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Una noche de Reyes que marcó el destino de los CIE

Hace tres años, un joven guineano moría mientras estaba internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros en Barcelona.

La querella judicial que presentaron diversas organizaciones de derechos humanos por el caso chocó con numerosos obstáculos. 

Este 2015 debería ser un año de procesos constituyentes en los que el derecho a migrar se convierta en un nuevo y emergente derecho humano.

Era la madrugada de la noche de Reyes de 2012. Idrissa Diallo, un joven de Guinea-Conakri de 21 años fallecía en un hospital de Barcelona, mientras estaba detenido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca. Idrissa aún no había conocido la libertad en España. Como tantos otros jóvenes africanos, fue detenido momentos después de saltar la valla e ingresado unos días después en el CIE de Barcelona a la espera de su posible deportación.

Hoy, tres años después, con un procedimiento judicial ya archivado y sin suficientes pruebas como para apuntar con rigor a posibles negligencias, hacer memoria del caso solo nos puede servir para recordar algunos de los interrogantes que siguen sin resolverse y valorar el alcance de las reacciones políticas que despertó.

Idrissa fue visitado por los servicios sanitarios del CIE el 27 de diciembre de 2011 en la revisión protocolaria en el momento de ingreso en el Centro. Una “visita médica” que se realizó como es habitual sin traductores ni intérpretes, posiblemente sin siquiera un médico, pues su presencia no queda asegurada en este tipo de reconocimientos. En los Informes de aquella visita consta que Idrissa ya expresó cierto malestar, aunque entonces fue atribuido a un resfriado y tratado con analgésicos. A pesar de que algunos de los compañeros de celda declararon que sabían que el joven tenía problemas de salud, éste no volvería a ser visitado por personal sanitario hasta minutos antes de morir por una parada cardíaca.

Uno de los mayores interrogantes sobre el caso aún hoy por resolver es cuánto tiempo pasó desde que pidió asistencia médica hasta que la recibió y si el hecho de que las celdas del CIE permanezcan cerradas durante la noche precisando de la intervención de un agente de policía para salir condicionó la premura de su atención médica. A esto, habría que añadir la inexistencia de personal sanitario por las noches en el CIE, dejando a criterio policial la derivación a un Centro hospitalario en caso de Urgencias médicas.     

La clave para contrastar los hechos se encontraba en el testimonio de los cinco compañeros de celda de Idrissa. Unas horas después de su muerte, uno de ellos llamó al exterior del Centro pidiendo la visita de abogadas. Estas accedieron a hablar con él, lo visitaron durante medio minuto en el que el interno sólo pudo expresar que estaba sufriendo una situación de mucha violencia. En ese momento, el director del CIE interrumpió la visita y, con la ayuda de más agentes policiales, expulsó a las dos abogadas del recinto. Al día siguiente, las visitas fueron suspendidas expresamente por el propio director y las abogadas volvieron a quedarse en la puerta del CIE sin tener acceso a los testimonios que fueron trasladados de inmediato a Madrid y acogidos por una Fundación con la que no pudieron establecer contacto. Las actas de sus declaraciones no recogieron ninguna fisura. Todos declararon al unísono, corroborando la versión oficial: el auxilio policial inmediato y la corrección del trato médico recibido.

La querella criminal que presentaron pocos días después las organizaciones Papers i Drets per Tothom i SOS Racisme chocó con muchísimos obstáculos legales. El Juzgado de Instrucción nº5 les denegó el derecho a ser parte en el proceso y no fue hasta un año después que la Audiencia Provincial reconoció su legitimación en un proceso que a esas alturas ya estaba condenado al archivo.

Al contrario de lo que había sucedido con las anteriores muertes de extranjeros en CIE, la muerte de Idrissa Diallo no pasó desapercibida por los medios de comunicación, y los hechos despertaron la indignación de buena parte de la población que en aquél entonces ni siquiera conocía la existencia de estos Centros.

Con las denigrantes condiciones de los Centros en portada de algunos periódicos, las reacciones políticas no tardaron en aparecer. Unas semanas después de la muerte de Idrissa Diallo, el mismo Jorge Fernández Díaz, en una de las primeras intervenciones como Ministro del Interior, anunciaba la inminente aprobación del Reglamento de los CIE, pendiente de desarrollar desde la Reforma de la Ley de Extranjería de 2009.  

Hoy, el balance del Reglamento de los CIE y su aplicación son profundamente decepcionantes. A pesar de las expectativas generadas, el redactado definitivo del RD 162/2014 -que no acabó aprobándose hasta marzo de 2014- casi no introdujo novedades en su funcionamiento. Para comenzar, obvió las Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y de las entidades de derechos humanos y “olvidó” incorporar las numerosas Resoluciones de los Juzgados de Control. La falta de concreción legal de derechos como la asistencia sanitaria o el derecho a intérprete permite que hoy estos derechos sigan siendo papel mojado en los CIE. Sí incorporó, en cambio, vulneraciones de derechos impropias en un Centro de estas características, como los desnudos integrales o el aislamiento. Con todo, el Reglamento de los CIE acabó conformándose más como una nueva medida destinada a garantizar la reclusión y no los derechos de las personas internas.

A día de hoy, si alguna mejora se ha producido en el duro día a día de los CIE, ésta no ha venido de las instituciones, sino de la valentía de los propios internos y la tenacidad de las entidades que les dan apoyo. Han sido estas organizaciones las que han puesto el altavoz a las numerosas quejas recibidas, activando los Juzgados de Control de los CIE para obtener resoluciones que afecten las condiciones de estancia. Estas resoluciones han adquirido una insólita importancia, construyendo y afirmando derechos desde la sociedad civil organizada como verdadero contrapoder. Con su actividad se ha conseguido garantizar el derecho a las visitas de los familiares –aunque aún no se puedan realizar bajo unas condiciones mínimas de intimidad en muchos Centros- así como concretar el derecho al acceso de abogados y organizaciones de derechos humanos en su interior.

Por desgracia, ninguna de estas medidas puede garantizar hoy que no haya más Idrissas, Sambas, Aliks, o Mohammeds, todos ellos nombres de los fallecidos en los CIE del Estado español desde 2010. Tampoco que haya más personas injustamente encerradas en estos Centros por la imposibilidad de obtener un permiso de residencia o renovarlo por falta de un contrato de trabajo. Lo que sí ha cambiado profundamente son las conciencias de muchos ciudadanos que han hecho de la indignación por la existencia de los Centros de Internamiento un catalizador para un cambio en las políticas de control migratorio.

Los tres últimos años de organización en la defensa de los derechos de las personas internas en los CIE han sabido compatibilizar una actividad persistente para mejorar las condiciones de estos Centros con una crítica de raíz a su existencia. En el caso de Barcelona, iniciativas como “Tancarem els CIE” han articulado una movilización multitudinaria y transversal, así como forzado la creación de un grupo de trabajo en el Parlament que se reunirá en las próximas semanas para conocer la situación del CIE de Barcelona y escuchar a las voces que proponen su cierre.

2015 está llamado a ser un año de importantes cambios políticos: el inicio de un proceso destituyente y constituyente que no debe dejar al margen los derechos de las personas migrantes. El proceso que ha iniciado la sociedad civil por el cierre de los CIEs, tiene que verse respaldado por las nuevas fuerzas políticas comprometidas con la justicia social y los derechos humanos. Por muchos, la transformación de los CIE en Centros más transparentes no será suficiente. Lo que hace falta es darle la vuelta a una política de inmigración centrada en la expulsión, la represión y la criminalización y pasar a una nueva política que proteja el derecho a migrar como un nuevo y emergente derecho humano.

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