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La nueva fiscalidad del Tribunal de Cuentas beneficia al Gobierno en su aportación a la dependencia

El Principado dice que incorpora recursos que no pertenecen a la Ley de Dependencia, que reflejan "un falso incremento"

Contabiliza a "personas potencialmente dependientes" y suma 60 millones de euros más a favor de la financiación estatal 

El ejecutivo autonómico presenta alegaciones al anteproyecto y exige "las mismas reglas del juego" para todas las administraciones públicas

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Canarias y Murcia, comunidades con mayor porcentaje de dependientes en lista de espera

El Gobierno de Asturias asegura que el aumento de financiación es ficticio

El nuevo sistema de fiscalidad del Tribunal de Cuentas para determinar la financiación en 2012 de las administraciones públicas a la dependencia beneficia al Gobierno de Mariano Rajoy, que pasa en el caso de Asturias de una aportación real de 26.350.000 euros, un 15 por ciento del total, a 86.450.000 euros, un 29,33 por ciento. Este aumento se debe a que utiliza un método distinto que “refleja un falso incremento de la aportación estatal”, dice Esther Díaz, consejera de Bienestar Social del Gobierno asturiano.

El Tribunal de Cuentas ha decidido introducir a “personas potencialmente dependientes” y sumar a este concepto 60 millones de euros más como financiación del Gobierno central, que no están computados en la financiación autonómica. La diferencia entre el sistema que se ha aplicado hasta ahora con la nueva propuesta eleva a 121 millones de euros el dinero destinado a este servicio, pero “es un aumento ficticio”, insiste la consejera.

En opinión de la representante del ejecutivo autonómico, el órgano fiscalizador “se sale del ámbito estipulado en la propia Ley de la Dependencia y mete como aportación estatal recursos adicionales para el sostenimiento del estado de bienestar, que no están destinados en exclusiva a la dependencia”. 

En septiembre de 2013, el Gobierno del Principado envió la justificación de financiación con los mismos baremos de años anteriores. Ahora, el Tribunal de Cuentas le remite un anteproyecto con un método distinto, con cantidades que difieren a las reales y “con un desequilibrio entre la aportación estatal y la autonómica”, dice, dejando a Asturias en un 70,67 por ciento cuando, según sus cálculos, destina un 85 por ciento.

Esta es una de las razones por las que el ejecutivo autonómico ha presentado alegaciones al anteproyecto del Informe de Fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la Ley de Dependencia. Asturias exige al Tribunal de Cuentas que aplique las mismas reglas del juego y unifique criterios.

“Si al Gobierno central se le computa como financiación a la dependencia las cantidades destinadas a personas potencialmente dependientes, también debe aplicar este criterio a la aportación de las comunidades autónomas”, señala Díaz.

Sobre la diferencia en los modelos de gestión entre las autonomías, que genera lista de espera dispares, porque unas reconocen el derecho y el disfrute a la prestación mientras que otras sólo el derecho, el Gobierno del Principado solicita al Tribunal de Cuentas que en su informe figuren las diferencias entre comunidades y el tiempo medio de espera en cada una de ellas.







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