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Dos asuntos urgentes después del 1 de octubre

El uno de octubre hubo un referéndum con una participación considerable vistas las circunstancias. La acción violenta del Estado no evitó su celebración pero provocó que no se pudiesen cumplir los estándares internacionales básicos

Es urgente que las vulneraciones de derechos humanos del 1-O, las anteriores y las de después, sean investigadas en búsqueda de verdad, justicia, reparación y sobre todo garantías de no repetición y teniendo en cuenta la perspectiva de género

“El uno de octubre será un día que durará años”. El lema que circulaba por las redes antes y durante el domingo del referéndum expresa la importancia que tiene para el presente y el futuro de Cataluña, de España y también de la Unión Europea. Pero no podemos esperar años para analizar lo que pasó en esa jornada. Sobre el tablero hay cuestiones que demandan una respuesta política urgente. Destacaría dos: la aplicación del resultado del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y la vulneración de derechos que comenzó antes del domingo, que se desplegó ese día provocando 900 heridos todavía hoy amenaza Catalunya. Me gustaría decir algo sobre estas dos cuestiones como persona interesada por la observación electoral internacional y por otro en temas de justicia transicional y derechos humanos.

Si lo comparo con otros procesos electorales que he observado y estudiado, la organización y celebración del referéndum del uno de octubre no tienen parangón en la historia reciente. Conseguir desplegar una administración electoral, organizar una votación y lograr la participación en ella de más 2.200.000 personas con todo un Estado en contra es algo extraordinario. Miles de personas se autorganizaron al margen de instituciones y de las entidades independentistas para proteger el material electoral, los espacios de votación y garantizar la participación. Hubo distribución (clandestina) de material electoral, apertura de colegios, votación y recuento y todo ello en un clima de convivencia admirable roto solamente por las intervenciones policiales.

El referéndum se celebró. Pero se hizo en circunstancias de excepcionalidad que no pueden obviarse a la hora de analizar sus resultados y las consecuencias políticas y jurídicas que de ellos se derivan. Así lo vieron y lo sufrieron los ciudadanos catalanes. Según los organizadores votó el 40% del censo electoral y el resultado fue un “sí” mayoritario. Eso es un éxito dadas las circunstancias. No sabemos qué porcentaje del 60% restante no votó por miedo a la violencia y cuántos ciudadanos no votaron por no sentirse llamados a las urnas, pero sabemos que no participó esa mayoría de integrantes del censo.

Hubo referéndum, como explicaron medios de comunicación de medio planeta. Su celebración fue constatada y acreditada también por las dos misiones de observación que se desplegaron el uno de octubre, la de parlamentarios europeos y la de The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Sus informes condenan la violencia policial del domingo uno de octubre, que según HCSS, “no puede tener lugar en democracias consolidadas”. También destacan las limitaciones a las libertades de expresión y reunión por parte de jueces y de las fuerzas policiales y el desequilibrio.

En resumen: los observadores destacan el valor de celebrar un referéndum bajo el asedio de un Estado, loa la actitud de los votantes y reconoce la profesionalidad de los miembros de la administración electoral. Pero el informe del HCSS extrae conclusiones de la excepcionalidad de la jornada: hubo referéndum, pero la actuación del Estado provocó que no pudieran cumplirse con los estándares internacionales básicos. El informe de los observadores apunta al gobierno de Rajoy como responsable de esta falta de garantías. La persecución de la administración electoral hizo que esta desarrollase su trabajo en secreto. Si no hubiese sido así no habría habido referéndum, pero ese secretismo provocó también que faltase transparencia en el proceso electoral, uno de los principios básicos en la materia a nivel internacional.

Creo que sería equivocado no reconocer estas limitaciones del referéndum. Los informes destacan, insisto, el enorme valor de la administración electoral y de la ciudadanía de Catalunya y eso, junto al reconocimiento de la prensa extranjera suponen un capital enorme. La simpatía y la solidaridad que ha recibido la causa catalana deben gestionarse con sumo cuidado: no se le puede pedir a la opinión publicada internacional un apoyo ciego al proyecto independentista y menos aun si se ignora lo que dicen misiones de observación que arriesgaron mucho viniendo a hacer su labor el 1 de octubre.

