Los emigrantes retornados llevarán el caso a Europa si Montoro no ofrece soluciones

“La unión hace la fuerza”, dice Pilar Burgo una de las representantes del colectivo de los emigrantes retornados y que desde hace meses mantienen un pulso con la Agencia Tributaria. Consideran que el erario público debe reconocer su error y buscar una salida al problema que ha generado a personas con recursos limitados y con edades superiores a los 80 años. Las diferentes asociaciones de España, sobre todo las más potentes, están trabajando codo con codo para que estos pensionistas sean tratados con la dignidad que les corresponde.

Hoy, una representación de este colectivo estará en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados para escuchar la respuesta del ministro Cristóbal Montoro y la solución que ofrece a los casi dos millones de afectados por la decisión de su departamento de reclamar una deuda desde 2008 y cuantías que alcanzan los 20.000 euros.

Los representantes de Asturias, Galicia, Almería y la federación nacional esperan que el titular de Hacienda acepte sus reclamaciones de aplazar, sin multa ni recargo, el pago de las supuestas deudas que, según Hacienda, tienen contraídas con el erario público. La asociación de Almería acude con uno de los afectados y Galicia va con el respaldo de todos los grupos de la Xunta y con la intención de llevar el problema al Parlamento Europeo, si el ministro no vuelve la vista hacia un problema que su propio departamento generó al dar información errónea a estos pensionistas.

Lo que quieren escuchar del ministro es en qué consisten las soluciones que plantea, aunque Montoro ya ha calentado motores al incluirlos en el saco del fraude fiscal. Los representantes de los emigrantes retornados están irritados, porque “nunca hubo intención de defraudar, sino que hubo una información errónea de Hacienda”, recalca Pilar Burgo. Durante su comparecencia en el Senado, el ministro argumentó que el fraude fiscal “es un gran asunto en España y no se pueden cuestionar los principios de actuación de la Agencia Tributaria”.

Pero no es un problema de fraude fiscal, aunque la Agencia Tributaria quiere darle tintes de fraude. La Hacienda pública reclama a estos pensionistas deudas desde el año 2008, que van desde 10.000 a 20.000 euros por no incluir el IRPF en sus cotizaciones en el extranjero. La mala interpretación radica en que durante las campañas de renta, se les dijo que no tenían que incluirlo en la pensión que recibían de otros países europeos. La actuación de Hacienda ha terminado en una verdadera sangría que afecta al 90% de personas con pensiones de otros países, algunos de ellos con problemas de Alzheimer. Eso sólo en el año 2008; en el 2009 se espera que las reclamaciones abarquen al cien por cien del colectivo.

“Les importa un pepino si el importe es bruto o neto o si hay que aplicar una excepción de acuerdo con los convenios firmados entre países”, explica Pilar Burgo. Las deudas que Hacienda reclama se basan en la existencia de dos pagadores, lo que hace que el mínimo para hacer la declaración baje de los 22.000 euros a los 11.200 euros.

Los portavoces de las asociaciones esperan que la respuesta del ministro Montoro no sea la misma que la del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, quien, a través de un comunicado de tres folios, les invita a pagar la deuda contraída de acuerdo a los términos que dicta la Agencia Tributaria, sin tener en cuenta los fallos en la información durante la campaña de renta.

Aunque Hacienda no ha hecho distinciones, no todos los emigrantes retornados están en la misma situación. Con la documentación en la mano, los más favorecidos son aquellos que trabajaron en Alemania. España mantuvo en vigor un convenio firmado en 1966 con el país germano, que establece que cualquier pensión pública derivada de un trabajo no tiene que ser declarada en otro país, ya que la vida laboral computa como una. El acuerdo fue derogado el 30 de junio de 2012 y abrió la puerta para que Hacienda cayera sobre este colectivo de pensionistas.

Los afectados por la actuación tributaria piden al ministro que respete la normativa alemana, aplique el convenio de 1966 y reconozca que más del 50% de los jubilados emigrantes están exentos de por vida de declarar la pensión obtenida gracias a su trabajo. “Si estamos en Europa es para todo”, dice Burgo.

Para el resto de los casos, que no están dentro del convenio alemán, esperan conseguir que Montoro acepte dar ese plazo sin multas ni recargos, “para que se pongan al día. Las cantidades que exige Hacienda están fuera del alcance de la mayoría y hay personas que no pueden pagar, que tienen una edad muy avanzada, están enfermos o en residencias”. Galicia lo tiene todo preparado para acudir al Parlamento Europeo y el primer caso ya está en el contencioso-administrativo.

En Asturias, una representación de emigrantes retornados mantuvo, a principio de agosto, una reunión con el consejero de Presidencia del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez. Tras el encuentro, el político se comprometió a dar una rueda de prensa de apoyo a las reivindicaciones de los afectados por la actuación de Hacienda. La asociación de Pilar Burgo todavía espera esa respuesta pública. Los partidos de la derecha no se han interesado por este tema. PP y Foro miran hacia otro lado, “no se han preocupado”, reconoce Pilar Burgo.