A Cospedal con amor

Querida María Dolores, cuando decías que “el PP ha hecho todo lo que podía hacer. No podemos meter a la gente en la cárcel” tuve la sensación de que hablabas como quien desahucia a un paciente terminal. Pocas veces alguien ha estado tan equivocada en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de algo que, como sucede con algunos cánceres, es curable si se aborda antes de que se genere metástasis.

Muchas son las voces que sostienen que tu partido sería una asociación ilícita o una organización criminal afectada de una metástasis incurable. Otros -incluso a disgusto de la mayoría- sostenemos que jurídicamente eso no es así. Seguramente me ha faltado ser más didáctico en el razonamiento, con lo que aprovecho esta ocasión para explicarte mi visión del tema.

Para los que creen que tu partido es una asociación ilícita, basta recordarles que solo son ilícitas aquellas asociaciones que “tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión”. Estoy seguro que tu partido ni se creó con ese objetivo ni desde su seno se promueve la comisión de delitos, aunque así nos lo pueda parecer debido a la impunidad con la cual algunos de tus compañeros y altos cargos vienen actuando.

Quienes consideran que el PP sería una organización criminal alegan la definición penal de la misma. Esta requiere que se trate de una “agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”. En muchos casos, tu partido llega a parecerlo; seguramente, a ti también te lo parece.

Ahora bien, el problema no es de definición sino de consecuencias, porque incardinar los comportamientos individuales -afecten a quien afecten y caiga quien caiga- en el marco tanto de la asociación ilícita como de la organización criminal conlleva una respuesta penal de la que, seguramente, cualquier demócrata se arrepentiría. Esta respuesta consiste en la disolución de la organización y la “prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito” (art. 33.7.e) en relación con el art. 129 y por remisión del art. 570, todos ellos del Código penal).

Pero las consecuencias de la criminalización de tu partido no terminan ahí, sino que alcanzarían, desde un punto de vista de la respuesta penal, a todos aquellos que “participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma”. Esto implicaría una ilegalización tanto del PP como de sus militantes y -si me apuran- hasta de su ideología. Es decir, estaríamos hablando de criminalizar a los 10 millones de personas que os votaron o a los votantes que aún os queden.

La criminalización e ilegalización de cualquier partido político democrático es un ejercicio muy poco democrático, cuyas consecuencias terminarían volviéndose en contra de quienes pretenden algo así. Me permito recordarte -para reforzar tus argumentos- que “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”, con lo que una imputación de estas características podría igualmente terminar afectando a cualquier organización política o sindical en cuyo seno se hayan generado o establecido células criminales que actúan bajo el paraguas estructural del partido o sindicato.

Dentro de tu partido, como ocurre en otros partidos y sindicatos, se han generado células criminales que pueden perfectamente encuadrarse en la definición penal de “organización criminal”. Como tales células cancerígenas han de ser atacadas de forma agresiva y sin compasión alguna para evitar que la metástasis invada a toda la organización, criminalizándola en su conjunto.

No me cabe duda de que en el seno del PP existen no uno, ni dos, ni tres, sino muchas células criminales que han usado y abusado de la estructura del partido y su posición de poder -o de su cercanía al poder- para enriquecerse de forma indebida y mediante la comisión de diversos delitos. Pero, a la vista de tus palabras, de lo que sí me cabe duda es de la voluntad exterminadora y curativa que pueda existir en la actual cúpula directiva del PP.

Ahora bien, tus razones para la resignación no las conozco pero las intuyo. Entre otras cosas, me vienen a la cabeza, machaconamente, las palabras de quien fue tu tesorero general, Luis Bárcenas, cuando en su declaración de julio de 2013 le dijo al juez Ruz, con relación a la “contabilidad b”, lo siguiente: “Era una evidencia, evidentemente. Era dinero en efectivo, y los pagos se hacían en efectivo y lógicamente estaba tan claro que era así, que salvo el tesorero, y entiendo que los secretarios generales del partido, presidentes y yo mismo, nadie tenía conocimiento de esto”.

Con independencia de si Bárcenas se refería a ti también o no, lo que está claro es que ningún partido democrático puede resignarse a luchar contra la corrupción, a perseguir a sus responsables y a apartar de su seno a aquellos que, cual células cancerígenas o criminales, han realizado o están realizando conductas perfectamente descritas en el Código penal como delitos.

Es incomprensible e inadmisible que desde tu posición de secretaria general del PP te resignes, cual enfermo desahuciado, para que a ti y a tu partido os sigan golpeando, desde Suiza y otros paraísos fiscales, con datos como los que han llevado a Bárcenas o Granados hasta la cárcel.

Da lo mismo a qué órgano y personas afecte la enfermedad porque el tratamiento es el mismo: hay que extirparlo y hacerlo antes de que la metástasis haga inviable la encapsulación del problema y conlleve no solo la criminalización de tu partido, sino las consecuencias penales que antes te he descrito.

Sin embargo -tú eso lo sabes muy bien-, la más contundente y agresiva cura contra el cáncer de la corrupción sería una sólida respuesta penal. Para aplicar ese tratamiento a las células criminales se necesita, entre otras cosas, que quienes están encargados de ello -jueces y fiscales- puedan actuar con absoluta independencia, con recursos suficientes y sin presión política de ningún tipo. Pero también con la máxima y más honesta colaboración de quienes ostentan cargos de responsabilidad en dichos partidos u organización.

El tratamiento es duro y el coste no solo es político. También tendréis que asumir la posición procesal de “partícipe a título lucrativo”, porque a nadie se nos escapa que una parte de los dineros ilícitamente manejados por las diversas células criminales incrustadas en el seno del PP han podido terminar incrementando las arcas de tu partido. Pero, no te preocupes, porque eso ya lo determinaremos.

Como bien sabes, querida María Dolores, nadie está libre de padecer el cáncer de la corrupción. El problema no está en la enfermedad, sino en saber aplicar el tratamiento adecuado. Quien no lo aplica es porque no quiere o porque también está infectado.

Al igual que le sucede a millones de personas en España, y debido al cargo que ocupas y las responsabilidades que ello conlleva, quedo a la espera de tu respuesta que, sin duda, donde mejor puedes darla es en un juzgado, colaborando en el urgente y agresivo tratamiento que esta enfermedad necesita.