Hay otro tema relacionado con el anterior que debe ser abordado con urgencia pero también con sumo rigor y respeto a sus involuntarios protagonistas: la vulneración masiva de derechos fundamentales que se desplegó con enorme crudeza el día uno de octubre. Antes del referéndum hubo registros sin orden judicial en empresas, instituciones y en la sede de un partido político, hubo detenciones sin orden judicial que se alargaron más de lo necesario, diversos cuerpos de seguridad limitaron las libertades de reunión y expresión en base a una interpretación arbitraria e interesada de órdenes de la fiscalía general del Estado. Estas vulneraciones son graves pero más lo fueron las agresiones físicas a manifestantes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay un dato que no se debe olvidar: los Mossos de Esquadra clausuraron más centros de votación que policía nacional y la guardia civil juntos pero sin causar heridos. Las fuerzas de seguridad del Estado provocaron más de 900 heridos al agredir a ciudadanos que pacíficamente protegían centros de votación. Las imágenes hablan por sí solas. Se han denunciado casos de ensañamiento con manifestantes y de abusos sexuales que tienen que ser investigados lo antes posible.

Estas violaciones de derechos humanos recibieron la atención de medios de comunicación de todo el mundo, de políticos como el primer ministro belga e incluso del alto representante de Naciones Unidas para los derechos humanos. La gravedad de los hechos y los derechos de las víctimas debería hacer que instituciones y sociedad en Catalunya priorizasen en este momento la defensa de los derechos humanos, la investigación de estas violaciones y la prevención de que no se vuelvan a producir. Aparte hay constancia de que vulneraciones de derechos de diferente naturaleza se siguen produciendo: los casos de Calella y de Girona así lo demuestran. Por ello se deberían dedicar recursos para iniciar investigaciones y denuncias ante la justicia. No puede haber impunidad.

Sabemos que la respuesta del Ministerio y de la fiscalía de Barcelona no auguran que el camino sea fácil: el Ministerio ha anunciado que denunciará a Ada Colau por afirmar que hubieron agresiones sexuales, denunciadas por al menos dos víctimas. La fiscalía de Barcelona, en respuesta a una denuncia de la Generalitat, concluyó que en absoluto rompió la convivencia la actuación oficial. Seguramente muchos de las 900 heridos se sintieron ofendidos al leer el razonamiento que hizo la fiscalía de Barcelona según el cual “solo” resultó herido el 0,037% de los más de “2 millones de presuntos votantes”.

Minimizar o negar las vulneraciones de derechos de esta manera repugna al sentido democrático más elemental. Pero esta actitud no debería ser la excusa para abandonar la vía judicial y la de una investigación realizada por una comisión neutra y objetiva – el Comisionado de la ONU para los derechos humanos pidió esto el día dos - de los hechos del 1 de octubre. El objetivo no debería resultar de ningún cálculo político sino que debería ser el esclarecimiento de los hechos, el castigo de sus responsables, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. Instituciones y sociedad civil no deben parar hasta conseguir que se abra esta vía y debe exigirse además que se incorpore la perspectiva de género. Denuncias genéricas con objetivos políticos no ayudan a que se haga justicia y las víctimas la merecen.

Hace falta, insisto, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Alrededor de esta cuestión hay un amplísimo consenso político y social que podría dar frutos importantes.

Catalunya está ahora mismo en la encrucijada. Los hechos del pasado domingo no se pueden cambiar y deben ser asumidos como fueron. Pero está en manos de la sociedad y de las instituciones catalanas la gestión de esos acontecimientos y su proyección en el futuro. Sabemos que ese día será muy largo pero todavía podemos marcar como se desarrolla en los años que vienen lo que sucedió el uno de octubre.

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