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La Guardia Civil investiga a ganaderos por presunto fraude en el cobro por los daños del lobo

Se estima que se ha notificado a más de 350 ganaderos que están "imputados, no detenidos" por recibir, supuestamente, dos veces la misma indemnización por el Principado y por el seguro

Los ecologistas denunciaron los hechos ante el Seprona ante la falta de atención que prestó la consejería de Agroganadería a sus denuncias, tanto verbales como escritas

Los ganaderos arremeten contra los ecologistas y denuncian "el acoso permanente, con el fin de hacerles desaparecer y dejar espacio al lobo"

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Los ganaderos asturianos están recibiendo las cartas por "un presunto delito de fraude"

La gestión del lobo en Asturias ha pasado de una mera discusión sobre la futura gestión de la especie a un enfrentamiento directo entre conservacionistas, ganaderos y administración. Agentes de la Guardia Civil están visitando las casas de los ganaderos para hacerles entrega de una carta donde se les comunica la apertura de diligencias por una presunta estafa en el cobre doble de indemnizaciones por los daños ocasionados por el lobo a sus animales.

Según la denuncia, habrían recibido compensaciones económicas tanto de la administración del Principado como de la entidad aseguradora (Agroseguro), obteniendo un enriquecimiento ilícito. La denuncia parte de la Coordinadora Ecologista de Asturias, que en su día ya lo había puesto en conocimiento de la consejería de Agroganadería. "Sabían lo que estaba pasando, porque se lo dijimos y no hicieron nada. También se lo comunicamos a Agoseguro y ellos hablaron con el Gobierno. Lo que no sabemos es si los que encubrieron estos hechos, se estaban lucrando", dice Fructuoso Pontigo de la Coordinadora Ecologista.

Los cinco puntos de la denuncia son por cobro duplicado de daños, dejación de funciones y aparente complicidad de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos en la estafa, graves deficiencias en la peritación de daños por parte de algunos funcionarios y una aparente trama de tráfico de animales desde otras comunidades autónomas hacia Asturias, "aprovechando su mortalidad y los daños del lobo para obtener cuantiosas compensaciones por daños".

La Unión de Campesinos de Asturias (UCA) calcula que más de 350 ganaderos ya han recibido la notificación por haber cobrado dos veces una indemnización por el mismo daño. En la denuncia que presentaron los conservacionistas ante la Fiscalía se añade que el Gobierno regional no certificaba los daños en todos los casos. "Por ejemplo, en las Cuencas nunca se comprobaron", asegura Pontigo.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Asturias (COAG) arremete contra los ecologistas y denuncia que "están sufriendo un acoso permanente de determinados colectivos ecologistas con el fin de hacerles desaparecer para dejar espacio a los lobos", dice en un comunicado Mercedes Cruzado, secretaria general de la coordinadora. Asegura que desde el lunes, los ganaderos están recibiendo las notificaciones en las que se lee "imputado no detenido por presunto delito de estafa".

Para la COAG, la postura de los conservacionistas no tiene otra finalidad que la de "criminalizarles" y recuerda las millonarias pérdidas económicas que producen los daños de la fauna silvestre. Desde la Organización Profesional Agraria se dice que "en ningún caso" ha habido mala fe por su parte, al desconocer que no les correspondiesen esos pagos y recuerdan que el colectivo ganadero asturiano vive una "profunda crisis" que compromete seriamente su existencia y cuando ocurre el ataque de un lobo "el ganadero tiene derecho a que le sea resarcido el daño".

Los conservacionistas señalan que tanto por escrito como de forma verbal en las reuniones del comité consultivo, se informó de las múltiples evidencias que había sobre la sobredimensión de los daños ocasionados por los lobos en la región y que podría estar afectando al mal uso de los fondos públicos, con consecuencias negativas en la gestión de la especie, al aumentar los controles para minimizar unos daños, que a la vez "han traído un incremento de la conflictividad social, a nuestro juicio tendenciosa y malintencionado", dicen los conservacionistas.

La falta de atención de los responsables autonómicos a las denuncias de los ecologistas, alegando, según el comunicado de la Coordinadora Ecologista, "que no era su responsabilidad perseguir y solventar tales problemas", los conservacionistas decidieron denunciar los hechos ante el Seprona, que ha dado origen a la investigación y a la apertura de diligencias por causas administrativas y penales.

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