Violencia en la frontera europea: una lucha para los indignados

La indignación y la furia son parte de nuestro trabajo como abogados y defensores de los derechos humanos. Y aunque algunas violaciones de derechos nos causen consternación, debemos mantener la compostura, porque nuestra labor exige que iniciemos acciones jurídicas, y eso sólo es posible si mantenemos la cabeza fría.

Pero a veces esto resulta realmente difícil. Recuerdo que casi no pude dar crédito cuando supe que la Guardia Civil había lanzado balas de goma a inmigrantes que intentaban atravesar a nado la frontera hispano-marroquí, en Ceuta, el 6 de febrero del 2014. En la costa había letreros y mensajes de bienvenida y hasta emblemas de la Unión Europea (ganadora del Premio Nobel de la Paz el año 2012); pero poco antes de que los inmigrantes alcanzaran territorio europeo, quince personas murieron en el Mediterráneo, debido a los impactos de las bolas de goma.

Luego, y gracias al trabajo de varias ONGs españolas, se abrieron investigaciones criminales en Ceuta. En ellas, el European Center for Constitutional and Human Rights tomó partido y apoyo activamente el proceso en España.

Pero a pesar de esto, no somos tan optimistas. Hasta la justicia española ha cerrado todos los casos. Hubo momentos en que en Berlín confiamos que la muerte de estas quince personas sacaría a las autoridades españolas de su anquilosamiento, al menos como esfuerzo de mostrar al mundo que cumplen con su deber y realizan investigaciones acuciosas. No quise pensar que la apatía de las autoridades se debía a que las víctimas eran personas de color y provenientes del África Subsahariana. Además, y tal vez por el interés publico que despertó el caso, o debido a la amenaza de una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, yo esperaba más acción; quería -desde mi perspectiva- que al menos hubiese una investigación profesional, exhaustiva y completa. Una investigación que seguro se hubiese realizado si las víctimas hubiesen sido turistas ingleses o alemanes.

Pero la jueza instructora española, María del Carmen Serván, archivó la causa contra los dieciséis agentes de la Guardia Civil. Según ella, no era ilegal que los agentes dispararan desde la costa balas de goma, o usaran gas lacrimógeno contra los refugiados que nadaban. Para mí la magnitud del problema de Ceuta es más clara que el agua, si pensamos en uno de los argumentos de la jueza: según ella no era posible determinar si los cadáveres que la marea arrastró durante los días siguientes correspondían a las víctimas de los incidentes del 6 de febrero del 2014. Luego, sostuvo como argumento que las personas en el agua no necesitaban de auxilio según las convenciones internacionales, porque según ella, ellas asumieron voluntariamente el riesgo de cruzar ilegalmente la frontera y se aprovecharon de la oscuridad de la noche para hacerlo.

Ciertamente la investigación de esta jueza dista mucho de cumplir con los estándares exigidos por la ley europea en estos casos; y eso mismo nos da esperanza de que la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo español revocarán la decisión y ordenarán la práctica de nuevas investigaciones. No obstante, en este tipo de procedimientos es crucial recopilar la evidencia completa justo después de los incidentes, cosa que no se hizo en el caso de Ceuta y que, lamentablemente, ya no se puede subsanar.

Una vez más, comprobamos que la policia en Europa, en su rol de exigir el respeto de un sistema de fronteras francamente inhumano, viola los derechos humanos sistemáticamente, y para ello incluso cuenta con el apoyo de las instituciones y del sistema judicial. Todo esto conlleva que el “derecho a tener derechos” de los refugiados africanos debe ser defendido, no sólo de las acciones de políticos y oficiales de policía europeos, sino también de las acciones de los jueces y abogados.

Como reflexión final, creo que para librar esta batalla, es cierto que necesitamos más coraje, más creatividad y más compostura profesional, pero, sobre todo, necesitamos sentir mucha más indignación.