener por ampliada la querella por supuesto delito de genocidio respecto de Hu Jintao, expresidente de la República Popular China.

En noviembre, la Audiencia resolvía librar comisión rogatoria a las autoridades chinas con el fin de notificar la querella a Hu Jintao. Además, volvía a estimar otro recurso de los querellantes, dando luz verde a la solicitud de órdenes de busca y captura frente a los querellados iniciales (entre ellos, Jiang Zemin, expresidente de China y secretario del Partido Comunista Chino).

Inmediatamente se reactivaron las protestas de las autoridades chinas, acompañadas de la advertencia de que esperaban que no se hiciera nada que dañase "la relación entre China y España". Al día siguiente recogían algunos medios que nuestras autoridades habían respondido que "en España hay división de poderes y el Ejecutivo no puede interferir en decisiones judiciales". Para a renglón seguido, y sin sonrojo aparente, avanzar que, en consecuencia, se estaba ya barajando reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para "limitar el alcance de la jurisdicción universal". Aquella suerte de aviso fue adquiriendo entidad plena en las semanas siguientes.

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Las doctrinas y la seguridad jurídica: de Botín a la infanta Cristina

Hay un principio muy garantista que responde a la llamada previsibilidad jurídica o seguridad jurídica. Por eso, la Constitución prevé el llamado principio de legalidad, que impide que una conducta sea sancionada si previamente la ley no ha establecido su propia existencia y sus consecuencias punitivas.

Dicho principio supone una garantía para todos los ciudadanos de un Estado de derecho y, además, impide que los criterios judiciales y las sentencias emanadas del Tribunal Supremo -que es quien crea doctrina al dictar las sentencias que compondrán la jurisprudencia- cambien su signo abruptamente, en función de elementos ajenos a la misma justicia o necesidad social del momento.

Es decir, los ciudadanos necesitamos saber a qué atenernos. Incluso, la seguridad jurídica se extiende a quien tiene intención de delinquir: si voy a robar en un banco, necesito saber qué pena llevará aparejada esta acción delictiva, cuántos años de prisión cumpliré, cuándo podré empezar a solicitar un permiso penitenciario, cuándo podría salir en libertad condicional, cuándo prescribirá el delito, cuándo prescribirá la condena, etc.

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Disputar Europa

Para un sector importante de la población, las elecciones europeas son una convocatoria inservible. Si la clase política local se encuentra bajo severa sospecha, en el caso europeo el juicio es aún más duro. El Parlamento Europeo es percibido como una institución lejana, con competencias misteriosas pero más bien inútiles y un papel marginal en el entramado institucional de la Unión Europea (UE). En parte del imaginario colectivo, su mayor servicio al bien común consiste en haber acogido a políticos retirados, asegurándoles una jubilación plácida, sin sobresaltos. Son este tipo de imágenes las que alimentan, no sin razón, las previsiones abstencionistas. De ahí la tendencia a minimizar la importancia de estos comicios, a tratarlos si acaso como una oportunidad para medir fuerzas locales y para ganar músculo de cara a pugnas electorales posteriores.

Y sin embargo, todo ello ocurre en un momento en el que Europa se ha convertido en un terreno de batalla decisivo. Más, sin duda, que hace cinco años, cuando la expropiación política y económica de las poblaciones del continente -sobre todo del Sur y del Este-, no era tan drástica. Es en la UE, de hecho, donde se fraguan parte de los rescates a entidades financieras que hincharon las burbujas especulativas y que ahora se benefician impunemente de su estallido. Es en la UE donde los hombres de negro y el club de amigos de Goldman Sachs ultiman los planes de austeridad que condenan a millones a la precariedad y a la exclusión. Es en la UE donde los lobbies de las principales transnacionales presionan para limitar la libertad de expresión en la red y otros medios o para laminar los estándares laborales, sociales y ecológicos.

Combatir esta ofensiva desde la propia UE no es fácil. Antes de 1979, el Parlamento europeo estaba integrado por delegaciones de los parlamentos estatales. Esto permitía un vínculo algo más estrecho entre la política local y la comunitaria. Cuando se introdujeron las elecciones directas al Parlamento, los diputados de uno y otro ámbito dejaron de reunirse. El cambio dio pie a una paradoja. Había cuestiones que se discutían en Estrasburgo, pero cuando llegaba el momento de plantearlas en los parlamentos estatales, nadie sabía lo que su propio partido había propuesto.

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Verdad o justicia: un falso dilema

Del 21 de enero al 3 de febrero se encuentra en visita oficial en España el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: Pablo de Greiff. Su visita se añade, por un lado, a la que realizó el pasado noviembre el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas; y, por otro, a las observaciones finales emitidas también en noviembre por el Comité contra la Desaparición forzada relativas al informe presentado por España al respecto. Las conclusiones de estos últimos ponen de manifiesto la enorme preocupación que genera, entre los organismos internacionales de protección de derechos humanos, el desamparo en que siguen sumidas -más de 35 años después de la afamada y "modélica" Transición- las víctimas del franquismo.

