Todos piden más y más cárcel

En Alemania ha resurgido con fuerza la idea de imponer penas de cárcel más largas y castigos más duros. Ya sea contra migrantes y refugiados o contra extremistas de derecha violentos, lo cierto es que cada día comentaristas y políticos evalúan los esfuerzos de la sociedad por lidiar con ciertos problemas según la dureza de las penas que impone el Estado o si, por ejemplo, se aplica o no la prisión preventiva. Así escuchamos opiniones sobre los efectos disuasivos de las penas de cárcel o sobre la idea de aplicar penas especialmente duras a los no alemanes por abusar de los derechos que les ofrece el país que los recibió.

Hay personas que hasta celebran la aplicación -cabe señalar inédita- de penas de cárcel sumamente largas a quienes delinquen por primera vez. Véase, por ejemplo, el comentario de la renombrada periodista de tribunales del diario Der Spiegel, quien se refiere a la condena de seis meses de cárcel que impuso un tribunal de Colonia a un joven de 19 años por haber robado un par de calcetines. Dijo, “él no tiene lazos familiares en Alemania, se pasa el día vagando por las calles y no busca trabajo. ¿Qué motivos tenemos para creer que cumplirá la ley en el futuro?”. Pero, claro, supuestamente no hay nada personal contra su país de origen.

Creando más injusticia

¿Cómo acaba una sociedad en la cual la justicia penal se vuelve racista y clasista, y termina dirigiéndose directamente contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad? Basta con ver lo que sucede en Estados Unidos desde hace ya varias décadas. Quien esté interesado en las raíces del problema, puede leer a Loic Wacquant, quien escribe sobre la “industria carcelaria”, o el clásico de Otto Kirchheimer y Georg Rusche, Pena y Estructura Social. Si se prefiere un texto más concreto, con un enfoque más práctico, vale la pena leer Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, de Bryan Stevenson. El autor es un profesor de Nueva York, pero además participa como abogado en numerosos proyectos; entre ellos, la Equal Justice Initiative. En su último libro reflexiona sobre “cómo en ese país se condena con tanta facilidad y se crea mucha injusticia cuando tratamos con miedo, distancia o rabia a los más vulnerables de nuestra sociedad”.

Pero no se trata de apuntar con el dedo acusando a Estados Unidos o a otros países aún más “ávidos de cárcel”, como Rusia, Vietnam o China, sino de aprender de sus errores, como muestra Stevenson. Los problemas comienzan ya en la etapa de investigación, en la que la policía, debido a prejuicios y conclusiones apresuradas que recaen en personas determinadas, termina dañando a inocentes y demorando o impidiendo que se descubra la verdad. Pero, además, está la idea errónea de que teniendo penas más duras es más fácil combatir ciertos problemas sociales.

Así, Stevenson nos relata su compromiso contra la pena de muerte, incluyendo uno de sus primeros casos como abogado. Se trata de Walter McMillian, un chico de Alabama condenado a muerte en 1998 por el asesinato de una mujer, a pesar de que en el momento del crimen se encontraba en una barbacoa organizada por su iglesia. Los familiares y abogados llevaron a cabo una lucha de años hasta que McMillian fue liberado en 1993, quien de todos modos moriría después en situación de pobreza y con serias perturbaciones mentales.

Quizás el caso de McMillian sea el más conocido, pero Stevenson demuestra con su valioso trabajo que lamentablemente es uno de entre muchos otros.