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Espejo de Escocia, Imagen de España

¿Por qué se antoja imposible entre nosotros afrontar la cuestión catalana y vasca con espíritu constructivo idéntico al practicado recientemente entre Escocia y Gran Bretaña?

El escenario actual, con las posiciones adoptadas por los diferentes agentes políticos involucrados, nos está arrebatando el derecho de recomponer y articular la imagen de España como país plurinacional.

El 18 de setiembre pasado se celebró en Escocia el referéndum de independencia con alta participación (84,59 %) y resultado dignamente adverso (55,3 NO; 44,7 SÍ). El voto favorable a la unión se logró mediante una campaña conducida bajo el lema de “Juntos Mejor” (Better Together) y sustentada en un par bien sencillo de premisas: el respeto a la decisión de la ciudadanía escocesa y el compromiso de ampliar en todo caso la autonomía conforme al equilibrio esperado del voto popular.

Con diligencia se forma una comisión, la Comisión Smith por el apellido de su presidente, con participación de los partidos representados en el Parlamento de Escocia (Nacional Escocés, Laborista, Conservador y Unionista, Liberal-Demócrata, y Verde). Además se fomenta, con bastante éxito de concurrencia, la participación de organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía de a pie mediante un sitio en internet. A finales de noviembre se hace público el informe concertado por las partes implicadas conteniendo acuerdos que el gobierno británico acepta de inmediato dándose un breve plazo de dos meses para ponerlos en marcha: Informe de la Comisión Smith para la ampliación de la devolución de poderes al Parlamento Escocés.

Se trata de devolución de poderes porque Escocia los tuvo y había cedido en tiempos y de poderes sólo políticos, poderes parlamentarios y consiguientemente de gobierno, porque Escocia ha mantenido un poder judicial propio. Los poderes que fundamentalmente se contemplan son los de disposición presupuestaria precisa para el desarrollo de políticas sociales y ecológicas, lo que resulta congruente con la forma como se había planteado la campaña del referéndum por parte independentista. Para el Partido Nacional Escocés que lo ha impulsado no se trataba tanto de reivindicaciones nacionalistas como de la defensa de Escocia frente a las políticas socialmente disgregantes, las que suelen decirse neoliberales, adoptadas por el gobierno británico durante las últimas décadas con independencia de su signo conservador o laborista.

Contar con un sistema judicial propio ha venido ayudando a la resistencia escocesa frente a las políticas inglesas. El desmantelamiento neoliberal de las políticas públicas en materias tan sensibles como la sanidad y la educación no viene produciéndose para Escocia en el mismo grado que para Inglaterra, País de Gales, Cornualles o Irlanda del Norte. Dicho sea de paso, en el acuerdo de paz británico-irlandés de 1998, el que acabó con la violencia terrorista, se consigna lo que resulta en sustancia un derecho de libre determinación: “Se reconoce la legitimidad de cualquier decisión adoptada libremente por mayoría absoluta del pueblo de Irlanda del Norte con respecto a su status, prefiera ya seguir manteniendo la Unión con Gran Bretaña, ya integrarse en una Irlanda unificada soberana”. Veremos enseguida cómo se mantiene el mismo principio de libre determinación para el caso de Escocia.

Tal y como están desarrollándose las cosas tras el referéndum de Escocia, cabe imaginar que los procedimientos no hubieran sido muy distintos de haber vencido el sí. Es seguro que no se hubiera declarado unilateralmente la independencia. Se habría entrado en negociaciones con el gobierno británico sobre la forma de llevarla a término, con la posibilidad siempre de que Escocia independiente se mantuviera, como Canadá y como Australia por ejemplo, en el seno de la Commonwealth bajo una misma monarquía más bien simbólica cubriendo relaciones multilaterales cooperativas y, para el caso, la permanencia en la Unión Europea sin solución de continuidad como nuevo Estado miembro, probablemente todo ello con otro referéndum u otra fórmula de participación ciudadana en línea constituyente para debatir y validar o modificar los acuerdos alcanzados.

El Informe de la Comisión Smith expresamente deja cuestiones abiertas, como la de competencia en inmigración y asilo para practicarla, según se especifica, de modo más humanitario, abierto y garantista o también como la de política exterior comercial propia. Y se registra un acuerdo de principio que funciona como cláusula de seguridad para la parte escocesa: “Se acuerda que nada de lo contenido en este Informe puede prevenir que Escocia se convierta en el futuro en un país independiente si el pueblo escocés así lo decidiera”. ¿Quién dice que en la Unión Europea no cabe la libre determinación? El Informe no marca el estado final de un acomodo entre naciones, la escocesa y la inglesa. Hay derechos que no se agotan por su ejercicio. Aunque en medios nacionales escoceses se advierta insatisfacción, nadie amenaza ni amaga con romper o trucar la baraja.

