La reforma energética de Soria deja en el aire una inversión de 900 millones de euros en Asturias

La reforma eléctrica del ministro de Industria, José Manuel Soria, no sólo deja temblando a los consumidores con la subida del 3,2 por ciento en el recibo de agosto, sino que amenaza inversiones de 900 millones de euros y la creación de unos tres mil puestos de trabajo en Asturias. Por no hablar del recorte de ingresos que supone para los ayuntamientos que estén congeladas las concesiones para la instalación de parques eólicos y cuyo potencial energético (1.500 megavatios) está incluido en los programas del Gobierno del Principado.

Asturias cuenta con dieciocho parques eólicos en funcionamiento, uno en construcción y más de cincuenta proyectos en tramitación administrativa que están en el aire a la espera del cariz que tome el plan del Gobierno y del cambio en el modelo de incentivos a las energías renovables. Un modelo basado en ‘rentabilidad razonable’ pero todavía sin concretar que a día de hoy hace inviables las inversiones previstas en el Principado. El sector espera poco y da por hecho que se penalizará a las energías renovables.

En medio de este panorama desolador, Javier Fernández-Font Pérez, un joven empresario gerente de una empresa de placas solares, militante del PP y en su día presidente de Nuevas Generaciones de Avilés, ha iniciado una atractiva campaña en Internet para pedir al Ejecutivo de Mariano Rajoy y, en particular, al ministro Soria que no grave con más impuestos el consumo de energías renovables. En poco menos de un mes ha logrado más de 1.500 adhesiones y comentarios en la red, como el de Iván Fernández, que opina que “estas pequeñas empresas y particulares se verán una vez más en la ruina por la codicia de las grandes eléctricas”.

La tesis de Fernández-Font es que el ministro Soria está infligiendo un ataque al consumo eléctrico de todos los españoles y, para argumentarla, compara las renovables con el autocultivo de tomates. Su argumento parte del instante en el que un ciudadano decide cultivar tomates en la terraza, en el jardín o en su huerto. Lo hace porque no quiere ir al supermercado y no quiere gastar gasolina. También porque sabe que es agricultura ecológica y, por tanto, no contamina.

Cuando llega el momento de dar un bocado a uno de esos tomates, aparece en la puerta de la casa el ministro de Industria y dice que “por cada tomate de tu maceta que te comas, le tienes que pagar un euro como peaje de respaldo”. El argumento de Soria es que el Gobierno ha creado una red de controles sanitarios que, aunque no los utilices porque los tomates están sanísimos, la tienes que pagar; ha construido una red de carreteras y rotondas para ir al supermercado que no vas a usar, pero las tienes que pagar.

La explicación gubernamental contempla la repercusión negativa que esos tomates tendrán en las ventas de los grandes supermercados, “que me están presionando a mí, para que te prohíba plantarlos a ti. Pero como no lo puedo hacer, tus tomates serán carísimos porque te gravo con un nuevo impuesto”.

Los tomates son las energías renovables y los supermercados las eléctricas, que “no han influido para nada en el impuesto a tus tomates”. El mensaje de Fernández-Font en la red reza: “No permitas que a la vuelta del verano el Gobierno, llevado de la mano de las principales compañías eléctricas de este país, pueda perpetrar este golpe a todos los españoles”.

El senador de Izquierda Unida por Asturias, Jesús Iglesias, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de “ofrecer un trato de favor a las grandes productoras eléctricas” y de que el nuevo paquete de medidas tiene como objetivo mantener el margen de beneficio de un sector con “ganancias escandalosas”.

Así, el senador ha exigido una auditoría para conocer al detalle los costes de producción y determinar el déficit tarifario, ya que los supuestos 28.000 millones de euros que adeuda el Estado a las eléctricas es, para Iglesias, “una cantidad que no tiene justificación y un misterio de difícil comprensión”.

El Gobierno de Asturias asegura que seguirá luchando por la creación de redes eléctricas dentro del ámbito europeo, con el fin de crear una verdadera integración de los mercados energéticos de Europa en vistas a reforzar la competitividad de la siderurgia y de otros sectores industriales.