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Software de espionaje y violaciones de derechos humanos

Las empresas que venden software y material informático a gobiernos que lo utilizan para controlar a su población y vigilar a la disidencia política se convierten en cómplices de graves violaciones de derechos humanos.

A nivel mundial Alemania es visto como el lugar donde las revelaciones de Snowden tuvieron mayor impacto. Pero mientras que los ciudadanos en este país se sienten afectados, en otros países la vigilancia puede llevar a consecuencias mas drásticas como arresto o tortura, entre otras. Al igual que sucede con las exportaciones de armas, son Europa y especialmente Alemania quienes contribuyen decisivamente al equipamiento de régimes represivos, sin que se plantee en este país una mayor resistencia al respecto.

En la edición de octubre de Le Monde Diplomatique Dietmar Kammerer lo denomina "el modelo de negocios: vigilancia". En efecto, todo lo que los gobiernos necesitan "para vigilar la comunicación de una población entera se puede comprar en el mercado". Y dicho mercado crece. Se estima que el volumen de ventas anual de software de espionaje es de cinco mil millones de dólares.

Desde hace años nuestro centro, el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), junto con defensores de derechos civiles de Privacy Internationaly Reporteros sin Fronteras, hemos actuado especialmente contra las empresas alemana-británicas Gamma International y Trovicor. Se trata, por ejemplo, del suministro del softwareFinFisher a Baréin, con el cual su gobierno puede vigilar a distancia ordenadores particulares. Baste un recordatorio: activistas, reporteros y opositores políticos son vigilados, perseguidos, arrestados y, en algunos casos, también torturados en Baréin. Gamma guarda silencio respecto al troyano. Pero en los meses de verano, algunos hackers detectaron FinFisher en los ordenadores de miembros de la oposición, una buena parte de los cuales vivía en el extranjero.

En 2013 el ECCHR adoptó la medida de presentar una queja a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Reconocemos que dicha medida fue algo leve. Quisimos obligar a las empresas a confesar la exportación y suspenderla. Competente para ello en Alemania es la oficina de contacto de la OCDE en el Ministerio de Economía. Pero dado que allí el objetivo es únicamente la promoción de las exportaciones, no se escuchan las quejas de violaciones de los derechos humanos. Además, a ello se suma la falta de interés de la oficina, donde a veces se paralizan procesos sin que se hayan producido las investigaciones adecuadas, como sucedió en el caso de la empresa alemana Trovicor. A diferencia de la oficina de la OCDE en Inglaterra, donde nuestros colegas ingleses tienen fundadas esperanzas de que haya una declaración en contra de la exportación de dicho tipo de software.

Dado que es difícil demostrar que el uso y exportación de software vaya en contra de los derechos humanos, son pocas las ocasiones en las que se activan las fiscalías alemanas. De manera que nos vino bien cuando en agosto empresas de hackeo subieron a internet comunicaciones internas de Gamma. Estas listas permitían comprobar que no solo se trataba de asistencia a los clientes de Baréin, sino que también había ordenadores en Alemania dentro de la lista de espionaje. Es de suponer que los empleados de Gamma pueden ver con facilidad donde se escuentra la persona espiada. Porque el programa está configurado de tal forma que al lado de cada nombre aparece la bandera del país donde se encuentra.

Pensamos que estas revelaciones debían interesar a la fiscalía en Munich e interpusimos una denuncia a mediados de octubre. En menos de seis semanas la fiscalía nos respondió diciendo que ni siquiera estaban dispuestos a iniciar las investigaciones. Su motivo es simple y parece obvio: "¡no confíes en un hacker!". Habíamos basado nuestras sospechas iniciales de espionaje en material hackeado, creyendo sinceramente que iba a llamar la atención de la fiscalía. O que la fiscalía lo iba a investigar con detalle. Más bien al contrario. Ahora nos hacen saber que la empresa "ha prohibido explícitamente en sus contratos" el uso que nosotros denunciamos. Además, documentos internos de la empresa rebaten nuestra acusación. Es bueno saberlo, porque vamos a comentar estos aspectos a nuestros compañeros de Baréin que han sido perseguidos, detenidos y torturados. Todo es una equivocación: los contratos claramente lo prohíben.

Vamos a presentar una queja contra la decisión de la fiscalía de Munich e insistir en que estos graves hechos deben ser investigados. Por ello sería bueno que quienes se quejan en Alemania de la vigilancia, también apoyasen a quienes por vigilancia están en serios problemas en otras partes del mundo.

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