El Gobierno asturiano deja que sean los ayuntamientos quienes prohíban el 'botellón'

Los ayuntamientos asturianos podrán regular la celebración del ‘botellón’. La nueva ley integral de Atención en Materia de Drogas del Gobierno del Principado prohíbe las macro concentraciones de bebidas de menores de 18 años en la calle, pero no intercede, sino que serán las administraciones locales las encargadas de autorizarlas o prohibirlas.

La fórmula elegida no convence a los hosteleros asturianos, que pedían la erradicación del ‘botellón’ y un mayor compromiso legislador por parte Ejecutivo autonómico. Tendrán que conformarse con que el Gobierno ha cedido a sus exigencias de mantener la barra libre en celebraciones privadas, pero cambio suprime las ‘happy hours’.

Para contentar a los hosteleros, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha anunciado que está en estudio la posibilidad de dar un distintivo especial a aquellos establecimientos que respeten un código ético de servicio responsable de alcohol.

El anteproyecto de ley, que cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara autonómica, ha dejado a algunos sectores, como los sidreros y cerveceros, insatisfechos, sobre todo porque no diferencia entre bebidas fermentadas y destiladas. Ni la sidra ni la cerveza “son drogas” y no apoyan el tratamiento que el Ejecutivo quiere dar a estas bebidas.

El representante de los sidreros, Miguel Hevia, resalta el contrasentido del Gobierno que por un lado trata a la sidra como una droga y por otro permite la visita de escolares a lagares; apoya la candidatura de la sidra como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO; construye el Museo de la Sidra con fondos públicos y respalda la celebración de festivales de la sidra por toda la geografía asturiana. Lo mismo ocurre con la cerveza.

Los productores de sidra y de cerveza plantean la necesidad de diferenciar entre las bebidas de baja y alta graduación, como hacen otras Comunidades Autónomas. De momento, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, no está por la labor y se mantiene en la tesis de que “no se trata de unas bebidas o de otras. El problema es el consumo de alcohol, su presencia en la sangre, que es lo que determina los accidentes de tráfico”.

También las gasolineras ponen reparos al anteproyecto de ley. La prohibición de vender alcohol supone un importante quebranto económico, según el representante del sector, aunque se permite la venta de bebidas a los establecimientos hosteleros o comerciales ligados a las estaciones de servicio.

Durante su exposición pública, la futura norma ha recibido 179 alegaciones, la mayoría relacionadas con las nuevas limitaciones en materia de consumo de tabaco. El Gobierno no ha rectificado su intención de prohibir fumar en aquellos lugares, establecimientos y centros de trabajo que dispongan de “un retranqueo de fachada de más de un metro de profundidad”. El sector de la hostelería no comparte esta prohibición, que para el responsable autonómico sólo quiere evitar “que haya inspectores más tolerantes y otros más restrictivos”.

Faustino Blanco ha propuesto a todos “un gran pacto social que transcienda el ámbito parlamentario. Estamos ante un proyecto de ley ambicioso, que quiere regular con rigor una realidad social tan complicada como es la drogodependencia”, partiendo del conocimiento de las condiciones sociales, ambientales y culturales.

El alcoholismo es un problema en Asturias. Según los datos de Proyecto Hombre, el 57 por ciento de los toxicómanos que atiende, tiene problemas con el alcohol. La ley en Materia de Droga del Gobierno asturiano pretende ir más allá de las meras sanciones, que pueden alcanzar los 600.000 euros, y busca “reducir los riesgos y daños causados por las drogas a través de la prevención y promoción de la salud”, ya que se prevé una atención integral a los consumidores y la “incorporación efectiva a la sociedad de las personas afectadas”.