La visita del relator especial es un momento idóneo para que las asociaciones de víctimas y de recuperación de la memoria histórica recuerden -a él, a la opinión pública española y a la comunidad internacional- la situación en la que nos encontramos. Una situación que bien puede calificarse de urgencia ante el más absoluto desprecio de (casi) todas las instituciones del Estado español frente a las obligaciones que le incumben con respecto a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de esas graves violaciones de derechos humanos en que consistieron los crímenes del franquismo. El tiempo de las víctimas se termina mientras el Estado español sigue dándoles la espalda.

Véanse algunos ejemplos. Si los organismos internacionales señalan que debe facilitarse la exhumación e identificación de restos de víctimas de desapariciones forzadas, el Gobierno ni se inmuta y responde eliminando la partida presupuestaria anteriormente destinada a tal efecto; si demandan apoyo institucional para la búsqueda de la verdad -mediante la creación de una comisión oficial independiente, una base de datos o un plan nacional de personas desaparecidas-, entonces el Gobierno mira hacia otro lado y alega que con la crisis no se pueden destinar recursos a estas cuestiones; si insisten y le solicitan un impulso en el desarrollo de la ley de memoria histórica, el Gobierno responde cerrando la Oficina de Víctimas contemplada en la ley y dejando sin actualizar la información sobre los mapas de fosas. Así podría seguirse hasta un largo etcétera.

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La justicia según Ruiz-Gallardón: reformar para controlar

Alberto Ruiz-Gallardón, quien como alcalde de Madrid endeudó la ciudad hasta límites inimaginables, como ministro está "endeudando" a la Justicia hasta puntos inadmisibles desde la perspectiva de lo que debería ser un moderno Estado de derecho, siendo su última "hazaña" la próxima reforma de la ley del aborto.

Esa "deuda" de la Justicia se refleja en un creciente déficit democrático y de garantías cuyo punto álgido no será otro que la pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que se pretende sustituir por lo que se ha dado en llamar "Código Procesal Penal". Nadie discute la necesidad de una reforma integral del proceso penal, lo que sí se cuestiona es hacia dónde y cómo nos quieren llevar y las consecuencias que se generarían de ver la luz este proyecto de Ruiz-Gallardón. Veamos hacia dónde nos llevará, en caso de implementarse, y cuán endeudada dejará la Justicia.

Para comprender la magnitud y gravedad del tema, comencemos por señalar en un lenguaje profano y claro -y, también, de forma resumida- que las normas procesales no son otra cosa que el Derecho constitucional aplicado, es decir, la ley que regula el cauce por el cual debe discurrir un proceso penal para mantenerse dentro del ámbito del respeto a las garantías constitucionales. Pues bien, hay tres elementos en el proyecto de Gallardón que cuestionan esta exigencia: la atribución de la instrucción al ministerio fiscal; la introducción del principio de oportunidad penal; y la supresión de la acusación popular, quedando limitada a niveles inadmisibles desde la perspectiva constitucional.

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Por qué Contrapoder

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La resistencia al poder arbitrario se inscribe en lo más profundo de la historia humana. De Antígona a Luther King, de las revoluciones modernas a las luchas cotidianas de la PAH o de las mareas ciudadanas, esta historia es una exigencia de dignidad personal y colectiva. Una exigencia que se afirma, precisamente, como resistencia al poder ilegítimo.

Criticar el poder arbitrario no implica impugnar de manera indiferenciada todo tipo de poder. Un poder público eficaz, por ejemplo, es esencial para garantizar derechos básicos como la asistencia sanitaria, la vivienda o la tutela judicial. También es fundamental para imponer límites y controles a otros poderes privados, como los bancos o las grandes fortunas. Con todo, hay una lección histórica que conviene recordar: no hay poder inocente o intrínsecamente virtuoso. Ni siquiera cuando es ejercido por los “propios”. Todo poder, por el hecho de serlo, puede corromperse y devenir arbitrario si no es sometido, él mismo, a límites adecuados. A contrapoderes.

La existencia de contrapoderes interesa potencialmente a todos los miembros de una comunidad. Pero sobre todo a quienes carecen de poder, es decir, a quienes, por razones económicas, sexuales, de origen étnico, han sido colocados en una situación de vulnerabilidad frente a él. Los derechos humanos, desde esta perspectiva, no dejan de ser figuras del contrapoder, esto es, instrumentos dirigidos a imponer límites al poder concentrado -público y privado, de Estado y de mercado, estatal e internacional- en beneficio de los más vulnerables. ¿Qué es el derecho a la libertad y a la seguridad sino un cortafuegos frente al abuso de la policía y otros aparatos represivos? ¿Qué es la libertad de expresión sino una forma de resistencia contra el pensamiento único que los poderes mediáticos intentan imponer en la televisión, las radios o Internet? ¿Qué son los derechos laborales sino el esfuerzo por contrarrestar la explotación a la que conduce el poder empresarial desbocado? ¿Qué es, en fin, el derecho a la paz sino el intento de colocar un bozal a la bestia del militarismo que se ceba en los más débiles?

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