En República Dominicana proteger la vida significa dejar morir a las mujeres

A los 16 años el mundo te está esperando. Lo último que pasa por tu mente es enfermar y, si enfermas, confías en que tu madre, tu familia, tus amigos, tu comunidad y tu país van a estar allí para ayudarte y brindarte todo lo que necesitas para mejorar y seguir adelante; con tus planes, con tus sueños, con tus infinitas ilusiones. A los 16 años el mundo te está esperando.

A los 43 años, con una hija de 16 años, tus preocupaciones y expectativas son infinitas: si el colegio va bien, si tiene planes para la universidad, si sale mucho o se queda en casa, si ese muchacho con el que sale es bueno y la trata bien, si come bien, si es feliz, si está sana. Si enferma, confías en el servicio de salud por el que trabajas mes a mes funcione y ayude a ambas a mejorar y seguir adelante: a tu hija con sus ilusiones y a ti con las de ambas.

En Santo Domingo (República Dominicana) Rosaura, de 16 años, fue diagnosticada con leucemia al ingresar al hospital. Rosa, de 43, confió en que el personal del hospital haría todo lo posible por ayudarlas, para devolverles a ambas la posibilidad de seguir adelante. Confiaba en que en su país las instituciones y leyes funcionaban en favor de todas y todos, por el bienestar de todas y todos.

Con el diagnóstico de leucemia también se evidenció que Rosaura estaba en las primeras semanas de un embarazo. Entonces, Rosaura y Rosa pidieron a los médicos que comenzaran a aplicar el tratamiento de quimioterapia para salvar su vida, pero la respuesta de los médicos era que podía dañar el feto y que la Constitución Dominicana protegía la vida.

¿Y si fuera nuestra hija, nuestra hermana, nuestra mejor amiga, nuestra madre? ¿Y si fuésemos nosotras mismas?

La protección al derecho a la vida comienza por la protección de la vida de las mujeres. La vida y la salud de las mujeres embarazadas pueden resultar en riesgo por enfermedades o condiciones de salud. El caso de Rosaura es un ejemplo devastador de ello.

La protección del feto debe ser gradual, vinculada a su desarrollo y a la salud de la mujer embarazada. Está de más decir que sin la vida de la mujer embarazada es imposible el desarrollo del feto. Por lo tanto, el principio de protección a la vida no puede utilizarse para limitar los derechos de las mujeres.

Rosaura, de 16 años, murió corto tiempo después de ingresar al hospital. A los médicos les llevó más de un mes decidir si aplicarle o no el tratamiento de quimioterapia. Se veían limitados por la interpretación de la ley respecto a la protección a la vida.

¿Cómo le explicamos entonces a Rosa que fue la interpretación hecha a la protección a la vida en la Constitución Dominicana la responsable de la muerte de su hija?

Hasta diciembre de 2014 la legislación dominicana penalizaba totalmente el acceso al aborto terapéutico, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres embarazadas. En un esfuerzo conjunto, los poderes ejecutivo y legislativo dominicanos promulgaron una nueva legislación que despenalizaba el aborto terapéutico, aprobándolo en un nuevo Código Penal.

Sin embargo, este mes de diciembre el Tribunal Constitucional Dominicano, cuyo mandato es la protección de los derechos fundamentales, decidió anular la legislación aprobada dejando a las mujeres embarazadas en vulneración de sus derechos fundamentales y en riesgo de muerte. República Dominicana tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de la región, estando entre las principales causas las complicaciones del puerperio, el aborto y las hemorragias. Sin embargo, vuelve a ser uno de los siete países de los 34 del continente donde el aborto está totalmente penalizado.

Las cifras oficiales de mortalidad materna registran que en promedio durante el año 2014 cada mes murieron quince mujeres murieron. Hasta abril de 2015, ya habían muerto 44 mujeres, en la mayoría de casos por causas evitables. La penalización absoluta del aborto hace peligrar la vida de mujeres que, como Rosaura, necesitan interrumpir un embarazo para salvar su vida. Esta legislación tan restrictiva y discriminatoria afecta únicamente a las mujeres.

El acceso al aborto terapéutico va más allá de la opinión que personas o sectores tengan sobre él y nos sitúa en la obligación innegable de los Estados de permitir gozar a las mujeres de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación y en condiciones de igualdad.