Vayamos a un país llamado España de la misma condición de plurinacionalidad. Dos de las naciones constituyentes de este Estado, la Cataluña y el País Vasco cispirenaicos, están dotadas de Parlamentos que han votado favorablemente, con diverso lenguaje, empoderarse con el derecho de libre determinación. Aquí rige una Constitución que no lo permite, pero que presenta la ventaja de haber dejado abiertas algunas posibilidades que podrían abrirle camino, fundamentalmente el registro del derecho de las nacionalidades, todavía como tal inédito, y la previsión de revisión total del texto constitucional, bastante más que reforma. Dadas las malas circunstancias en las que esta Constitución se hizo, en el proceso de frustración del tránsito de una dictadura personalizada a una dictadura colegiada no del todo por entonces desmantelada, se tuvo el buen sentido de evitar que el mapa político español quedara constitucionalmente listo y cerrado.

Se está proponiendo en España por parte socialista una reforma constitucional que cierre el mapa autonómico en unos términos federales. El problema puede encerrase más en lo primero, el cierre, que en lo segundo, la federación. ¿Por qué no darle apertura al empoderamiento vasco y catalán de determinación propia? Imaginemos. Los partidos españoles más representativos se ponen de acuerdo sobre las premisas del Juntos Mejor, comenzándose por el respeto a la determinación vasca y catalana. Imaginemos que los partidos con representación en los Parlamentos vasco y catalán abandonan posiciones unilaterales o enrocadas y se avienen a constituir un foro de concertación que ponga sobre la mesa problemas sustantivos del acomodo en España, en Europa o, directamente, en el concierto internacional de naciones independientes, así como acerca de los procedimientos adecuados para llevar a la práctica acuerdos con participación decisiva de las respectivas ciudadanías.

La reforma o revisión del sistema constitucional existente o también en su caso, pues no debe descartarse nada de antemano, su replanteamiento en términos de federación, confederación o independencia sería cuestión para articularse ulteriormente. ¿Por qué puede debatirse todo esto libremente como opciones pacíficas en un país europeo cual Gran Bretaña y no en otro cual España? Aquí en España, dada la pluralidad constitutiva de las ciudadanías vasca y catalana, ellas mismas hoy plurinacionales, sólo las alternativas de la actual autonomía fallida y de la independencia pura y simple cabe preverse que quedarían excluidas. Lo importante es que el horizonte quede despejado. Salvo por el peso que aún les permitimos a unas interpretaciones constitucionales políticamente ventajistas o intelectualmente torpes, ya estamos liberados de los onerosos condicionamientos de la transición.

Para el entero recorrido reconstituyente, la cuestión seguiría siendo común, esto es española, pues en común tenemos el punto de partida constitucional a superar, una situación caracterizada porque hacen aguas legitimidad constituyente, representatividad parlamentaria, responsabilidad gubernativa, garantismo judicial, derechos sociales, control de constitucionalidad, transparencia y acauntabilidad políticas,… participación ciudadana y ajuste institucional en suma. El replanteamiento territorial habría de ser una pieza de la revisión constitucional. Ésta no garantiza el cambio reconstituyente, pero sin ella es seguro que no se logra ni por asomo. En todo caso, en la situación en la que nos encontramos, el replanteamiento territorial ensimismado parece que resulta, aparte las motivaciones de quienes lo propugnan, insolidario y fraudulento.

¿Podemos en fin mirarnos en el espejo de Escocia? Avistaríamos un íncubo. Entre la cerrazón del Partido Popular, el aventurismo de Esquerra Republicana de Catalunya-Convergència i Unió y la desubicación del Partido Socialista Obrero Español-Partit Socialista de Catalunya, junto al compás de espera sin perspectivas alargándose en el País Vasco, se nos sigue arrebatando el derecho de recomponer y articular la imagen de España, de una España plurinacional, frente a su desfiguración actual por secuelas enquistadas y tóxicas de unos terrorismos, el franquista y el etarra, y de un antiterrorismo tan justiciero con el segundo como desmemoriado con el primero. De este modo es como se bloquea hasta mentalmente la necesidad y posibilidad de un proceso reconstituyente. Imaginemos que lo necesario es posible a fin de que lo sea.

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