Los CIE: ocho a cerrar y uno más

Son tantos los frentes abiertos, tan frenética la espiral de agresiones a los derechos que creímos definitivamente conquistados, que no es infrecuente que, a quienes reclamamos el cierre inmediato y definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), se nos plantee la duda de si es esta la batalla en la que debemos concentrar la mayor intensidad de nuestros esfuerzos.

La respuesta es sí.

Basta una pequeña dosis de reflexión para comprender que, en la ya ineludible tarea de construir una realidad menos hostil, más digna, los CIE constituyen un excepcional campo de pruebas de lo que estamos dispuestos a aceptar; de lo que esperamos ser, si las miras van más allá de resolver los problemas materiales causados por este expolio, al que tan insidiosa como hábilmente han llamado crisis.

No es difícil descubrir que los mismos elementos que sustentan la existencia de estos centros, incompatibles con la dignidad de la sociedad que los tolera y los financia, concurren también en los incesantes ataques que se están llevando a cabo contra derechos que son elementales en una verdadera democracia.

El procedimiento podría reducirse a un esquema sencillo: la desinformación y el miedo como caldo de cultivo de la ignorancia y la pasividad de una ciudadanía a la que, de esta forma, se hace cómplice de graves violaciones de los derechos humanos, en beneficio exclusivo de una casta económicamente poderosa que ha convertido la política en instrumento al servicio de sus intereses.

Desinformación

Los CIE no son, como se ha hecho creer a muchos ciudadanos, centros de acogida para ofrecer mantas, techo y café a quienes llegan en una patera. Los CIE son cárceles. Peores que cárceles. Son espacios en los que no hay derechos, limbos de indignidad en los que se secuestra a personas que no han cometido ningún delito: son extranjeros pobres, eso basta. Eso y una simple infracción administrativa -como puede serlo una multa de tráfico- los encierra en un CIE. “Para que puedan estar localizados cuando puedan ser expulsados”, dicen nuestras autoridades. Pero sus propios datos lo desmienten. La mitad de quienes han padecido el encierro son puestos de nuevo a la puerta del CIE, tras varias semanas de humillación y malos tratos.

Los CIE son, digámoslo claro, lugares que acumulan un despiadado historial de vulneración de derechos, creados para amedrentar a los que llegan y tranquilizar a los asustadizos. Son jaulas en las que se cercena la libertad de personas por la sola razón de que no cumplen con el requisito, hoy casi imposible, de obtener -o conservar- una autorización de residencia. No importa si llevaban dos días o diez años en España. No importa si buscan un sustento que no encuentran, si trabajan sin que les firmen un contrato, o si perdieron su trabajo de años y con él la posibilidad de mantener su residencia. Son extranjeros pobres. Eso basta.

Miedo

Fomentar la desconfianza en el otro, viejo truco. Hacer de la víctima un culpable, esa bajeza. Presentar los tajazos como inevitables, el cinismo. Promover la guerra entre pobres. Alimentar a la hinchada del racismo. “Tú pon a miles de inmigrantes ilegales circulando por las calles y verás con quién está de acuerdo la mayoría de la sociedad”, señaló el ministro Fernández, en defensa de las criminales concertinas.

Tácticas miserables. Y también instrumentos más sutiles, y de igual eficacia perversa: la redada en el barrio (“algo estarían haciendo” piensa el probo), el titular de prensa (“invasión de subsaharianos”), la asociación artera (inmigración–delito). El miedo.

Pero debemos saber, saber, saber.

Debemos saber por qué son opacos los CIE, por qué los ocultan. Por qué sin previo tratamiento cosmético no pueden entrar cámaras, ni prensa. Por qué, cuando se tiene noticia de agresiones policiales en su interior, como pasó a principios de enero en el CIE de Zona Franca (Barcelona), se ignora, con total chulería, el Manual de Naciones Unidas para investigar los casos de tortura o malos tratos. Según este Manual, para elaborar el informe que determina el grado de veracidad de lo alegado (el llamado Protocolo de Estambul),“comisiones independientes constituidas por juristas y médicos deberán tener garantizado un acceso periódico a los lugares de detención y las prisiones”. Pero al personal médico independiente se le impide el acceso. También a la comisión de diputados y diputadas que solicitaron la entrada. Cualquier control es siempre una visita guiada. Una visita paripé.

Saber, sobre todo, que está ocurriendo en ellos. Numerosos informes de instituciones y colectivos sociales diversos han revelado ya que los CIE son sinónimo de racismo, discriminación, hacinamiento, insalubridad, escasa alimentación de nefasta calidad; agresiones, torturas, abusos sexuales; suicidios -o “muertes sin testigos”-, y de muertes con abundantes testigos de que se produjeron son orladas por la indiferencia y el abandono de las autoridades. Muertes de jóvenes con nombre: Samba Martine, Mohamed Abagui, Johnatan Sizalima, Idrissa Diallo, Aramis “Alik” Manukyan.

Saber que en los CIE se violan sistemáticamente derechos fundamentales. Que allí no existe el derecho a la identidad personal, porque las personas internas son un número. Que no existe el derecho a la vida familiar, porque los amontonan como animales. Que son centros de detención en los que no se respeta el derecho a la tutela judicial, ni a la integridad física y psíquica, ni, según se ha comprobado últimamente, el derecho a la vida.

Porque la ignorancia elegida no exime de responsabilidad y nuestra dignidad ha sido comprometida por la existencia de estos centros inicuos, porque la pasividad ante lo que allí ocurre nos hace cómplices, debemos primero saber y luego exigir el cierre inmediato de todos los CIE.

El Director General de la Policía anunció el pasado viernes que el Gobierno proyecta abrir un nuevo CIE en Madrid.