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Sobre este blog

Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

López Aguilar y su camino hacia la paz

Fotografías durante la misión de López Aguilar en calidad de Presidente del Grupo de Trabajo de Antisemitismo del Parlamento Europeo

Gonzalo Boye Tuset

Hace algún tiempo escribí, en contestación a un artículo de Owen Jones, que “el antisemitismo -en términos amplios, el odio hacia los pueblos semitas- es practicado, también, por muchos judíos y, especialmente, por el propio Estado de Israel”. Es claro que Juan Fernando López Aguilar -todo un exministro de Justicia- incurre en el mismo error que Jones, pero con un agravante: se deja invitar y agasajar por quienes practican una forma de antisemitismo grave y constitutiva de crimen de guerra como es la colonización de los territorios palestinos ocupados.

Recientemente, tal y como él publica en su propio blog, ha visitado Israel como presidente del Intergrupo de Antisemitismo del Parlamento Europeo. No habría nada malo en ello si no fuese porque, de una parte, ese grupo entiende que semitas solo son los judíos y, de otra, porque asocia el antisemitismo y su defensa de los intereses de los colonos israelíes en territorio ocupado. Además, porque ha tenido la torpeza política de fotografiarse con presuntos criminales de guerra e, incluso, frente al ilegal muro que Israel ha construido como forma visible de unos crímenes de guerra y un apartheid del que hace gala.

¿Cuál es la situación jurídica del muro ante el que se fotografió López Aguilar?

En su resolución del 9 de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia estableció lo siguiente: “La construcción del muro que está elevando Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, y su régimen conexo, son contrarios al derecho internacional”. La Corte añadió que “Israel tiene la obligación de poner fin a sus violaciones del derecho internacional; tiene la obligación de detener de inmediato las obras de construcción del muro que está elevando en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores”.

Además, concluye que “todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de la situación creada por dicha construcción; todos los Estados partes en el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949 tienen además la obligación, dentro del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, de hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario incorporado en dicho Convenio”.

¿Qué implica la construcción de ese muro y el establecimiento de colonias en territorio palestino ocupado?

De acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual España es parte, se comete crimen de guerra cuando, por ejemplo, se traslada “directa o indirectamente, por la Potencia ocupante a parte de su población civil al territorio que ocupa, o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio” (art. 8.2.b.viii del Estatuto).

Este es solo uno de los ejemplos de conductas punibles que de forma diaria comete el Estado de Israel en contra del pueblo palestino. La hemos escogido para evidenciar la gravedad de la actuación de López Aguilar.

¿Quiénes pueden cometer este tipo de delitos?

Cualquiera que actúe directamente en la comisión de alguna de las conductas descritas en el Estatuto de Roma. También lo puede cometer el cómplice, el encubridor y cualquier persona que, de algún modo, colabora a su comisión o encubrimiento, como sería el caso de quienes den respaldo político o institucional a los autores tratando de normalizar algo que nada tiene de normal.

¿Debe un representante democráticamente elegido prestarse para legitimar situaciones ilícitas si no abiertamente delictivas?

En mi opinión, la actuación de López Aguilar excede con creces el mandato popular mediante el cual ostenta la condición de eurodiputado. Ha viajado a Israel, hecho perfectamente aceptable, pero lo ha hecho desde una postura absolutamente unilateral, olvidándose de una de las reglas básicas en política: la prudencia.

Su actuar, al menos el que se refleja en las fotografías que él mismo ha colgado en su blog, deja ver a las claras que tiene no solo una visión distorsionada de la realidad, sino también una concepción de la función pública que dista mucho de ser ejemplar. Basta ver las múltiples fotos que, por un lado, se ha realizado con presuntos criminales de guerra y, por otro, en las que se le ve como un turista más, olvidándose que muchas de ellas están tomadas en territorio ocupado palestino a cuyas autoridades ni tan siquiera informó de su visita.

Me sorprende que un representante político sonría ante el “muro del apartheid o de la vergüenza” posando junto a soldados, miembros de las fuerzas de ocupación y fuertemente armados, y, peor aún, debajo de un grafiti que dice “camino hacia la paz” como si ese muro, reflejo de un crimen de guerra constante, fuese el camino que llevará a la paz.

Se puede ser torpe y se puede ser frívolo, pero no se puede amparar crímenes como los que ese muro representa.

López Aguilar se ha equivocado y debe pedir disculpas tanto al pueblo palestino como a sus propios votantes, porque no se puede defender una idea positiva, como es la lucha contra el antisemitismo, a base de parcelar el fenómeno discriminatorio. No se debería apoyar a aquellos que cometen los más graves crímenes que la comunidad internacional conoce y que, por cierto, son los principales antisemitas: colonos y soldados israelíes que operan en territorio ocupado palestino, porque nada es más antisemita que el sionismo.

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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

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